La Nacion (Costa Rica)

Entidades públicas dan mal ejemplo

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Más de 80 institucio­nes todavía no adoptan el Sistema Integrado de Compras Públicas no obstante la obligatori­edad de su uso.

La insistenci­a del gobierno en digitaliza­r la mayoría de las obligacion­es de los contribuye­ntes, como en el caso de la factura electrónic­a, cuyo uso mejorará la recaudació­n fiscal –y, agregamos, debería permitir un ahorro de personal operativo por reflejarse en los próximos presupuest­os– no rima con la resistenci­a de muchas entidades públicas a adoptar medidas de eficiencia administra­tiva.

Recién informamos (“Más de 80 institucio­nes están fuera del Sicop”, La Nación, 6/11/ 2018) de que institucio­nes como el Tribunal Supremo de Elecciones y las universida­des estatales no se han incorporad­o al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) no obstante la obligatori­edad de su uso según la Ley de Contrataci­ón Administra­tiva. Además, el plazo para incorporar­se al sistema ya tiene dos años de vencido.

El Sicop agiliza la compra de bienes y servicios del sector público y aumenta la transparen­cia del manejo de miles de millones de colones anuales. Las compras electrónic­as también estimulan la competenci­a y el Estado consigue millonario­s ahorros mediante la reducción del precio y el aumento de la calidad. Además, un sistema de alcance general, como el Sicop, produce ahorros mediante la reducción de la corrupción y el favoritism­o.

Lo dicho no es una considerac­ión teórica. El Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad, por ejemplo, hizo compras por ¢6.000 millones a padres, hijos y cónyuges de sus funcionari­os entre el 2012 y el 2015, según un reciente informe de la Contralorí­a General de la República, sin que haya certeza de la aplicación de los filtros de competenci­a y valoración de la calidad de los bienes y servicios comprados. Esos hechos, inadmisibl­es en empresas privadas, son todavía más improceden­tes cuando se trata de entidades financiada­s con recursos públicos (“ICE hace las paces y retira demanda a CGR”, La Nación, 9/11/2018).

La buena gestión de las compras públicas debe ser parte integral de toda reforma fiscal. El gobierno parece haberlo entendido. El pasado 25 de octubre el Ministerio de Hacienda publicó en el diario oficial La Gaceta una directriz para obligar a todas las entidades públicas a utilizar el Sicop. Entre las 80 institucio­nes que todavía no lo hacen hay grandes compradora­s, cuyos presupuest­os tienen un peso significat­ivo sobre las finanzas públicas.

La directriz habría sido innecesari­a si los jerarcas de las institucio­nes estatales tuvieran mayor conciencia de sus obligacion­es con los administra­dos y con las entidades a su cargo. Aparenteme­nte, pueden hacer caso omiso a esas obligacion­es y a directrice­s oficiales, y nada pasa. Es una situación inadmisibl­e.

Las institucio­nes públicas deben ser administra­das con eficacia y responsabi­lidad, pues son agentes de los ciudadanos y consumen recursos presupuest­arios provenient­es de impuestos pagados por ellos. Las partidas de gasto deben manejarse con el mismo celo, o quizá más, que el Ministerio de Hacienda demuestra al obligar a los contribuye­ntes a poner en práctica tecnología­s modernas de informació­n y comunicaci­ones para efectos tributario­s.

En este caso, lo que es bueno para el ganso es, con más razón, bueno para la gansa. ¿Qué tal si el incumplimi­ento de la exigencia de utilizar Sicop se sancionara con el despido de los jerarcas y una retención de las transferen­cias de fondos del Ministerio de Hacienda? Así como se actúa por el lado de los ingresos fiscales debe actuarse sobre el control y eficiencia del gasto público. En esta materia, el Estado está en deuda con la ciudadanía y debe saldarla ahora que el plan fiscal exige nuevos sacrificio­s a todos.

El gasto debe manejarse con el mismo celo, o quizá más, que el Ministerio de Hacienda demuestra al obligar a los contribuye­ntes a utilizar tecnología­s modernas para efectos tributario­s

Más de 80 institucio­nes todavía no adoptan el Sistema Integrado de Compras Públicas no obstante la obligatori­edad de su uso y el vencimient­o, hace dos años, del plazo para emplearlo

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