Recuerdos del 48

En este momento de crispación, con la Corte como triste protagonista, Fernando Cruz se pregunta si las intenciones de acabar con la seguridad social están vigentes.

En su perfil de Facebook, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, recuerda el relato de don José Figueres Ferrer sobre una propuesta recibida para erradicar las conquistas sociales de la década del 40. “Aún con el eco de los últimos disparos flotando en el aire, llegaron a visitarme a Cartago, representantes del periódico La Nación, es decir, de los intereses conservadores y reaccionarios del país”, escribió el estadista, figura cumbre del siglo XX.

La propuesta relatada era muy simple: si él accedía a eliminar las garantías sociales, el Código de Trabajo y el Seguro Social, recibiría apoyo para alzarse con la presidencia en lugar de entregársela a Otilio Ulate. Don Pepe rechazó la oferta, indignado. El jefe de la revolución triunfante entregó el poder y las armas, abolió el ejército y dedicó la vida a fortalecer y ampliar los avances sociales iniciados bajo Calderón Guardia. Solo un topo dejaría de celebrar aquellas decisiones.

En este momento de crispación nacional, con la Corte Suprema de Justicia como triste protagonista, el magistrado Cruz comparte la cita bibliográfica porque su lectura le suscita “inquietudes”. “¿Se mantendrán las mismas intenciones de los que le hicieron la propuesta a don Pepe?”, pregunta.

Es como si no hubieran transcurrido 70 años. Como si los personajes del relato siguieran vivos y nada hubiera cambiado en el país y sus instituciones. Quizá haya algún despistado incapaz de aquilatar la importancia de las garantías sociales, el Código de Trabajo, el Seguro Social y otros avances. Ese despistado no está en La Nación, cuya defensa de la seguridad social incluye denuncias de la corrupción interna, del abuso de recursos por parte de la burocracia y el rechazo a la onerosa privatización de servicios, como el de radioterapia.

Ojalá la súbita epifanía literaria del presidente de la Corte sea producto del casual hallazgo de la “cita bibliográfica precisa”, como deja entrever en su mensaje de Facebook y no un intento de demeritar la línea editorial de La Nación, la de hoy, no la de 1948, en relación con el plan fiscal y el uso de las facultades del Poder Judicial para defender los privilegios de su burocracia. Comparar las conquistas sociales de la década del 40 con los beneficios de la “clase media” a la cual dice pertenecer el presidente de la Corte sería, de entrada, muy cuestionable.

Por si acaso, conviene informar de que nadie en la redacción de este periódico había nacido o estaba por nacer en 1948. En la sala abundan los admiradores de don Pepe y no hay un solo opositor a las garantías sociales. Don Fernando puede repartir etiquetas como quiera, pero no tapar el solo con un dedo. El debate nacional de hoy no versa sobre el 48 y las conquistas de esa época. Versa sobre una burocracia desbocada, empeñada en defender sus privilegios con total indiferencia frente al destino del país, incluidos los sectores necesitados a quienes todavía les estamos debiendo la plena concreción de las garantías sociales. La fina inteligencia de don Pepe no dejó de advertir ese peligro ni de criticarlo con su reconocido humor, como aquella frase sobre la utilidad del IMAS, por él fundado, para sacar a sus funcionarios de la pobreza.

Una Corte Suprema de Justicia que sin empacho acepta el plan fiscal mientras no toque sus intereses debería encontrar otros argumentos —no la justicia social— para sostener sus precarias posiciones. Es como si invocara la solidaridad para combatir la propuesta de un sistema único de pensiones, defendido por La Nación y adversado por los beneficiarios del privilegio disfrutado en la Corte y otras instituciones. Es, también, como si propusiera el aumento de entre un 26 % y un 96 % a la clase gerencial del Poder Judicial, aprobado por los propios magistrados, como método modelo para combatir la desigualdad social. Es, además, como si el fin de las instituciones fuera la felicidad de sus funcionarios y no, como propone Ottón Solís, instrumentos ante cuya ineficacia solo cabe el cierre, eso sí, sin restar un cinco a la inversión social, con lo cual La Nación ha manifestado su acuerdo.

Si esa fuera la intención del magistrado Cruz, sería extraordinario constatar que los hechos del 48 y la actitud de los conservadores de la época asaltaran sus pensamientos a raíz del respaldo de este diario a una iniciativa del Partido Acción Ciudadana, aprobada con la inmensa mayoría de liberacionistas y socialcristianos, pero objetada por una docena de beneficiarios del statu quo, es decir, de un conveniente conservadurismo, actual, no pretérito.

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