Agujeros relevantes
En un intento por sentar responsabilidades sobre la formación del enorme faltante por ¢600.000 millones en el presupuesto ordinario del Gobierno, para este 2018 –monto necesario para pagar vencimientos y amortizaciones de la deuda pública, no contemplados–, los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público se dieron cuatro gustos increpando a cuanto funcionario y exfuncionario pudieron.
En los meses de agosto y setiembre pasados, desfilaron por la Asamblea Legislativa la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; su antecesor, Helio Fallas, además de especialistas versados en la gestión de la deuda pública, y hasta el expresidente Luis Guillermo Solís, quien compareció ante esa instancia, el jueves 20 de setiembre, para negar el ocultamiento deliberado, con fines político-electorales, del desfase financiero.
Junto con el interés auténtico de tratar de dilucidar posibles intereses políticos en el manejo de la información sobre el sorpresivo “hueco” en el plan de gastos, existe una línea poco explorada a raíz de esta coyuntura, relativa al cumplimiento de las leyes sobre el suministro de información que brinda Hacienda al mercado de valores.
En concreto, cabe preguntarse si los apuros presupuestarios del Ministerio de Hacienda, el mayor emisor de valores en Costa Rica, no resultan materia de sumo interés como para divulgarse oportunamente al mercado (inversionistas, puestos de bolsa, fondos de inversión y de pensión), por medio de un comunicado de hecho relevante; o revelarse durante la presentación del plan de endeudamiento que hace el Ministerio, todos los años, desde hace mucho tiempo, al inicio de cada semestre (por ejemplo, 23 de febrero y 23 de agosto, en el 2018).
Sobre el primero de los mecanismos, la Ley Reguladora del Mercado de Valores, establece que: “los emisores de valores deberán informar al público, en el menor plazo posible según lo establezca, vía reglamento, la Superintendencia (de Valores), de la existencia de factores, hechos o decisiones que puedan influir, de modo sensible, en el precio de sus valores”.
Esta responsabilidad está definida, también, en el reglamento sobre hechos relevantes, y en acuerdos de la Superintendencia General de Valores.
Como cualquier otro emisor, Hacienda debería tener la misma obligación de comunicar de inmediato, cambios significativos en su planificación financiera, para que el mercado actúe con información completa.