UCR invoca ‘autonomía’ para gastar su superávit
Rector molesto porque Contraloría le condicionó uso de ¢33.000 millones
La Universidad de Costa Rica (UCR) reclama tener “autonomía especial” y “autonomía económica” para manejar su millonario superávit.
Su alegato fue planteado en un escrito que el rector de esa casa de enseñanza superior Henning Jensen, envió a la Contraloría General de la República (CGR) en agosto, luego de conocer la resolución de ese órgano en la que aprobaba su segundo presupuesto extraordinario de este año, pero con algunas instrucciones.
En el documento quedó evidenciada la molestia del jerarca por lo que califica de “imposición” de la Contraloría sobre la administración de sus recursos, que considera son parte del “patrimonio universitario” y de “exclusiva administración” de la UCR.
Específicamente, las divergencias surgieron porque la Universidad pretendía utilizar el superávit (exceso de ingresos sobre los gastos realizados) en cierto de tipo de gastos, que, según la Contraloría, no estarían permitidos.
“No compete a las leyes ni a las directrices regular las funciones, ni el gobierno, ni la organización, ni la contratación, ni el patrimonio, ni la financiación de las Universidades públicas porque todo esto es competencia propia –exclusiva y excluyente– de estas instituciones otorgada directamente por la Constitución Política”, alegó Jensen en el oficio remitido a la Contraloría.
La UCR solicitó recursos que tenía bajo la clasificación de superávit específico y la Contraloría le indicó que se trataba de superávit libre.
¿Cuál es la diferencia? El específico debe destinarse a un fin establecido en una ley especial, convenio interinstitucional o contrato de préstamo, mientras que el superávit libre no tiene un compromiso específico, pero tiene la gran limitación de que no se puede usar para gastos corrientes, como salarios y pago de servicios.
El rector argumentó una serie de normas internas y acuerdos del Consejo Universitario que respaldan su posición.
No obstante, en el oficio 13.405, del 21 de setiembre, la CGR le indicó a Jensen que la resolución estaba en firme y no podía reconsiderarse.
Manuel Corrales, gerente del Área de Servicios Sociales del órgano contralor, explicó que hay dos materias que no tienen vía recursiva o apelación: las relacionadas con refrendos de contratos y en asuntos presupuestarios.
“Lo que significa que una vez emitida una resolución de la Contraloría en materia presupuestaria, esta queda firme en el momento en que se emite”, comentó Corrales.
Los montos. En lo solicitado por la Universidad se incluían ¢35.208 millones de superávit libre y específico, pero la Contraloría pidió que, de ese monto, ¢33.053 millones fueran reclasificados como superávit libre, es decir, que no se usaran para gastos corrientes. Tal decisión causó la molestia del rector, quien respondió, el 13 de agosto, con un oficio de 17 páginas, en las cuales alegó –entre otras cosas– que el superávit es parte del patrimonio de la institución, de la hacienda universitaria, y por tanto, de administración exclusiva de la UCR.
Bajo este y otros argumentos, Jensen le solicitó a la Contraloría dejar sin efecto lo solicitado, petición que finalmente fue rechazada.
“Solo y únicamente la Uni- versidad de Costa Rica puede establecer la organización y el gobierno que le corresponden. Ningún ente u órgano ajeno –los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General, la Procuraduría General, las municipalidades, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, etc., etc.– pueden interferir en manera alguna en el gobierno, en la organización, en la gestión, en el patrimonio, en las funciones de la Universidad de Costa Rica”, expresó el rector.
Ante la negativa de la Contraloría de acceder a la petición, finalmente en el oficio R 6712-2018 del 27 de setiembre, Jensen comunicó que: “Se harán las modificaciones correspondientes en la clasificación de los superávit, impuestas por ese ente contralor, aunque no estamos de acuerdo con ello”.
Por otra parte, también hubo molestia de las autoridades universitarias porque no les aprobaron en el presupuesto extraordinario la suma de ¢1.992 millones, los cuales estaban incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al superávit definido por la universidad como específico. ■