Pobreza extrema se duplicaría si se corta ayuda social
De 250.000 a 480.000 personas Si por crisis el Estado elimina la asistencia, pasarían de 5,1% a 9,8% de la población Un gran costo humano Expertos alertan de que sería un ‘error’ bajar financiamiento social si no pasa el plan fiscal
Si el Gobierno llegara a eliminar el financiamiento de los programas sociales, la pobreza extrema se duplicaría en Costa Rica.
Las personas que carecen de ingresos para pagar la canasta básica alimentaria pasarían de un 5,1% a un 9,8% de la población, un nivel de extrema necesidad que no se registraba en el país desde 1988.
En números absolutos, la cifra pasaría de 250.000 a 480.000 aproximadamente.
En este escenario extremo, también habría un crecimiento sustantivo en la cantidad de personas que viven en pobreza básica, la cual aumentaría de un 20,3% a un 24,2% del total de habitantes.
Así lo concluye el último Informe del Estado de La Nación dado a conocer el martes 13 de noviembre.
Los investigadores hicieron una simulación a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2017, para estimar cuán graves serían las consecuencias si el Ejecutivo tomara la decisión de hacerle frente al déficit fiscal con la eliminación total de las ayudas sociales. En ese año, eran 86.663 hogares los que vivían en extrema pobreza.
Los investigadores tomaron en cuenta las transferencias que financian las políticas selectivas para la atención de la pobreza, las cuales incluyen las pensiones del régimen no contributivo y las becas del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), las universidades públicas, los gobiernos locales, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el programa Empléate, del Ministerio de Trabajo.
También, se tomaron en cuenta las ayudas en dinero en efectivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y los subsidios de otros programas financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como los apoyos en especie que brindan los comedores estudiantiles y los centros de nutrición y cuido Cen-Cinái.
Un hogar vive en pobreza extrema cuando los ingresos no le alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias básicas. En el 2017, se consideraba que vivían en esa condición las personas con ingresos iguales o inferiores a ¢49.150 mensuales en las zonas urbanas, y a ¢40.900 en las zonas rurales.
Escenarios negativos. El estudio señala que los recortes en la inversión social se pueden hacer por dos vías: a través de la baja de las transferencias en efectivo o por las ayudas en especie, como cuido o alimentación.
Aunque la pobreza extrema del 2017 fue estimada en un 6,2% de la población, el Programa Estado de la Nación calculó que esta en realidad es de un 5,1% si se toma en cuenta el efecto de los subsidios en especie, es decir, del dinero que los beneficiados se ahorran mediante servicios como los comedores escolares y el cuido de niños.
Según la investigadora Natalia Morales, encargada del capítulo social del informe, si se eliminara el financiamiento de los comedores escolares y los centros de cuido, 56.600 personas caerían en pobreza extrema.
Si se desfinanciaran estos subsidios en especie, la pobreza extrema pasará de 5,1% a 6,2%.
En caso de que se eliminaran las transferencias de efectivo, pero se mantuviera las que son en especie, la cifra de personas que se sumaría al estado de extrema necesidad sería de 178.000, extendiéndose a un 8,7% de la población (es decir, 428.000 personas).
Morales explicó que muchos de ellos serían habitantes que ya vivían en pobreza básica, cuyas condiciones empeorarían al grado de hacerlos caer al nivel más bajo. En el peor escenario, si desaparecen tanto las ayudas en especie como las monetarias, la pobreza extrema pasaría de un 5,1% a un 9,8% (alcanzando las 480.000 personas).
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