‘Situación crítica hace insostenibles privilegios’ Tope permitiría ahorrar ¢52.000 millones al año, afirma jerarca
→ Alza en costo de esas jubilaciones va contra la ética, afirmó el presidente
Ante los magistrados de la Sala IV, el presidente Carlos Alvarado defendió el recorte a las pensiones de lujo decretado en el 2014 mediante la imposición de un tope de ¢2,6 millones.
El mandatario argumentó que “la situación crítica de las finanzas hace insostenibles estos privilegios”.
Este jueves, el tribunal constitucional celebró una audiencia para debatir el tope que el expresidente Luis Guillermo Solís y el exministro de Trabajo, Víctor Morales Mora (actual jefe de fracción de Acción Ciudadana), decretaron hace cuatro años.
Ellos recurrieron a una ley de 1998 para aplicar un límite equivalente a 10 salarios mínimos de la Administración Pública para todas las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional, entre las que había algunas de hasta ¢16 millones mensuales. El límite recaería sobre las pensiones de los regímenes de Gobierno y Asamblea, así como sobre el régimen Transitorio de Reparto del Magisterio.
A raíz del decreto del 2014, decenas de personas presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Sala IV con la intención de evitar el rebajo, y este quedó congelado desde agosto de ese año.
A esta audiencia para discutir el tema acudieron los recurrentes y los defensores de la medida. En este último grupo, estuvieron el presidente y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. R RECUADRO CON OTROS COMPARECIENTES
Alegato de Alvarado. “Me presento con una única finalidad: abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica respaldado en razones jurídicas, técnicas y éticas, en representación de miles de familias costarricenses que no aceptan la permanencia de pensiones de lujo mientras muchas familias tienen carencias.
”Es deber del Estado resguardar un sistema de seguridad justo y equitativo, acorde con las necesidades del Estado social de derecho, capaz de ofrecer calidad de vida a todas las personas retiradas, y no solo a algunas de ellas. La sostenibilidad de dicho sistema se logra en buena medida mediante la eliminación de beneficios y asignaciones desproporcionadas.
”Han pasado 20 años a la fecha desde que se emitió dicha ley y cuatro desde que se emitió la mencionada directriz, y esta medida, que es indispensable para el país, no ha llegado aún a ser aplicada de forma plena.
”Costa Rica está a la espera de esa decisión. Ello no solo permite lograr un ahorro significativo en el Estado, sino que corrige la correcta distribución de la riqueza. Las pensiones son para dar una vida digna a las personas en la edad adulta, no son para enriquecerlas.
”Las pensiones a las que se les ha puesto un tope seguirán aumentando, pero no de manera irrazonable ni desproporcional, sino por costo de vida”.
El gobernante añadió que el crecimiento actual del costo de las pensiones de lujo es “éticamente insostenible y económicamente ruinoso”.
“La situación crítica en que se encuentran las finanzas públicas hace insostenible la preservación de estos privilegios. Si bien hay distintos regímenes, la sociedad es una sola. Hay que recordar que este régimen coexiste con el de la CCSS, que tiene como tope ¢1,5 millones, y existe el Régimen de Pensiones No Contributivas, el principal programa de combate a la pobreza. Está en juego la confianza de la ciudadanía costarricense en sus instituciones”.
■ El director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, afirmó que el tope a las jubilaciones de lujo, que se debatió este jueves en la Sala IV, permitiría al país ahorrar unos ¢52.000 millones anuales, lo que equivale a un 12% de lo que se pretende recaudar con la reforma fiscal.
Así lo afirmó Mora durante la audiencia que el tribunal constitucional celebró para escuchar a los oponentes y a los defensores del decreto emitido en el 2014 para imponer un tope de ¢2,6 millones a las jubilaciones de lujo.
Sin embargo, el magistrado Fernando Castillo le cuestionó el origen del dato, pues aseguró que a él los cálculos le daban ¢6.000 millones. De hecho, le solicitó precisar la información, al tiempo que pidió ayuda de los técnicos del Poder Judicial en esta materia.
El límite recaería sobre las pensiones de los regímenes de Gobierno y Asamblea, así como el Transitorio de Reparto del Magisterio.
Empero, Mora precisó que imponer el techo de ¢2,6 millones permitiría ahorrar ¢52.000 millones aplicándolo a cinco regímenes.
El jefe de Pensiones añadió que el problema es que los sistemas son deficitarios; es decir, que no existen cotizaciones para respaldarlos. Se financian en un 8% con aportes y, en un 92%, con recursos provienen del Gobierno.
■