Cinco policías cobraban ¢900.000 por dejar entrar marihuana a la cárcel
Tarifa era por libra, pero además vendían celulares a ¢80.000. Un reo les servía de distribuidor en el penal de Pococí, revela el OIJ
Cinco policías fueron detenidos este miércoles como supuestos integrantes de una banda narco que operaba en el centro penitenciario Carlos Luis Fallas, ubicado en La Leticia de Pococí, Limón.
Con el grupo están vinculadas otras siete personas, entre esas un recluso. En total, 11 involucrados fueron aprehendidos en 13 allanamientos realizados por miembros de la Fiscalía y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó el director de ese cuerpo policial, Wálter Espinoza.
Según las pesquisas, los funcionarios del Ministerio de Justicia cobraban hasta ¢900.000 por cada libra de marihuana que introducían al penal. Aparentemente, también vendían celulares, hasta por ¢80.000.
Los cinco policías penitenciarios fueron identificados con los apellidos Brenes Vega, Paguaga Jiménez, Anzora Salazar, Jiménez Sandoval y Rivera González. Este último, al parecer, había renunciado hace poco ya que tenía otra oferta laboral.
Los otros arrestados son de apellidos Pérez Montero (mujer), Brenes Vega, Martínez Slack (mujer), Vargas Arias (mujer), Hurtado Muñoz y Araya Sibaja. Al parecer, varios de ellos tienen algún grado de familiaridad con los policías. Reo involucrado. Entre los imputados figura un reo de apellidos Camacho Chaves, preso desde el 2009 por un delito sexual.
“El grupo tenía un enlace directo con la población penitenciaria. Funcionarios policiales que trabajan en el centro y que aprovechaban cuando estaban destacados en las áreas denominadas fortines, proveían a un privado de libertad (Camacho). Ellos recibían las drogas y las entregaban a este privado para su distribución”, detalló Espinoza. R VEA INFOGRAFÍA ADJUNTA.
En las cuentas de Camacho, según el OIJ, se registran transferencias internacionales de sumas “importantes”, por lo que coordinan con la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), para ampliar las pesquisas y determinar si existen vinculaciones internacionales.
“Son en dólares. (Camacho) no tiene actividades conocidas o lícitas de otra naturaleza. Está privado de libertad desde el 2009, lo que nos hace pensar que podría haber un inversor internacional”, agregó el jefe del OIJ.
Marcia González, ministra de Justicia, recordó que estudios del Instituto Contra las Drogas indican que el mercado de drogas en cárceles mueve unos $8 millones anuales.
Investigación. Las pesquisas empezaron en agosto del 2017 luego de que Justicia recibiera avisos de compañeros de los policías implicados. La información se trasladó a la Policía Judicial.
“Alertaron al OIJ acerca de la existencia de un grupo que estaba distribuyendo sustancias ilegales, particularmente cocaína y marihuana en este centro penal”, puntualizó Espinoza.
El jerarca dijo que otros trabajadores de Justicia son valorados y podrían ser incluidos en la causa penal, ya que “presentan movimientos y conductas compatibles con la de los policías detenidos”.
Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, confirmó que algunos oficiales involucrados tenían hasta 10 años de laborar para la institución.
“Desde que asumimos la Dirección de este cuerpo policial, hemos fortalecido las acciones para denunciar y combatir las acciones ilícitas que puedan cometer los funcionarios del sistema penitenciario, realizamos operativos constantes para concretar estos esfuerzos”, expresó el director.
Según un comunicado de prensa emitido por Justicia, además de la investigación de denuncias para detectar y sancionar la corrupción, están desarrollando otras medidas, como la aplicación de pruebas de dopaje a los policías penitenciarios, además de fortalecer los procesos de denuncias administrativas.