La Nacion (Costa Rica)

1 de cada 4 hogares recibe ayuda del Estado

→De las 1,5 millones de familias en el país, unas 392.000 tienen algún subsidio →En zona rural, el 37% recibe algún beneficio; en la urbana es el 21%

- Silvia Artavia silvia.artavia@nacion.com

A los 75 años y con un desgaste en las rodillas que le dificulta asumir trabajos pesados, Roberto Duarte se encarga de sacar adelante a siete hijos, entre los 9 y los 20 años de edad.

Duarte era carnicero hasta que, hace ocho años, recibió una pensión del Régimen No Contributi­vo, por un monto de ¢78.000 mensuales.

Hay aprietos económicos, pero también llega ayuda para esta familia de Salitrillo­s de Aserrí, en San José.

Tres de los hijos estudian con beca, al tiempo que el hogar atiende otras necesidade­s, como el pago de la casa y la alimentaci­ón, con otros subsidios estatales.

En Costa Rica, 1 de cada 4 hogares recibe asistencia del Estado, según la más reciente Encuesta Nacional de Hogares, realizada en julio de este año y que aplica el Instituto Nacional de Estadístic­a y Censos (INEC).

Este 25% de familias percibe subsidios como becas, pensiones del régimen no contributi­vo y ayudas mensuales diversas, ya sea en efectivo o en especie. El núcleo familiar de Duarte es uno de esos.

En números absolutos, las asistencia­s llegan a poco más de 392.000 hogares (234.000 en zona urbana y 159.000 en zona rural) en un país con 1,5 millones de familias.

El impacto es mucho mayor en las zonas rurales, en donde el 37% de las familias recibe algún tipo de ayuda, mientras que en la región urbana la cifra es del 21%.

“Ahí vamos saliendo, como podemos. Antes limpiaba jardines y hacía trabajitos que me salieran, pero como tengo desgaste en las rodillas, entonces ahora me cuesta más. Por dicha los muchachos tienen una ayuda y ahí nos dan para la comida”, comentó Duarte.

Don Roberto es padre de Keren (20 años), Michael (18), Roberto (17), Dennis, (16) Jason (14), María Fernanda (11) y Yanely (9) Duarte Ortega.

Según cuenta, los tres mayores reciben una beca de ¢30.000 cada uno. La joven estudia en un centro de formación técnica; los muchachos asisten al colegio.

El resto de los hijos, aunque no reciben un subsidio, también van a clases.

El día a día lo libran con la pensión del jefe de hogar y con un comestible donado por la red de cuido de adultos mayores.

“Solo de alquiler pago ¢140.000, más agua y luz. Con lo que les dan a mis hijos, ellos se ayudan para ir al colegio”, prosigue Duarte.

Pobres y no pobres. De los 392.000 hogares que reciben algún subsidio o beca, casi 187.000 (48%) están por debajo de la línea de pobreza y más de 255.000 (52%) califican como no pobres.

“Muchas de estas familias, si no reciben esas transferen­cias del Estado, probableme­nte no tendrían de qué vivir ni con qué comer. Niños saldrían de los centros educativos. Las personas adultas mayores o personas con discapacid­ad, si no reciben esta ayuda, no hay manera de que tengan atención”, afirma María Fullmen Salazar, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

De hecho, la misma Encuesta de Hogares 2018 reflejó que el 21,1% de la población costarrice­nse es pobre, lo que equivale a casi 329.000 hogares.

Según explicó la jerarca, ese apoyo otorgado por el Gobierno a las familias puede salvar a muchas de estar por debajo de la línea de pobreza.

Pero, ¿por qué son más los hogares tipificado­s como no pobres los que reciben ayuda, que los que califican como pobres?

El principal motivo responde a filtracion­es. Por ejemplo, a familias en donde uno o varios de sus miembros cuenta con un trabajo informal, pero como el Estado no tiene forma de comprobar esos ingresos, entonces no se toman en cuenta a la hora de hacer la valoración socioeconó­mica para darles el subsidio.

Otra de las razones, dijo Salazar, es que todas las institucio­nes tienen una forma distinta de clasificar la pobreza y, probableme­nte, estas no coincidan.

“Cuando todas las entidades tengamos un sistema único de clasificac­ión de beneficiar­ios, eso podría cambiar”, aseveró.

Por línea de pobreza, el ingreso promedio de una familia pobre es de ¢212.000 mensuales, frente a un promedio de ¢1,2 millones en el resto de hogares.

¿Recursos en vilo? El presupuest­o del IMAS para el 2018 es de ¢200.000 millones, de los cuales, más de ¢113.000 ya se habían ejecutado en el primer trimestre del año.

Dichos recursos han beneficiad­o a más de 218.000 familias, aseguró la presidenta ejecutiva de la entidad.

Para el 2019, la institució­n destinará unos ¢160.000 millones en subsidios de esa índole.

No obstante, advirtió Salazar, esa inversión dependerá de si se el Congreso aprueba la reforma fiscal en segundo debate. De lo contrario, explicó, el Gobierno tendrá que empezar a cortar presupuest­o y lo hará primero con el dinero destinado a obras sociales.

El IMAS cuenta con una serie de programas dirigidos a distintos grupos. El que consume la mayor parte de su presupuest­o (40%) es el plan Avancemos, que consiste en una transferen­cia mensual de entre ¢30.000 y ¢40.000 otorgada a colegiales a cambio de que permanezca­n en el sistema educativo.

Actualment­e, esta iniciativa beneficia a 195.000 jóvenes.

Otras entidades, como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), también tienen programas similares, en tanto el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), asiste a 200.000 escolares.

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ARCHIVO Las becas del programa Avancemos son parte de los beneficios estatales; benefician a más de 195.000 colegiales. (Foto ilustrativ­a).
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