Juzgador ve pedido para demoler la represa
El Tribunal Contencioso-Administrativo acogió para estudio una demanda cuyo objetivo es lograr la demolición de la represa del proyecto hidroeléctrico Capulín San Pablo, propiedad de la empresa Hidrotárcoles.
En la resolución preliminar, emitida este 9 de octubre, el Tribunal brindó 30 días hábiles a la empresa privada para responder a la demanda del bufete Lazar Abogados.
Luis Alonso Salazar, de Lazar Abogados, explicó que la paralización del proyecto genera un alto riesgo en la zona para el ambiente y poblaciones aledañas.
Salazar es propietario de varios terrenos aledaños al embalse de la represa, los cuales –argumenta el jurista– están en riesgo por el abandono del proyecto y han empezado a inundarse.
“Somos víctimas indirectas en una situación que no formamos parte (...). La represa no está anclada y, si se desprende por una crecida del río, arderá Troya, hay muchísimo riesgo en la zona”, afirmó Luis Salazar.
Audiencias. En el proceso judicial, bajo el expediente 18006094-1027-CA-0, también se dio audiencia al Banco Nacional, el que financió la obra, y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) porque tuvo un contrato de compra de energía con Hidrotárcoles. También se le dio audiencia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Las tres instituciones públicas cuentan con tres días hábiles, una vez notificadas, para que se pronuncien sobre el caso, según la resolución del juez Fabián Núñez.
El ICE firmó un contrato con Hidrotárcoles, integrado por las firmas Sánchez Carvajal e Hidrobrujo, en el 2012, para la compra de energía del proyecto por desarrollarse.
En julio del 2015, ese Instituto inició el proceso para finiquitar el contrato por incumplimientos de la compañía Hidrotárcoles.
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