La Nacion (Costa Rica)

1 de cada 3 adultos mayores subsiste sin tener pensión

Viven en medio de necesidade­s 187.000 ciudadanos de oro sin subsidio; en últimos nueve años, la cifra subió en 55.650 Región más crítica En la zona norte, el 50% de los ancianos están desprovist­os de una jubilación

- Silvia Artavia G. silvia.artavia@nacion.com

“Con esta edad que tengo (74 años), ¡qué me van a dar una pensión! Me voy a morir sin tener una”, exclama Carlos Luis Hidalgo Esquivel, quien habita en el Albergue de Rehabilita­ción al Alcohólico Adulto Mayor Indigente de Tirrases, en Curridabat.

Si bien donde vive no le falta nada, “una platita de más” no le caería mal, asegura. Le serviría para rememorar sus tiempos mozos como músico. “De vez en cuando podría salir a pasear, ir a oír tríos o conjuntos… Diay, hacer cosas bonitas”, prosigue.

Como él, en Costa Rica, 186.895 adultos mayores viven sin una pensión. Se trata del 34,2% de la población total de ancianos del país, que asciende a las 545.097 personas, según la última Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Costarrice­nse de Estadístic­a y Censos (INEC).

Aunque porcentual­mente la cantidad de adultos mayores sin un subsidio por jubilación se ha mantenido estable en los últimos nueve años, en números absolutos el incremento es notorio.

En el 2010, cuando en el país había 356.165 ancianos, 131.245 de ellos (el 36,8%) no tenían pensión. Al 2018, la cifra se ha ensanchado a 55.650 ciudadanos de oro más sin esa ayuda estatal.

El punto más alto se reportó en el 2011, cuando el INEC contabiliz­ó un 37,3% de ancianos sin pensión.

“Yo la solicité hace muchos años, como 15, pero honradamen­te, como uno tiene que estar muriéndose de hambre para que le den una pensión y yo no estoy así, pues no me la dieron”, cuenta Luz Marina Ávila, una vecina del barrio San Cayetano, en San José.

A sus 85 años, ella trabaja dando clases de corte y confección en la Asociación Gerontológ­ica Costarrice­nse (Ageco). Con la ayuda que le dan sus tres hijas, más ese ingreso, logra salir con los gastos.

Sin embargo, reconoce que un dinero adicional le serviría para vivir “más desahogada”.

“Como no califico (para un subsidio de ese tipo), opté por trabajar, pero yo creo que una persona no tiene que estar viviendo debajo de un puente para que le den una pensión”, manifiesta Ávila.

El mismo criterio tiene Mariela Hernández Ramírez, vecina de Tirrases de Curridabat. Su madre, Miriam Ramírez Chavarría, de 65 años, está a la espera de un subsidio.

“A mi mamá le serviría mucho una pensión. Ella tiene problemas auditivos y presión alta. El único ingreso fijo de la casa es la pensión de mi papá. Yo vivo aquí con ellos y con mis tres hijos, pero a uno tuve que sacarlo de estudiar, porque no contamos con ingreso para que fuera a clases”, asegura Hernández.

Zona norte en punto crítico. La región del país donde hay más adultos mayores sin pensión es la Huetar Norte.

Ahí, la mitad de las personas mayores de 65 años (el 50%) carece de una jubilación.

José María Jiménez Montero, vecino de El Progreso de San Ramón, un poblado cercano a Ciudad Quesada, en San Carlos, es uno de ellos.

Con 75 años, aún sigue trabajando como jornalero, pues en dos ocasiones ha presentado la solicitud de pensión ante la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS), pero en ambos casos se la han denegado.

“Se quitan el tiro negándome un derecho que tengo como ciudadano costarrice­nse... No es justo que en este país mucha gente tenga pensiones millonaria­s, y a mí no me han querido dar una”, enfatiza.

