Juramentado nuevo juez de la Sala Constitucional
→ Jorge Arturo Araya García, de 57 años, asume cargo por ocho años
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, juramentó este jueves al nuevo magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Arturo Araya García, quien asume funciones de inmediato y por un periodo de ocho años.
El nuevo juez constitucional fue recibido por Luis Fernando Chacón, primer secretario del Directorio legislativo, e Ivonne Acuña, segunda secretaria. En ese momento, Araya le expresó a Chacón: “Estoy altamente consciente de esta responsabilidad en momentos atípicos”.
A los medios de comunicación comerciales, de televisión, digitales y escritos, se les impidió el ingreso para fotografiar el acto de juramentación dentro del plenario.
El agente de seguridad afirmó que la orden para prohibir el ingreso de prensa fue emitida por el departamento de Prensa y Protocolo.
Antes de entrar al salón, Araya dio breves declaraciones a varios periodistas y resaltó que los tribunales constitucionales siempre tienen en sus manos asuntos polémicos. Esto, al referirse al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal), hoy en estudio de la Sala IV a solicitud de los diputados.
Agregó que siempre habrá una cuestión de trascendencia nacional, sea el plan fiscal o el tope a las pensiones de lujo, como en el pasado lo fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la mina de Crucitas o la reelección presidencial.
Araya, de 57 años, negó que alguien lo hubiera contactado acerca del plan tributario previo a que el Congreso, justo con los 38 diputados necesarios para hacer el nombramiento, lo eligiera este miércoles.
“Absolutamente nadie me ha llamado, ni pedí favores ni me los ofrecieron, categóricamente. (...) No me ofrecieron apoyos previos, de tal manera entro con mi único compromiso de defender la Constitución, los valores y los principios”, dijo Araya.
Originalmente estaba previsto que los diputados votaran este jueves para elegir a un magistrado de la Sala III.
Sin embargo, modificaron la decisión porque no habían tomado en cuenta que ayer debían iniciar el debate presupuestario. R NOTA APARTE.
Al final, dejaron la votación sobre el nuevo miembro de la Sala III para el próximo martes, en una sesión que se extendería hasta las 6 p. m. para realizar las rondas de votación con el fin de escoger con tiempo al alto juez.
Carrera. El magistrado Araya recordó que fue viceministro (de Gobernación y, luego, de la Presidencia) en el gobierno de José María Figueres (1994-1998). Antes, había sido asesor legislativo del diputado Mario Carvajal, quien es amigo suyo.
“Hace un cuarto de siglo fui viceministro y estuve muy complacido de serlo. Lo hice con responsabilidad y honestidad, con mucha mística. De eso, ya pasó un cuarto de siglo; la vida pasa rápido”, comentó.
Ante otras consultas de periodistas, Araya evitó responder qué sería, según él, un proyecto de ley que afecte la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, pues alegó que ese tema es objeto de una de las consultas y, por imperativo de ley, no puede adelantar criterio.
Añadió que, si bien está de acuerdo con el fondo de la sentencia que se emitió en la Sala IV sobre matrimonio igualitario, no lo está con la forma. No obstante, alegó que antes de responder en detalle esa pregunta, preferiría ver la redacción completa del voto, que no está lista.
“Es un asunto indudablemente muy polémico, yo habría deseado otro tipo de redacción en el por tanto. La redacción final aún no se conoce, pues mis compañeros de Sala la están redactando. De tal manera, esperaría tener la redacción integral para contestar de la mejor manera. El por tanto no me gustó, pero no en cuanto a fondo, sino a la forma”, explicó.
■ Los diputados iniciaron este jueves la discusión de fondo del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019. Y lo hicieron en un contexto muy particular: tras haber aprobado, el 5 de octubre, la reforma fiscal en primer debate y mientras esperan el criterio de la Sala Constitucional sobre ese plan tributario.
También se cierne sobre la discusión de los gastos del Estado para el próximo año la situación económica actual, en particular las noticias recientes sobre el alza en el tipo de cambio del dólar y las edificaciones que universidades estatales desarrollan con dinero del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Tal como ordena la Constitución Política, el Presupuesto Nacional debe discutirse desde el 1.° de noviembre y debe estar aprobado antes del 30 de este mes, aunque el ambiente político apunta a que la aprobación podría suceder en tiempo récord.
El proyecto llega al debate con rebajas por ¢15.000 millones, principalmente en partidas para las universidades estatales (¢10.000 millones), control migratorio y atención de migrantes (¢2.000 millones), así como en control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud (¢1.500 millones). Además, en vehículos del Poder Judicial (¢1.390 millones) y servicios de monitoreo para la Presidencia de la República (¢8 millones).
El monto total del plan de gastos es de ¢10,9 billones pues, aunque el Ministerio de Hacienda logre que los gastos de las instituciones crecieran solo 1% con respecto al 2018, el pago de la deuda crece 17% en relación al presupuesto 2018.
Si se excluyen el pago de la deuda y las pensiones, el decrecimiento es de un 0,8%.
El Presupuesto contempla gastos de Presidencia, 18 ministerios, el Congreso, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
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“LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES SIEMPRE TIENEN TEMAS DE ALTA COMPLEJIDAD. ES UNA DISCUSIÓN QUE SE VA A ENCONTRAR EN COLOMBIA, EN ESPAÑA, EN FRANCIA. SIEMPRE HAY UN TEMA MUY POLÉMICO Y COSTA RICA NO ES LA EXCEPC IÓN (...). Jorge Arturo Araya García Magistrado de la
Sala Constitucional