Respuesta al presidente de la Corte
Para desautorizarnos, Fernando Cruz hace insinuaciones propias de la política más corriente.
Se ofendió, con justicia, cuando un diputado dijo que su reelección sería rechazada para enviar un mensaje a los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero le pareció bien mandar un mensaje a la Asamblea Legislativa, con idéntico menoscabo de la independencia de poderes. Con tal de enviar el recado, insistió en votar extemporáneamente sobre un proyecto de ley ya desechado. Cuando el “mensaje” llegó al Congreso, decía, en el fondo, “no se metan con nuestras remuneraciones”. El informe intentaba hacernos creer que la cantidad de años de cesantía, entre otros beneficios, es elemento indispensable de la independencia de los jueces. Luego, trascendió que su antecesor en la presidencia de la Corte había informado al Congreso todo lo contrario. El plan fiscal, dijo don Carlos Chinchilla, no afecta la independencia y organización del Poder Judicial en los términos previstos por la Constitución y examinados por la Sala IV.
Pero don Fernando Cruz pidió un nuevo informe. Esta vez no se le asignó a un magistrado, sino al director jurídico de la Corte Plena, con lo cual ninguno de los altos jueces se involucró personalmente. Las razones del cambio deben ser tan creíbles como la alegada motivación institucional del procedimiento descrito. En todo caso, el informe, redactado por un funcionario con interés en el resultado, lo aprobó la Corte Plena con pocas protestas, como las de los magistrados Rojas, Robleto y Solís.
Ahora, el magistrado Cruz hace un esfuerzo por convencernos de que no dijo lo que dijo en la sesión de la Corte Plena donde los altos jueces se exhibieron ante el país, con muy malos resultados. Además, nos desautoriza porque somos evasores fiscales, aunque eso lo dice solapadamente, con la disfuncional ironía practicada durante la sesión de la Corte Plena. Refiriéndose a La Nación, escribe: “No dudo que hará grandes sacrificios para pagar sus obligaciones impositivas y promover un aumento de la carga tributaria del país, que sigue siendo inferior al veinte por ciento del PIB. En los reproches de un diario tan influyente, recobro la esperanza, porque ahora me percato de que tiene una gran inquietud sobre la injusticia social que vivimos y que asumirá ese compromiso para solucionar los problemas de la mayoría”.
El estilo es consistente con los sinuosos caminos transitados para enviar mensajes al Poder Legislativo, un día redactados por un magistrado y otro por el director jurídico, pese a la preexistente carta de Chinchilla. Además, según la página de Facebook del magistrado, hace 70 años, personeros de La Nación visitaron a don Pepe Figueres para pedirle dar marcha atrás a las conquistas sociales de la década del 40. Esas circunstancias, queda insinuado, nos desautorizan para hablar de fiscalidad y de justicia social. Son recursos de la política más corriente y el público juzgará su consonancia con la dignidad del cargo ocupado por don Fernando, pero acusamos recibo y respondemos con brevedad para no desviarnos del propósito de demostrar otras falsedades de la nota publicada ayer por el presidente de la Corte en estas mismas páginas.
Hubo una disputa de diez años entre La Nación, como empresa, y Tributación Directa. Al final, la compañía decidió pagar una suma enorme. Pero La Nación practica la independencia de su sala de redacción. Periodistas y editores no participan de las decisiones comerciales y mucho menos de las financieras. Quienes escribimos en estas páginas no hemos sido cuestionados por ninguna irregularidad tributaria. Si el señor Cruz desea achacarnos responsabilidad, debe comenzar por aceptar la que le correspondería, con idéntico razonamiento, por los frecuentes actos de corrupción en el Poder Judicial. En cuanto a los sucesos de hace 70 años, basta decir que nadie en nuestra redacción había nacido o estaba siquiera por nacer, y todos, por unanimidad, comprendemos la importancia de las conquistas sociales de los 40 y las conseguidas después. Somos, además, sus beneficiarios. Por eso, las defendemos de la voraz burocracia representada tan señeramente por el magistrado Cruz y la magistrada Julia Varela, autora de la teoría de la “clase trabajadora del sector público”, mucho más responsable y eficiente.
No nos sentimos descalificados. Es una gran suerte, porque urge decir la verdad sobre la respuesta de don Fernando a nuestro editorial del 18 de octubre. Abajo, en negrita, están las afirmaciones del presidente de la Corte, seguidas de nuestra respuesta.
Primera: “Nunca presumí que el plan fiscal y de contención del gasto pretendiera resolver la pobreza, esa afirmación la hice a propósito de la intervención de una compañera que supuso ese enfoque. La magistrada Iris Rocío Rojas, en dos o tres ocasiones, señaló que las disminuciones al presupuesto de la Corte podrían resolver la pobreza”.
La afirmación es falsa por partida doble. Ni la magistrada dijo lo que se le atribuye ni el editorial atribuyó al presidente de la Corte haber afirmado que el plan fiscal pretende eliminar la pobreza.
El propio magistrado Cruz atribuye a su compañera la siguiente frase: “Mientras en este país haya pobreza extrema (…) no tengo ningún problema de que una persona rectora de las finanzas públicas determine si esos dineros se los va a dar a comedores escolares o ayudarles a las personas que están en extrema pobreza o si vamos a pagar defensores públicos o si vamos a comprar vehículos nuevos”. Entre esa afirmación y decir que “las disminuciones al presupuesto de la Corte podrían resolver la pobreza” hay un gran trecho.
