Caja y universidades demandan cambios en la reforma fiscal
→ UCR y UNA piden no incluir al INA ni a redes de cuido en el 8% para educación
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), rechazó que se le aplique la llamada regla fiscal propuesta en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en primer debate en el Congreso.
Mario Devandas, delegado del sector sindical en la Junta, indicó que “la regla fiscal no es de aplicación a los gastos de la entidad, por cuanto roza la autonomía que la Constitución le otorga a la institución”.
La Directiva le solicitará a los diputados incorporar este tema en consulta a la Sala IV.
La regla fiscal consiste en un mecanismo para contener o limitar las asignaciones a diferentes instituciones del Estado cuando haya un alto endeudamiento.
La misma norma se aplicaría a las transferencias que hace el Gobierno a las universidades públicas, que este jueves tuvieron una reacción similar a la de la CCSS.
Finanzas afectadas. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un comunicado en que se alega que la reforma fiscal contiene “normas que causarían un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria”.
Con ese argumento, ese órgano colegiado acordó solicitar a los legisladores no aprobar el plan en segundo debate “dados los vicios de inconstitucionalidad” que contiene.
“El proyecto actual grava actividades anteriormente exentas de las instituciones de educación superior estatal. Asimismo, otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales en contraposición con la Carta Magna y el espíritu del legislador constituyente”, agregó.
Por último, destacó que se eliminan recursos y se gravan actividades “fundamentales” para financiar procesos de regionalización, desarrollo institucional y otras sobre investigación y supervisión, por ejemplo las que se hacen en la red vial.
En caso de que se concrete un texto sustitutivo, pidieron considerar eliminar artículos que debilitan las finanzas universitarias, como el que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en el 8% del producto interno bruto destinado a educación.
Además, mantener la exoneración del impuesto del valor agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las universidades estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.
La UCR afirma que el proyecto tendrá impacto negativo en sus finanzas cuando hace poco trascendió que uno de cada dos pensionados de lujo provienen de las universidades públicas.
Al llamado de la UCR, se sumó la Universidad Nacional (UNA), la cual, en un documento enviado el 16 de octubre a la Asamblea Legislativa, dijo que las reformas salariales incluidas en el plan fiscal violentan su “independencia de gobierno”.
Para la UNA, los cambios a la Ley de Salarios de la Administración Pública no deben ser aplicados a las universidades estatales, pues “gozan independencia de gobierno”.
“Si bien esta medida a mediano plazo favorece la planificación presupuestaria, también impacta el crecimiento de las remuneraciones de los trabajadores”, dice el pronunciamiento sobre el capítulo del plan fiscal que limita el crecimiento de los pluses salariales, como dedicación exclusiva, prohibición y los pagos por anualidades.
Las autoridades de la UNA también afirmaron que hay violación al artículo 85 de la Constitución Política, el cual establece las rentas propias que el Estado debe asegurarles a las universidades estatales.
Dicha violación derivaría de la intención del proyecto fiscal de eliminar dos artículos de la ley 6450, el 3 y el 3 bis, pues dicha normativa establece el envío de montos específicos de la recaudación del impuesto sobre la renta a las universidades estatales y varias de sus sedes.
“Las rentas de ese fondo especial (Fondo Especial para la Educación Superior) no podrán ser abolidas ni disminuidas, si del PIB recibió el INA en el 2017; unos ¢136.453 millones Pedido de dar marcha atrás
“LOS INGRESOS DE LA CCSS NO DEPENDEN (SOLO) DEL PRESUPUESTO NACIONAL, ENTONCES, ES MUY EXTRAÑO SOMETER LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA CAJA A REGLAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. HAY OTROS TEMAS DE POR MEDIO, PERO
’ ’ ESTE ES FUNDAMEN TAL. Mario Devandas
Delegado sindical
Junta Directiva CCSS
“SI BIEN ESTA MEDIDA (CAMBIOS A LEY DE SALARIOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA), A MEDIANO PLAZO FAVORECE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, TAMBIÉN IMPACTA EL CRECIMIENTO DE LAS REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES (DE LA UNA).
’’ José Carlos Chinchilla
Presidente del
Consejo Universitario
UNA
no se crean simultáneamente otras mejoras que las sustituyan”, dice la norma citada.
“Para la UNA, en el 2019, dichas rentas ascienden a ¢2.225,9 millones, de los cuales ¢257,3 millones (11,54%) están destinados a la Sede Brunca e igual cantidad para la Sede Chorotega. De aprobarse el proyecto de ley 20.580, la UNA tendría ese faltante en el Presupuesto 2019 recién aprobado (...), enfatizó el documento remitido a la Asamblea Legislativa, donde aún está en trámite el plan de gastos para el próximo año enviado por el Gobierno.
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