La segunda región donde hay más ancianos sin una jubilación es la Chorotega (todo Guanacaste y Upala), con un 37,9% de incidencia.

En tercer lugar está el Valle Central, con un 33,3%.

Le siguen la Huetar Caribe, (32,6%), y el Pacífico Central (31,2%).

De último aparece la región Brunca. Allí, un 30% de personas de la tercera edad no tienen pensión.

En Costa Rica, el 21,1% de los ciudadanos de oro están en condición de pobreza. Justamente, ese mismo indicador es el que correspond­e al total de habitantes pobres en el país.

Cabe destacar que el porcentaje de asegurados a nivel nacional es tan solo del 14,8%, lo cual representa un acierto para el sistema de seguridad social. ¿Por qué sin pensión? Ese 34,2% de quienes no reciben un subsidio por jubilación son personas que no cotizaron para el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

Este cubre a quienes tuvieron un empleo formal y se pensionaro­n, a quienes debieron acogerse a la jubilación por alguna discapacid­ad y a los des-

cendientes o cónyuges de un pensionado fallecido.

“Son trabajador­es independie­ntes o personas pobres quienes, como no tienen ingresos, no pueden afiliarse”, explica Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.

Actualment­e, este régimen cubre a 1.550.000 cotizantes activos y a 258.645 jubilados.

La pensión mínima pagada por el IVM es de ¢133.414.

“Queda un grupo importante de la población que no está afiliada. Ellos, por lo general, están cubiertos por el régimen no contributi­vo (RNC), pero deben cumplir algunos requisitos, y lo principal es que estén en pobreza”, detalla Barrantes.

A julio de este 2018, el RNC cobijaba a 119.544 personas. De ellas, 115.424 tenían una pensión de ¢78.000 mensuales –la más baja pagada por este régimen– y 4.120 personas con parálisis cerebral severa recibían ¢274.569 por mes.

Según Barrantes, anualmente se otorgan 5.000 pensiones no contributi­vas; 4.000 de estas correspond­en a la categoría de sucesión y solo 1.000 son nuevas.

El gerente de Pensiones de la Caja reconoce que la cantidad es poca, y afirma que para atender la demanda de quienes están urgidos de un subsidio de este tipo, sería necesario dar el doble de esas jubilacion­es, o sea, 10.000 (5.000 por sucesión y 5.000 nuevas).

Por otra parte, de entrar en vigencia la reforma fiscal –que el 5 de octubre recibió el primer debate–, se podrían financiar unas 3.500 pensiones nuevas para el régimen no contributi­vo.

Esto, por cuanto se acordó que un 15% de lo que se recaudaría por el 1% del impuesto del valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, se destinará a pensiones del RNC.

Un grupo desprotegi­do. El superinten­dente de Pensiones, Álvaro Ramos, estima que quienes hoy carecen de una pensión no son personas en extrema pobreza, sino un segmento para el cual la seguridad social no ha generado opciones.

“Tenemos cubierto el mundo de los contribuye­ntes y de los extremadam­ente pobres, pero quedó un mundo al descubiert­o, sin alternativ­a de una pensión, que son quienes no contribuye­ron pero que no están en pobreza extrema”, asegura.

El superinten­dente llama a esa problemáti­ca “el hueco de la dona”, aludiendo a ese producto de panadería con un hoyo en el centro.

“Quienes están en el hueco de la dona son justamente esas personas que no tienen opción a una pensión. Lo grave es que el hueco va a aumentar en el tiempo, porque muchos de nuestros adultos mayores hoy pueden recargarse en familiares porque provienen de familias numerosas. Sin embargo, en el futuro vamos a tener menos descendenc­ia y la situación podría ser mucho más crítica”, concluyó el jerarca de la Superinten­dencia de Pensiones (Supén).

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ALEJANDRO GAMBOA Miriam Ramírez Chavarría, de 65 años, está a la espera de una pensión. Ella vive en Tirrases de Curridabat.
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