Empleados sacan al Gobierno hasta ¢70 millones con demandas
→Llueven reclamos en ministerios; solo Hacienda pagó ¢1.454 millones →Personal se aferra a norma que igualaba ajustes salariales con los de veterinarios
Exigiendo en tribunales que se les reconozca una fórmula de ajuste salarial que fue derogada en 1994, decenas de funcionarios y exfuncionarios han logrado que el Gobierno les pague hasta ¢67 millones.
Una lluvia de sentencias judiciales ha obligado al Poder Ejecutivo a pagar miles de millones de colones a profesionales cobijados bajo el régimen del Servicio Civil.
Se trata de empleados actuales y de funcionarios retirados de ministerios como Hacienda y de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En el caso del MOPT, los demandantes han recibido entre ¢30 millones y ¢50 millones, según su antigüedad laboral.
Solo en Hacienda, en los últimos dos años se pagaron ¢1.454 millones entre 47 personas, para un promedio de ¢31 millones por cada uno, según informó Dinia Víquez, directora administrativa.
Incluso, en dicha entidad se pagó la cifra récord de ¢67 millones a uno de los funcionarios.
Pero la cifra podría ser superior en otras instituciones como el MOPT, admitió Cristian Méndez, director de Recursos Humanos.
En esa cartera, cada sentencia en trámite puede involucrar hasta a 80 personas que reclaman, como mínimo, ¢30 millones por cada una.
Los pagos se realizan con los impuestos que ingresan al Gobierno Central.
¿Qué reclaman? Francisco Chang, subdirector general del Servicio Civil, explicó que el origen de estas millonarias indemnizaciones se remonta a un laudo arbitral de 1989.
En aquel año, un grupo de profesionales del MOPT inició y ganó un proceso de arbitraje contra el Estado para que les ajustara la base salarial.
En su resolución, el Tribunal Superior de Trabajo dio tres meses a la Dirección General de Servicio Civil para definir las bases salariales para los puestos profesional 1, 2 y 3; jefe profesional 1, 2 y 3; y de Director General “para ajustarlos a los dictámenes de la técnica, la realidad imperante, la equidad y la justicia”.
Debido a esto, ese mismo año la Dirección estableció, mediante la resolución número DG 078-89, que los profesionales del Gobierno recibirían un aumento salarial similar al de los médicos veterinarios.
Dicho ajuste no se le hizo exclusivamente a los profesionales del MOPT, sino que, para mantener la igualdad de condiciones, también se reconoció a todos los funcionarios del Gobierno Central en esos puestos.
¿Por qué se usó como referencia el sueldo de un veterinario? Según explicó Chang, en algunas instituciones, estos médicos tenían ventaja sobre sus superiores, aunque también fueran profesionales.
Indicó, además, que ese fue el caso en el que había mayor desigualdad salarial y que, por eso, se tomó como base para todos.
¿Por qué se dispararon los salarios en ese entonces? Esto obedece a que la remuneración de un veterinario era superior y porque su cálculo es distinto, sobre todo desde que se incorporaron a la Ley de Incentivos Médicos, la cual reconoce anualidades de 5,5% y ajustes salariales cada vez que a otros funcionarios de Servicio Civil le aumentan el sueldo (práctica conocida como enganche salarial).
Sin embargo, esta fórmula de cálculo quedó sin validez en mayo de 1994, luego de que la Sala IV declarara inconstitucionales los laudos arbitrales contemplados en el Código de Trabajo, como el que dio origen a la resolución de 1989.
Ante este hecho, el Servicio Civil emitió la resolución número DG 046-94, con lo cual los salarios de los profesionales volvieron a ser sujeto de los ajustes que se le aplican al resto de funcionarios del Gobierno Central.
El fallo, además, reconoció los “derechos adquiridos” de los profesionales que se habían beneficiado con la fórmula salarial definida en 1989.
Así las cosas, tales parámetros nunca más se volvieron a utilizar para ajustar los sueldos, tanto de los nuevos funcionarios como de los que ya estaban en aquella época.
Quienes sí recibieron el beneficio en algún momento, empezaron a presentar demandas contra el Estado y los efectos de esos litigios se comenzaron a reflejar a partir del 2010.
Amparados en la defensa de sus “derechos adquiridos”, este grupo no solo reclama los ingresos dejados de percibir desde 1994, sino que también exige una actualización de su base salarial y que la fórmula derogada se le siga aplicando.
Costosos efecto. En sus resoluciones, los jueces han determinado que a los profesionales que trabajaron en esa época para el Ejecutivo, se les debe reconocer la metodología fijada en 1989.
Las sentencias obligan al Gobierno a reconocer los aumentos que les dejó de hacer a estos funcionarios después de la derogatoria, más el impacto de ese salario base sobre las anualidades, la dedicación exclusiva, la carrera profesional, el incentivo de arraigo, el aguinaldo y el salario escolar.
La base salarial es la referencia para calcular los pluses, por lo que las diferencias salariales pueden ser más amplias.
Adicionalmente, los tribunales exigen al Ejecutivo ajustar las bases salariales de estas personas. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, un funcionario pasó de recibir ¢799.000 de salario base a ¢1.063.000, después de ganar una demanda.
Esa base se seguirá ampliando pues esas personas seguirán recibiendo aumentos según la fórmula aprobada en 1989.
Los reclamos provienen de todo el Gobierno Central. La Procuraduría General de la República no reveló, al cierre de este artículo, la cantidad de reclamos que hay en los juzgados, pero sí ha reconocido que hay cientos de casos.
Según datos de Servicio Civil, se han recibido 115 solicitudes de revalorización de puestos (casos en firme). Esa es la cantidad de funcionarios actuales a quienes se les ha indemnizado y se les ha aumentado el salario. Sin embargo, no se contemplan los casos de personas que ya no laboran dentro del Gobierno Central.
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