Juez federal de EE. UU. prohíbe negar asilo a migrantes ilegales
→Directriz choca de forma ‘irreconciliable’ con Ley de 1965, argumentó el jurista →Orden temporal aplica en todo el país hasta que la Corte dé fallo por el fondo
WASHINGTON. AFP. - La política migratoria de Donald Trump sufrió un nuevo revés en tribunales de Estados Unidos, cuando un decreto del mandatario para restringir el derecho de asilo fue bloqueado por un juez, mientras miles de centroamericanos avanzan hacia la frontera sur del país.
Un juez federal en California suspendió a última hora de este lunes un decreto firmado el 9 de noviembre por el presidente Trump, el cual rechazaba automáticamente toda solicitud de asilo de personas que hubieran cruzado la frontera ilegalmente.
La orden temporal emitida por el juez de distrito de San Francisco, Jon Tigar, tiene alcance nacional y regirá hasta que la Corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo cual Tigar fijó una primera audiencia el 19 de diciembre.
El magistrado indicó que el decreto presenta un “conflicto irreconciliable” con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), de 1965, que establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos puede pedir asilo sin importar cómo ingrese.
“Cualquiera sea el alcance de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió de manera expresa”, aseguró Tigar.
El juez actuó en respuesta a una demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que celebró la decisión.
“Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de las personas. Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del Gobierno contra los solicitantes de asilo”, manifestó en Twitter.
Sin embargo, la administración Trump, que ha invocado razones de “seguridad nacional” para controlar la inmigración, consideró “absurdo” que activistas busquen frenar al Gobierno Federal.
‘Beneficio discrecional’. “Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año se abusan de él decenas de miles de reclamos sin mérito”, alegaron los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior en una declaración conjunta, en la cual subrayaron que el asilo es un “beneficio discrecional” que otorga el Poder Ejecutivo según se cumplan ciertas condiciones.
“Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur”, agregaron.
Según las leyes de EE. UU., cualquier extranjero que pise suelo nacional es elegible para solicitar asilo y no puede ser deportado inmediatamente. Si se hallan razones creíbles para un pedido de refugio, el solicitante queda en libertad hasta ser citado por un tribunal.
El gobierno de Trump cuestiona esto, pues aduce que muchos desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial, sumándose a las filas de los inmigrantes indocumentados.
“La gran mayoría de estas solicitudes terminan careciendo de mérito”, afirmó un alto funcionario, quien pidió no ser identificado. Menos del 10% de casos resultan en otorgamiento del asilo, según el Gobierno.
Empero, organizaciones humanitarias y críticos de Trump afirman que al restringir los pedidos de asilo, la Administración cierra la puerta a quienes realmente huyen de sus países para salvar sus vidas.
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