Policía logra desalojo pacífico de precaristas
La Policía desalojó de manera pacífica a los precaristas que invadieron una franja de terreno ubicada a las orillas de la punta norte, la primera de tres secciones que componen la nueva ruta a San Carlos.
La intervención de las autoridades ocurrió este martes al mediodía, dos días después de que se detectara que varias personas levantaron ranchos con láminas de cinc y plásticos negros en el lugar.
Para garantizar que no regresen, una retroexcavadora, contratada por la empresa que diseñó y subcontrató el proyecto vial, derribó las cuatro estructuras que se levantaron en el sitio.
Karen Rivera, una de las personas desalojadas, dijo que respetan la decisión, aunque les perjudique. Agregó que la medida los obliga a refugiarse debajo de un puente situado a 150 metros del punto del desalojo y urgió al Gobierno para que les brinde ayuda.
La invasión del terreno ocurrió el domingo pasado, un día después de que fuera inaugurado el tramo de siete kilómetros entre Ciudad Quesada y Florencia.
El proyecto completo incluye un segundo tramo inconcluso, de 30 kilómetros, entre Sifón de San Ramón y la Abundancia de San Carlos; y la punta sur, que apenas tiene un prediseño entre San Ramón y la carretera Bernardo Soto.
Rápida acción. La expulsión de estas personas se concretó luego de una denuncia de la Asociación Pro-Carretera.
El desalojo lo fiscalizaron 12 policías de Fuerza Pública, mientras los trámites administrativos estuvieron a cargo de Fernando Arce, encargado del departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Arce explicó a los precaristas que “nunca debieron meterse en esa propiedad”, pues fue adquirida por el Estado mediante una expropiación con el fin de construir la punta norte de la carretera.
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Aumento. Según el jerarca, aún hay espacio suficiente para crecer entre lo que actualmente aportan los beneficiarios de los diferentes regímenes de Gobierno y lo establecido por los convenios internacionales, así como las resoluciones de los tribunales de justicia, según las cuales a las pensiones se les puede deducir hasta un 55%.
Mora explicó que, en promedio, las pensiones a su cargo tienen contribuciones del 42%, por lo que, efectivamente, se puede incrementar el aporte, máxime que los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional no tienen recursos propios.
“Si estamos en un 42%, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), eso nos puede dar un espacio para crecer más. Aunque no sabría el porcentaje. Si los convenios y los órganos encargados de interpretarlos nos dicen que el máximo es un 55%, por supuesto que podemos crecer más”, comentó el director.
A manera de ejemplo, mencionó que el billón de colones que el Gobierno destina por año a 14 regímenes con 65.000 beneficiarios serviría para pagar 180.000 pensiones de la CCSS. Las contribuciones a las que se refirió Mora suman cotización (que no se da en todos los casos), impuesto sobre la renta y contribución solidaria para los casos en que los montos de jubilación sobrepasan los topes fijados por ley. Específicamente, sobre la iniciativa de los socialcristianos para unificar los sistemas de pensiones costarricenses, Luis Paulino Mora hizo varios señalamientos, aunque ve con buenos ojos la iniciativa.
El jerarca comentó que con- Regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones sidera un escollo el traslado de los pensionados de los regímenes judicial y magisterial al de la Caja.
Además, explicó que quitar beneficiarios y, sobre todo, cotizantes a esos dos regímenes generaría, eventualmente, desequilibrios financieros.
“Evitar que lleguen nuevos cotizantes puede poner en peligro la sanidad en el largo plazo de los fondos.
”Si tenemos un régimen de Jupema, que se alimenta de los maestros, con una serie de beneficios declarados, a la larga ese régimen podría entrar en problemas contables y, a fin de cuentas, sería el Estado, con sus raquíticas finanzas, el que tendría que velar por eso”, dijo.
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