Fondos de pensiones podrán elevar inversiones en Gobierno
→OPC tienen mitad de ¢6,3 billones de dinero de clientes en bonos de Hacienda →Flexibilización se da cuando hay un alza en el riesgo por el deterioro fiscal
Los fondos de pensiones complementarios podrán incrementar las inversiones que hacen –con el dinero de sus clientes– en bonos de deuda del Gobierno Central.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) abrió esa posibilidad para las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) este jueves 18 de octubre, con lo que podrían elevar sus inversiones en el sector público del 50% hasta el 80% de los recursos administrados.
La decisión se tomó en un momento de gran deterioro fiscal, lo que incrementa el riesgo de las inversiones en títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
Con esto se elimina la orden dictada por el mismo Consejo, en octubre del 2014, de reducir la alta concentración de fondos invertidos en bonos públicos. En ese momento se estableció bajar colocaciones hechas en Gobierno y Banco Central, de 64% del dinero administrado, a 50% para finales del 2019.
Con el cambio, es la quinta vez desde el 2006 que se modifican los límites a las inversiones de las OPC para poder colocar recursos en el Gobierno.
Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, recalcó que el tope de las inversiones hasta 80% no es solo para emisiones del Gobierno, sino que incluye las de entidades autónomas, municipalidades e instituciones financieras públicas.
Pese a su explicación, la realidad del mercado de valores local es que, del saldo de ¢6,3 billones de recursos administrados por las OPC, a setiembre anterior, ¢3 billones estaban en bonos de deuda de Hacienda, es decir el 47%, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La información incluye la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores al Régimen de Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el sistema voluntario de jubilaciones.
El incremento del tope de las inversiones en el sector público quedó establecido en el nuevo Reglamento de Gestión de Activos que fue enviado a consulta en junio anterior. Solo está pen- diente su publicación en el diario oficial La Gaceta para que empiece a regir.
Álvaro Ramos, jerarca de Supén, no respondió las consultas sobre este tema enviadas por La Nación el pasado 17 de octubre.
Riesgo fiscal. Para Mauricio Ávila, gerente general de Popular Pensiones, “un aumento de la concentración en ciertos títulos sería contradictorio” con la Ley de Protección al Trabajador, la cual dicta un equilibrio y seguridad en los recursos administrados por las operadoras.
El funcionario agregó que ellos no están previendo ajustes en la política de inversiones de la entidad y seguirán con el proceso de diversificación.
En el caso de Héctor Maggi, gerente de CCSS OPC, estimó que el aumento del límite de concentración por emisor de valores no es un riesgo para los afiliados, pues depende de cada entidad aplicarlo o no. Pero, luego aceptó que “lo que sí eleva el riesgo, bajo las condiciones actuales, es que una operadora opte por aumentar su concentración en títulos de Gobierno”.
Para Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena, la situación fiscal del Gobierno tiene un mayor impacto en las decisiones de inversiones que el establecimiento de límites por parte del Conassif y Supén.
También para Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, la flexibilización de los límites es una decisión del regulador y las operadoras solo se ajustan a la normativa. “Las operadoras no solicitamos elevar el límite. En el caso de BN Vital, se ha venido gestionando la gradualidad de los límites máximos en Gobierno y Banco Central”, recalcó.
El presidente del Conassif explicó que, ni Hacienda ni tampoco las operadoras, influyeron en el cambio reglamentario, que respondió a “lo cambiante de los mercados financieros y el entorno económico nacional e internacional”.
Por operadora. A setiembre pasado, Vida Plena (operadora del Magisterio Nacional) reportó la mayor concentración en inversiones de títulos de Hacienda con el 53,2% de los ¢691.812 millones administrados.
En el caso de BAC Pensiones, al mismo periodo, era el 52,2% del total de las cotizaciones de sus clientes, que ascendió a ¢739.276 millones, según datos de Supén.
Popular Pensiones es la que registra la mayor cantidad de recursos en títulos del Gobierno, con ¢1,1 billones, lo cual equivale al 48,5% de los ¢2,3 billones administrados.
La OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene el porcentaje más bajo de recursos colocados en Hacienda, con el 36% de los ¢314.473 millones gestionados.
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