Legisladores consultan a Sala IV si reforma afecta la Corte
Los diputados que aprobaron el plan fiscal en primer debate le pidieron este jueves a la Sala IV que determine si el proyecto de ley riñe o no con la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Dicha consulta surgió en respuesta a los planteamientos que arguyó la Corte Plena el 16 de octubre, para oponerse a la iniciativa de ley.
Los firmantes forman parte de las bancadas de Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), y el independiente Erick Rodríguez.
En la petitoria, los legisladores solicitan a los magistrados aclarar si los cuatro argumentos que usó la Corte Plena para rechazar el plan fiscal tienen asidero en la Constitución Política. Estos puntos son:
–Que la rectoría del empleo público que el proyecto de ley deja en manos del Ministerio de Planificación afectaría la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
–Que la obligatoriedad de los lineamientos técnicos y metodológicos del Servicio Civil para con el Poder Judicial supedita a la Corte a la evaluación de otro poder de la República (el Ejecutivo).
–Que la aplicación de la regla fiscal (conjunto de normas para limitar el gasto público en condiciones financieras críticas) contiene una potencial afectación al presupuesto del Poder Judicial.
–Que limitar la creación de incentivos o compensaciones salariales a la aprobación de una ley, haría inaplicable para los nuevos ingresos del Poder Judicial una serie de medidas que han sido creadas por actos de carácter general interno de ese Poder.
Alegatos. Sobre la primera objeción de la Corte Plena a la reforma tributaria, los firmantes le expusieron a la Sala IV que la Constitución Política previó “un marco legal para todo el sector público del Estado en su totalidad” en materia laboral, que es el Estatuto del Servicio Civil, al cual, según ellos, está sujeta la Corte por mandato de la Carta Magna en su artículo 156.
Además, reiteraron a los magistrados constitucionales que no consideran que los contenidos del proyecto obliguen a su aprobación con no menos de 38 votos en el plenario del Congreso, “por no contener modificaciones directas a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial referidas a su función típica, exclusiva, sea la jurisdiccional y aquellas administrativas esenciales que dan soporte a su función primaria”.
El jefe de fracción del PLN, Carlos Ricardo Benavides, dijo que el sentido de la consulta de constitucionalidad reviste mucha importancia, pues intenta que se aclare si el proyecto se puede aprobar en segundo debate con la mitad más uno de los votos de los diputados presentes, o si requiere de una mayoría de al menos 38 legisladores para su aval definitivo, ante la oposición de la Corte Plena.
Ayer, el diputado Wálter Muñoz, de Integración Nacional, logró juntar 10 firmas para realizar otra consulta facultativa a la Sala IV, relacionada con el procedimiento utilizado en el trámite del plan. Días naturales que tiene la Sala IV para resolver las consultas