Despachos judiciales en mal estado corren riesgo de cierre
→ Salud emitió 11 órdenes sanitarias que obligan a reparar goteras e instalaciones eléctricas
Goteras, puertas angostas, incumplimiento del código eléctrico y hacinamiento son algunas de las deficiencias que presentan 24 despachos judiciales en los cantones de Quepos, Parrita, Cañas, Sarapiquí y Siquirres.
El dato lo brindó, este lunes, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, en un informe entregado a la Corte Plena.
La funcionaria explicó que la situación es complicada porque existen 11 órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, las cuales los obligan a efectuar las reparaciones con urgencia o se podría ordenar el cierre de los inmuebles y, en consecuencia, la suspensión del servicio.
Recordó que en febrero, el Ministerio de Salud clausuró temporalmente el Juzgado de Trabajo, en San José, luego de que 66 de los 97 funcionarios que ahí laboran enfermaran de diarrea tras tomar, aparentemente, agua contaminada con materia fecal.
Ante la situación, Romero solicitó a los magistrados la autorización para variar el plan de construcciones previsto para los años 2018 y 2019, con el fin de dar prioridad al levantamiento de obras en las citadas localidades y postergar otras obras previstas en Heredia y Cartago. La gestión fue acogida por la Corte Plena.
Las construcciones que se harán están incluidas en un cronograma hecho por el Poder Judicial desde el 2016, cuando se creó un fideicomiso inmobiliario con el Banco de Costa Rica (BCR).
De acuerdo con un estudio hecho en el 2017, el Poder Judicial tiene un déficit de 77.000 metros², lo que lo obliga a buscar locales de alquiler. Se estima que tiene 185 contratos de arrendamiento.
Casos urgentes. La directora ejecutiva del Poder Judicial dijo que, por ejemplo, en Quepos tienen alquilados seis locales, que en total albergan 13 despachos judiciales.
Señaló que cuatro inmuebles tienen órdenes sanitarias y están propensos a inundaciones. En esos edificios están la Fiscalía, Trabajo Social, Medicatura Forense, Juzgado Penal, Tribunal Penal, Juzgado Civil y Mixto, Defensa Pública, Juzgado Contravencional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). “La oferta de locales en la zona es muy escasa. A la fecha, se han invertido por concepto de mantenimiento ¢49 millones del 2015 al 2017, y se está pagando por alquiler ¢154 millones al año”, precisó.
En Cañas se están alquilando siete locales para 10 oficinas (¢146 millones anuales) que en su mayoría están en condiciones no óptimas para el desempeño de las labores, manifestó.
Sobre Sarapiquí, Romero explicó que rentan cinco inmuebles para siete despachos, los cuales poseen espacio insuficiente, tienen humedad e incumplen el código eléctrico. En este cantón se pagan ¢145 millones al año de alquiler.
Finalmente, en Siquirres tienen órdenes sanitarias para realizar mejoras en los locales del Juzgado de Pensiones Alimentarias, Juzgado Contravencional y la subdelegación del OIJ. “Ahí se está tomando en arriendo un nuevo local para trasladar los juzgados de Pensiones y el Contravencional. Eso, después de muchas licitaciones fallidas”, dijo Romero. Allí pagan ¢78 millones anuales por alquileres. En todos estos cantones, el Poder Judicial cuenta con terrenos propios en los cuales, con la modificación aprobada por los magistrados, se podrá empezar a construir.
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