¡Que coman pasteles!

La Corte Plena perdió contacto con la realidad y se comporta con la misma ligereza atribuida a María Antonieta cuando, incapaz de ver la ira y el hambre arremolinadas a las puertas del palacio, sugirió alimentar a la muchedumbre con pasteles, a falta de pan. Muchos historiadores cuestionan la autenticidad de la frase, pero nadie discute su valor descriptivo de la más tragicómica indolencia.

En esa categoría caen las conclusiones del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando confunde las medidas de contención del gasto incorporadas al plan fiscal con una supuesta pretensión de resolver la pobreza a costa del Poder Judicial. El magistrado Fernando Cruz, habitante del planeta judicial, muy distante de Costa Rica, cuestionó por qué el problema de la pobreza nunca fue prioritario hasta ahora y dio a entender que se le utiliza como excusa para recortar los beneficios de la Corte.

Al planeta judicial no ha llegado la noticia de los grandes y constantes debates desarrollados en Costa Rica sobre el tema de la pobreza. Tampoco se han enterado los magistrados de que el nuestro está entre los países latinoamericanos más empeñados en erradicar el flagelo. No saben que el 20 % del producto interno bruto (PIB) se dedica al gasto social. Gracias a eso y al crecimiento económico, logramos reducir el índice de pobreza superior al 50 % causado por la crisis fiscal de los años 80.

Cierto, la quinta parte de la población sigue en la pobreza, pero los estudiosos, desde la Contraloría General de la República hasta el Estado de la Nación, coinciden en la suficiencia de los recursos para erradicar, al menos, la mayor parte del problema. La paradoja se debe, en buena medida, a la canalización de parte de ese gasto social hacia quienes no lo necesitan, incluida la “clase media” a la cual dice pertenecer el magistrado Cruz, con sus ingresos superiores a ¢7 millones.

En esa “clase media” hay estudiantes universitarios cuyos padres pagaron colegios privados, pero aportan sumas simbólicas a cambio de la educación superior, o los pensionados que no cotizan para sus jubilaciones de lujo, muy superiores a las de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sobre este último asunto, es justo reconocerlo, sí saben mucho los magistrados.

La quinta parte del PIB invertida en gasto social tampoco alcanza porque buena parte de los recursos se quedan en la voraz burocracia que los sectores políticos responsables pretenden moderar con proyectos como el plan fiscal. Nadie pide a la Corte resolver el problema de la pobreza. No podría hacerlo porque carece del conocimiento y hasta de la sensatez, pero es necesario que contribuya, con el resto del país, a impedir que se agrave.

En su nube, Cruz cree ser de clase media, cuando sus ingresos lo colocan en la cúspide de la pirámide, donde habita, quizá, el 1,5 % de la población. Ahí seguirá cuando se pensione, pero, según dice, tampoco se le puede exigir a la “clase media”, magistrados incluidos, resolver el problema de la pobreza. ¡Que coman pasteles!

La magistrada Julia Varela, desde una región igualmente distante del resto de la población nacional, explica las razones del alejamiento. “No podemos estar con la política del igualitico” porque las responsabilidades del sector público son superiores. “La clase trabajadora del sector público” es distinta y merece sus privilegios por razones de justicia. Al parecer, las responsabilidades de un chofer del Poder Judicial, por ejemplo, no pueden compararse con las de un simple autobusero cuya labor consiste en transportar decenas de miembros de esa otra “clase trabajadora”, la del sector privado.

Al planeta judicial no ha llegado noticia de que el crecimiento de la desigualdad en Costa Rica se debe, en buena parte, a las distorsiones creadas por los privilegios concedidos al sector público por el propio sector público que, ahora, también juzga desde un planeta distante sobre la conveniencia de mantener esos beneficios. El presidente de la Corte y otros diez magistrados se han perdido el debate. Al parecer, solo Román Solís, Iris Rojas y Jaime Robleto han estado poniendo atención.

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En su nube, el magistrado Fernando Cruz cree ser de la clase media, cuando sus ingresos lo colocan en la cúspide de la pirámide, donde habita, quizá, el 1,5% de la población

Según el magistrado presidente, ni el Poder Judicial ni la clase media a la cual dice pertenecer están a cargo de resolver el problema de la pobreza