En fuga exgerente de empresa ligado a presunta estafa a Caja
→ Fiscalía de Delitos Económicos presenta primera acusación por caso
El exgerente de la empresa Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda., quien firmó con la CCSS contratos supuestamente fraudulentos para la compra de insumos ortopédicos, está en fuga.
Se trata de un médico de apellidos Castaño Suárez, de nacionalidad cubana, sobre quien pesa una orden de captura internacional.
Así está consignado en la acusación que presentó la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros ante el Juzgado Penal de San José, el 13 de setiembre.
Al profesional, así como a un enfermero de apellidos Aguilar Alcócer, y a un especialista en Imagenología de apellidos Masís Arrieta, se les atribuye el delito de estafa en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por hechos ocurridos entre el 2009 y el 2013.
El caso corresponde a compra de insumos para el Hospital Max Peralta de Cartago.
Según la acusación, Aguilar se desempeñaba como el jefe de Ventas de Trauma en Synthes entre los citados años, responsable de revisar, verificar y gestionar el negocio de insumos médicos para ortopedia con el trámite de facturas en hospitales de la CCSS.
Masís era vendedor, según la acusación de la Fiscalía. Trabajó en esas funciones en Synthes del 2009 al 2013 y era encargado de vender los insumos ortopédicos en el Hospital Max Peralta.
A los tres, la Fiscalía les atribuye 47 supuestos delitos de estafa y 47 supuestos delitos de falsedad ideológica.
En total, el daño ocasionado por los hechos que se les atribuyen asciende a $38.441.
Hechos. La investigación se desencadenó en el Hospital Calderón Guardia en el 2011, cuando el jefe de Cirugía de ese centro de salud recibe una alerta por 1.022 facturas irregulares de insumos de Ortopedia, calculadas en $2,3 millones.
Según la información que ha trascendido desde entonces, en el Calderón Guardia se habrían utilizado los nombres de pacientes fallecidos y de otras especialidades distintas a Ortopedia para, aparentemente, simular las compras y tramitar los pagos. Este hallazgo llevó a descubrir otras situaciones similares en más hospitales de la Caja, entre ellos el de Cartago.
Entre los tres, según la acusación de Ministerio Público “(…) alteraron las facturas relacionadas con los insumos ortopédicos utilizados en los procedimientos de osteosíntesis”
“Facturaron insumos que nunca utilizaron, realizaron doble facturación en (el caso de) algunos pacientes y confeccionaron facturas de personas que no eran pacientes del Hospital Max Peralta”, cita la acusación.
Así, según la Fiscalía, “estamos en presencia de una acción engañosa por cuanto, teniendo como base o plataforma una serie de licitaciones públicas para la adquisición de insumos de osteosíntesis, los coimputados se basan en ellas para obtener un beneficio patrimonial antijurídico tanto para la empresa para la cual trabajan como para ellos mismos”.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, en el hospital cartaginés detectaron 47 casos en donde, entre otras cosas, los imputados incluyeron información supuestamente falsa en las facturas emitidas para cobrar a la Caja la compra de insumos ortopédicos como clavos, tornillos y placas usados en el tratamiento de fracturas.
Carolina González Roa, vocera de Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda., confirmó que los hechos que se investigan “no corresponden a una voluntad o instrucción corporativa”.
“Somos respetuosos de las instituciones costarricenses y hemos colaborado con el proceso de investigación y continuaremos haciéndolo.
”Los hechos que se investigan y que han llevado a la acusación son actuaciones de personas físicas, que fueron desconocidos por nosotros y no corresponden a una voluntad o instrucción corporativa.
”La empresa Lorwen, S.A. nunca ha sido ni es una empresa perteneciente a nuestro grupo de compañías”, dijo González en referencia al nombre que usó la firma de 1999 al 2008, cuando
pasó a llamarse Synthes.
En Lorwen S.A., según la acusación, Castaño Suárez fungió como presidente.
“La naturaleza de esta sociedad fue la comercialización de insumos ortopédicos y fue esta razón social con la cual la Caja inició una relación comercial mediante contratos de consignación
y licitaciones públicas”, aclara la acusación del Ministerio Público.
El abogado de la Dirección Jurídica de la Caja a cargo de este caso, William Rodríguez Alvarado, confirmó la presentación de una acción civil resarcitoria por más de $1 millón por el llamado ‘caso Synthes’.
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