Por su parte, nuestro editorial del 18 de octubre dice que el presidente de la Corte “confunde las medidas de contención del gasto incorporadas al plan fiscal con una supuesta pretensión de resolver la pobreza a costa del Poder Judicial”, no que presumiera que el plan fiscal pretende resolver la pobreza, porque de todos es conocido el propósito, puro y simple, de equilibrar las finanzas públicas hasta donde sea posible.
Pero el magistrado sí denunció en la Corte Plena la supuesta intención de resolver el problema de la pobreza a costa del Poder Judicial: “Y el tema de la pobreza. ¡Caramba!, sí, es muy importante, pero es ahora que viene aquí que la pobreza se convierte en una prioridad. No fue antes, ni ha sido antes, que este país tenga una inquietud señera sobre el tema de la pobreza. Entonces, ahora, el Poder Judicial debe resolver la pobreza”.
Ahora, visto el ridículo de la afirmación, el magistrado aclara en su respuesta: “Por supuesto que nadie pide al Poder Judicial que resuelva la pobreza, esa fue una expresión en el giro de una polémica en la Corte”.
Segunda: “Cuando mencioné la clase media, me refería al 90 % de los funcionarios judiciales, que ganan salarios que quizás los ubique en la clase media (…). Por mis ingresos, soy de un estrato elevado, pero dependo de un salario”.
Quien vea el video de la sesión, constatará, sin esfuerzo, que en realidad dijo: “¿Y la pobreza que no se ha resuelto? ¿O es que nosotros, clase media, vamos a resolver la pobreza del país?”.
Tercera: “En la materia de la estructura salarial, tampoco el proyecto exige ningún sacrificio porque no es aplicable a los funcionarios del Poder Judicial que integran la planilla actual (... ). Todos seguimos ganando lo mismo, en resguardo de los derechos adquiridos”.
Con esa frase, el magistrado intenta negar que el rechazo del plan fiscal por la Corte Plena beneficie en algo a sus integrantes. Cierto, seguirán ganando lo mismo. Ese es el problema. Los salarios de quienes hoy están en planilla no continuarán disparándose al ritmo de las anualidades vigentes y algunos quedarán congelados dos años. Las pensiones de lujo, entre ellas las exorbitantes jubilaciones de los magistrados, se reducirán por el pago de nuevos impuestos, lo cual, de todas formas, no convertirá a los altos jueces en clase media.
La respuesta procura confundir creando uno de esos equívocos que la Corte tanto parece disfrutar. Las remuneraciones seguirán igual por respeto a derechos adquiridos, lo cual no significa que se librarán de una afectación a corto plazo, sin contar los efectos del nuevo tramo del impuesto sobre la renta sobre tan jugosos salarios de la clase media.
El punto es clave porque el magistrado nos acusa, una y otra vez, de centrar la atención en cuestiones adjetivas y no en el supuesto asunto de fondo: la independencia del Poder Judicial. Precisamente, nuestro editorial desmiente que ese sea el tema de fondo. Tampoco parece creerlo el país, pero allá la Corte si disfruta de pasear desnuda. El problema de fondo son las remuneraciones. Basta con ver el tiempo dedicado a esa materia, supuestamente secundaria, durante las intervenciones en la Corte Plena de los magistrados Cruz y Varela. También vale la pena constatar cuánto espacio dedica a las remuneraciones y beneficios el informe del director jurídico.
Cuarta: “En perspectivas y diagnósticos sobre la pobreza y la equidad social, hay para todos los gustos. En el planeta de ‘Llorente’ ignoran opiniones muy respetables, como lo que nos refiere don Miguel Gutiérrez Saxe”.
Acto seguido, como hizo cuando citó a la magistrada Rojas, el presidente de la Corte se desmiente. Para demostrar que ignoramos opiniones como la de Miguel Gutiérrez Saxe, nuestro colaborador desde hace años, cita un artículo publicado precisamente en estas páginas el 13 de julio, donde el reconocido economista señala que la desigualdad aumentó en Costa Rica mientras disminuía en el resto de América Latina, cosa que este diario ha dicho en varias ocasiones, como en el editorial del 18 de noviembre del 2017.
Quinta: “El vocero del diario La Nación se ha perdido el debate, el que se produjo en la Corte, escogió dos afirmaciones aisladas que hice y así le ‘informa’ a sus lectores, que la consulta que resolvió la Corte Plena se refiere a la pobreza y a la clase media”.
La falsedad es obvia para quien haya seguido nuestra cobertura de las peripecias de la Corte para defender su presupuesto y sus remuneraciones. Hemos informado de todo, incluso desenmascaramos el procedimiento seguido para mandar recaditos al Congreso mucho antes de la aprobación del plan fiscal en primer debate. Tanto hemos informado, que quizá hayamos causado molestia en el Poder Judicial.
Nunca informamos que la consulta resuelta por la Corte Plena se refiriera a la pobreza y a la clase media. Por el contrario, se refiere, fundamentalmente, a los salarios y los beneficios, aunque también hemos informado de los disfraces que les han querido poner.
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