Campesino descubrió posible peculado al licitar cortafuegos
→ Fiscalía indaga por qué rondas no se hicieron en 9 km en San Jerónimo
Cuando revisaba documentos por un conflicto de tierras que tiene con el Estado, un campesino de Pérez Zeledón descubrió posibles irregularidades en un contrato para hacer rondas cortafuegos en el Parque Nacional Chirripó.
Su hallazgo dio origen a una causa judicial que tramita la Fiscalía Adjunta de ese cantón josefino.
Según la documentación anexada al expediente judicial, se trató de una licitación que se desarrolló en el 2009 para construir líneas cortafuegos. Era un plan ambicioso para proteger los recursos naturales de la zona, que fue adjudicado en enero del 2010.
La obra consistía en quitar toda la maleza en una ronda de tres metros de ancho, que se extendía por 59 kilómetros, en diversos puntos del Parque Nacional Chirripó, que comparten las provincias de San José, Puntarenas y Limón.
Uno de los lugares donde debían limpiar es San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, donde se haría una ronda de 9,5 kilómetros.
La labor fue encargada a una empresa de Grecia, Alajuela, con la que se firmó el convenio el 18 de marzo del 2010. La firma tenía un plazo de 45 días hábiles a partir de la orden de inicio y recibiría ¢6 millones.
Por razones que se desconocen, las rondas no se hicieron y así quedó evidenciado el 27 de febrero del 2012, cuando un incendio se desató en San Miguel, muy cerca de San Jerónimo, uno de los lugares que debía contar con los callejones corta- fuegos.
Se tardaron 29 días en extinguir las llamas. El fuego afectó 156 hectáreas del Parque Nacional Chirripó y causó daños a la naturaleza estimados en ¢444 millones.
El fuego se contuvo porque los voluntarios y bomberos construyeron 12 km de rondas, informó en aquel momento el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), pero sin mencionar la licitación.
La denuncia. El asunto llegó a la Fiscalía con la intervención de un facilitador judicial, que es una persona que se encarga de resolver pequeños conflictos en una comunidad, pero cuando conoce de posibles delitos, su deber es elevarlo al órgano competente.
Este hombre, de apellido Calderón, se encargó de poner la denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón, en octubre del 2016. Luego de analizar las pruebas, la instancia judicial decidió abrir una investigación, que se tramita bajo el expediente 16-001375-0219-PE.
La causa se sigue por el delito de peculado contra un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), de apellido Esquivel, que en su momento era el encargado del programa de manejo del fuego. La Nación intentó localizarlo, pero no respondió las llamadas.
El delito de peculado castiga con prisión de 3 a 12 años al funcionario público que sustraiga o distraiga bienes, cuya administración le haya sido confiada, según establece el artículo 361 del Código Penal.
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