Amnistía denuncia graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua
→‘Estrategia de represión’ se hizo con orden de Ortega y de Rosario Murillo →Gobierno de ese país dice que informe es ‘infundado’ y acusa sin pruebas
MADRID Y WASHINGTON. AFP Y APLas autoridades de Nicaragua “cometieron violaciones graves de derechos humanos” durante la llamada “operación limpieza” destinada a eliminar barricadas, denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe, al cumplirse seis meses de protestas reprimidas hasta con “fuerza letal”.
En muchas oportunidades, las violaciones de derechos humanos fueron cometidas “no solo con conocimiento de las más altas autoridades”, entre ellas del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sino bajo su “orden y control”, denunció la ONG de defensa de los derechos humanos en el documento, presentado en Madrid.
‘Operación limpieza’. Desde junio, el Gobierno nicaragüense “intensificó su estrategia de represión” contra las protestas, iniciadas el 18 de abril, durante la llamada “operación limpieza” lanzada para retomar el control de ciudades y carreteras en manos de los manifestantes.
En su segundo informe sobre la situación en el país, Amnistía enumeró “torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la Policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas”, así como seis “posibles ejecuciones extrajudiciales”, que constituyen delitos de derecho internacional.
La represión contra las protestas, inicialmente contra una reforma del seguro social, pero luego para exigir la renuncia de Ortega, han dejado hasta finales de agosto al menos 325 personas muertas, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 heridos, según Amnistía Internacional. Entre las personas fallecidas, 21 eran agentes.
“Hoy (ayer) se cumplen seis meses de represión continua en nuestro país y no le vemos salida, no sabemos hasta dónde va a llegar, cuándo va a terminar, cuándo podremos vivir en paz y empezar a reconstruir un país moralmente destruido”, dijo Vilma Núñez, una de las más destacadas activistas de derechos humanos en Nicaragua, quien participó en la presentación del informe.
Ortega, quien ha negado que la Policía y el Ejército hayan disparado contra civiles, acusa a los opositores de formar parte de un plan “golpista” financiado por Estados Unidos.
La embajadora nicaragüense en Francia, Ruth Tapia, afirmó que el informe de AI es “infundado”, hace acusaciones “sin pruebas” e “inventa” el número de muertos.
En Madrid, Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, pidió que “en vez de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, Daniel Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.
■ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este jueves a 325 el saldo de fallecidos durante los hechos de violencia que han ocurrido en Nicaragua desde el 18 de abril pasado. La CIDH reportó también un incremento de la represión durante las últimas semanas para disuadir las manifestaciones públicas. La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron “extrema preocupación” después de que, el mes pasado, la Policía Nacional de Nicaragua declaró ilegales las manifestaciones y responsabilizó penalmente a sus dirigentes.
El organismo también denunció el uso persistente de la detención para reprimir las protestas sociales.