La reforma fiscal aún no ha muerto

Los sindicatos no pueden cantar victoria, como lo hicieron luego de la votación de la Corte Plena, el martes pasado, pues la reforma fiscal todavía puede ser salvada.

La Sala Constitucional tiene la histórica misión de remediar el error cometido por sus compañeros y evitar que el país se vaya al despeñadero.

Jurídicamente, la Sala tiene dos caminos para resolver el problema: la primera opción, la más deseable y jurídicamente más sólida, consistiría en declarar que el proyecto 20.580 no tiene relación con “la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial” ni atenta contra la independencia judicial, y dictaminar que la consulta era innecesaria, por lo cual el acuerdo de la Corte Plena se constituye en una opinión más que no vincula a la Asamblea Legislativa. Esa sería la solución correcta. Sin embargo, me temo que, por respeto a sus compañeros, no se atreverá a tomarla.

La segunda, más viable desde el punto de vista político, pero, al mismo tiempo, también jurídicamente correcta, consistiría en que la Sala Constitucional dicte una sentencia interpretativa, indicando que el proyecto no requiere el voto afirmativo de al menos 38 votos, siempre que se eliminen de él las normas que “rozan la independencia judicial”.

De esa forma, el plenario, en aplicación del artículo 154 de su reglamento interno, puede enviar el proyecto por una sola vez a comisión para que se eliminen las normas que molestan a la Corte y el nuevo texto se someta a votación en primero y segundo debate.

En ambos casos, solo se requeriría la mayoría simple porque el concepto de la independencia del Poder Judicial que sustenta la Corte Plena quedaría incólume.

Otros magistrados.

Dado que la independencia judicial está de moda, y con el fin de garantizar uno de sus contenidos esenciales y el más visible de todos, como es la imparcialidad de los jueces, sería conveniente que ninguno de los magistrados titulares de la Sala Constitucional ni de los suplentes que trabajan para el Poder Judicial resuelva la consulta.

Como solo hay tres magistrados suplentes que no son empleados del Poder Judicial, se podría aplicar la regla contenida en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la cual cuando los suplentes también tengan causales de inhibición, la Asamblea Legislativa, a petición del respectivo tribunal, nombra altos jueces ad hoc para resolver el caso concreto. Es decir, la Asamblea nombraría cuatro para resolver la consulta junto con los tres que no trabajan para el Poder Judicial.

De esa forma se daría un ejemplo al país de que los asuntos que interesan al Poder Judicial son resueltos por jueces totalmente imparciales. Asimismo, la ciudadanía podría recobrar, en parte, la confianza perdida en el otrora poder más respetado del Gobierno.

También sería bueno cerciorarse de que los magistrados de la Sala Constitucional que voten la consulta tengan en su poder una versión de la Constitución a la que no se le haya suprimido el último párrafo del artículo 156 y tengan también acceso al acta 147 de la Asamblea Constituyente.

Al fin y al cabo, no podemos dejar de ser nostálgicos y recordar los tiempos de Fernando Baudrit, Ulises Odio y Fernando Coto.

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DECONOMISTA esde tiempos de los faraones se sabe que las economías suelen tener ciclos. Hay momentos cuando todo va muy bien, para luego caer en tiempos en que todo irá mal. De ahí la recomendación que hizo José al faraón, en el relato bíblico, de gastar con prudencia durante la época de vacas gordas para así tener algo guardado cuando vinieran las vacas flacas, de manera que el pueblo no muriera de hambre.

Costa Rica ha vivido, precisamente, una época de vacas gordas en los últimos años. Las bajas tasas de interés y los bajos precios del petróleo y de otras materias primas, que han imperado en la economía mundial, le han permitido al Estado tener acceso a financiamiento externo abundante y barato y, a la vez, generar un gran ahorro en divisas para importación.

Pero esa parte favorable del ciclo está llegando a su fin. Las tasas de interés empezaron a subir en Estados Unidos y se prevé que otros países pronto lo hagan también. Los precios del petróleo van al alza. Algunos analistas pronostican que, en poco tiempo, la economía global experimentará otra gran crisis.

¿Qué hemos hecho como país para prepararnos para las vacas flacas que se avecinan? La verdad es que no mucho. En términos de competitividad, se mantienen los mismos pendientes de hace años: infraestructura, educación, tramitomanía, condiciones para la innovación. El estancamiento en el índice global de competitividad lo evidencia.

Nuestras finanzas públicas son un desastre. En lugar de ahorrar durante los años buenos, sucesivos gobiernos se dedicaron a gastar mucho más allá de la capacidad productiva del país. El egreso del Gobierno Central, sin incluir intereses, ha pasado de representar un 13 % del producto interno bruto en el 2008 a más del 17 % este año. El gobierno está tan endeudado que cada día le cuesta más conseguir dinero para seguir gastando como antes.

El escenario pesimista de la economía mundial que nos golpeará nos encuentra mal preparados. Hace rato se advierte de la necesidad de hacer un ajuste, pero nadie quiere ceder ni un ápice de su posición privilegiada. Como si la cosa no fuera con ellos.

Los argumentos esgrimidos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, esta semana, dan pena. El rector de la Universidad Nacional no se le queda atrás.

Por no querer hacer los cambios a tiempo, creyendo que seguimos viviendo en época de vacas gordas, la economía se ajustará a la fuerza, solita. Todo a costa del pueblo.

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Cuánta nostalgia da recordar los tiempos de Fernando Baudrit, Ulises Odio y Fernando Coto