43% de fondos para área rural se usa en obras
→Dinero financia puentes, caminos, escuelas, agua y centros de salud →La compra de tierras no es ahora prioridad para desarrollar zonas
Un 43% de los ¢54.000 millones invertidos por el Gobierno en los territorios rurales de Costa Rica, entre el 2014 y el 2017, se dedicó a infraestructura, mientras que el 22% se usó en “proyectos articulados”, es decir, realizados en coordinación con otras instituciones, según un informe solicitado al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), entidad encargada por ley de concretar ese nuevo sistema de desarrollo en el país.
Según tales cifras, en esos cuatro años se emplearon ¢21.914 millones en obras de infraestructura, ¢11.062 millones en “proyectos articulados”, ¢9.737 millones en adquisición de tierras, ¢5.942 millones para el fomento a la producción y ¢1.772 millones en financiamiento.
Entre las obras de infraestructura que mencionó la entidad se encuentran puentes, caminos, centros de valor agregado (pequeñas plantas industriales), escuelas, acueductos y centros de salud.
Las inversiones en esos territorios (29 en total, con el de Moravia-Goicoechea-Coronado, que se agregó este 9 de octubre), subieron de un total de ¢6.272 millones en el 2014 a ¢15.255 millones en el 2017.
El Inder dijo que para este 2018 se presupuestaron ¢21.683 millones para invertir en dichos territorios, aunque todavía no se sabe ni cuánto se ejecutó ni en cuáles áreas.
La Ley 9.036, Creación del Instituto de Desarrollo Rural, ordenó a esta entidad establecer en Costa Rica ese tipo de territorios, los cuales reúnen cantones o incluso distritos por afinidad económica, intercambio comercial y cultural tradicional y por características geográficas. Esto, aparte de la división por regiones.
Esa legislación que transformó al anterior Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Inder, se publicó en La Gaceta, el 29 de mayo del 2012.
Antecedente. La composición de los territorios rurales se terminó el 28 de julio del 2016, con un total de 28, pero habitantes de Moravia-Coronado-Goicoechea solicitaron el suyo, cumplieron con los requisitos y se debió agregar este mes de octubre.
A partir del cambio en el concepto, con un énfasis en la territorialidad –modelo aplicado en países desarrollados–, arreciaron las críticas acerca de la repetición de esfuerzos con las municipalidades, otros ministerios y entidades públicas.
Empero, el actual presidente del Inder, Harys Regidor, comentó que eso se evita, precisamente, con el traslado de la propuesta de obras y planes de desarrollo a manos de cada territorio y con los requisitos en donde se identifica cuáles propuestas tienen impacto en desarrollo productivo y cuáles en desarrollo cantonal y comunal.
Los recursos que se invierten en los territorios provienen del presupuesto del Inder, el cual se financia con impuestos específicos. Por ejemplo, para el 2017 esta entidad recibió ¢34.176 millones procedentes de impuestos a las bebidas gaseosas (¢8.507 millones), cerveza (¢3.728 millones), licores (¢1.648 millones), cigarrillos (¢1.352 millones) y vinos (¢197 millones). El ingreso mayor es por un timbre a toda transacción de tierra en Costa Rica, lo cual, el año pasado, deparó ¢18.743 millones.
El representante de la oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para Costa Rica, Miguel Ángel Arvelo, calificó como muy avanzada la ley que creó el Inder y destacó que se pasó a tener como sujeto del desarrollo rural a un poblador rural territorial en lugar de un beneficiario de la reforma agraria.
Agregó que una de las grandes limitantes para un país como Costa Rica, según los estudios, es la concentración y la poca descentralización. En ese contexto, detalló, la participación de las organizaciones y ciudadanos en los territorios es importante para que la toma de decisiones se haga desde allá.
El sistema logra, dijo Arvelo, que la gente escoja y priorice su plan de desarrollo y defina la inversión de los fondos.
■