Autoridades piden más rigor contra corrupción
→ Fiscalía, OIJ y el ICD critican nueva versión de plan de ley aprobada el martes
La Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) expresaron su “oposición total” a la nueva versión del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, la cual fue dictaminada la noche del martes por una comisión especial integrada por cinco diputados.
La iniciativa pretende facilitar a las autoridades incautar bienes a personas que no puedan justificar su origen, es decir, que no puedan demostrar que los adquirieron mediante dinero bien habido.
Tras los cambios, los tres organismos dijeron que es inaceptable que quedaran excluidos delitos como corrupción, contrabando, fraudes, sicariato o pornografía infantil.
Para Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esta nueva versión “atenta contra contra el fin que busca la ley”.
El texto dictaminado indica que el Estado podría incautar bienes de origen dudoso ligados a ocho tipos de delitos: narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de órganos.
Votaron a favor Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gustavo Viales y Jorge Fonseca, de Liberación Nacional (PLN); Zoila Volio, de Integración Nacional (PIN), y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN).
El jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, votó en contra alegando que el nuevo texto excluye conductas como corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, punto que fue uno de los que generó más molestia de los jerarcas que este jueves se refirieron al tema en rueda de prensa.
“Nos dan una ley sin armas, poco beligerante, que no va a servir (...). Eso no lo queremos y no lo aceptamos. Tenemos que dirigir esfuerzos a la recuperación de bienes independientemente del modo ilegítimo”, dijo Espinoza, al agregar que “ese escollo que nos están poniendo es insalvable. Exhortamos a los diputados a reconsiderar”.
La aplicación de esta herramienta no es penal, aunque se tenga que dar por sentencia, sino que se trata de un “proceso
“NO SE PUEDE PERSEGUIR SOLO NARCOS. ¿Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS? ELLOS VAN A QUEDAR TOTALMENTE PROTEGIDOS. ESTO (DEL MARTES) ES UNA APROBACIÓN PARCIAL, SESGADA Y QUE PRETENDE FAVORECER A DETERMINADOS G RUPOS,
Wálter Espinoza
Director
Organismo de Investigación Judicial
jurisdiccional autónomo”, sin contraprestación ni compensación para el afectado.
“Lo más importante es recordar que la extinción significa la posibilidad de que el Estado quite el disfrute de bienes a personas vinculadas con actividades ilícitas, no necesariamente delictivas, pero sí ilícitas”, explicó el director del OIJ.
Punto de vista legal. La fiscala general Emilia Navas también cuestionó la decisión de los diputados y les pidió “que tomen conciencia”.
“El que quieren aprobar, con intenciones que desconozco pero puedo presumir, deja por fuera los bienes adquiridos por corrupción, fraude, pornografía infantil. Si los hechos de corrupción generan pobreza e impiden desarrollo, no es posible que un proyecto excluya a personas que cometen hechos de corrupción”, cuestionó Navas.
Destacó que la nueva versión además tiene problemas procedimentales que dificultarían su aplicación. “Nos hace concluir que el procedimiento será lento, inaplicable y no vamos a ver nunca frutos”, apuntó.
Por último, el director del ICD, Guillermo Araya, lamentó que la iniciativa excluya una gran cantidad de actividades delictivas pues debilitan la propuesta original e, incluso, podría estar derogando la Ley sobre capitales emergentes.
“El objetivo nacional e internacional de este proyecto es la persecución del crimen organizado, que no solo se nutre del tráfico de drogas. La legitimación de capitales tiene 21 delitos precedentes, hay muchos delitos, pero se está delimitando demasiado”, recalcó Araya.
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