Crisis de mediana edad de la democracia latinoamericana
La democracia en América Latina enfrenta su crisis de mediana edad justo cuando se cumplen los 40 años del inicio de la tercera ola y está en pleno desarrollo el “superciclo electoral” en nuestra región. Los datos de la encuesta de opinión Latinobarómetro 2018 nos alertan de que la democracia está en problemas: cae el apoyo, se dispara la insatisfacción y crece el número de indiferentes mientras el aval a los gobiernos autoritarios se mantiene estable, en un 15 %.
El nivel de apoyo pierde 5 puntos y se ubica en el 48 %, el peor indicador desde la crisis del 2001. Costa Rica, con un 63 %, ocupa el segundo lugar, detrás de Venezuela y por delante de Uruguay. Honduras con un 34 % y Guatemala y El Salvador con un 28 % ocupan los tres últimos lugares.
El porcentaje de indiferentes (entre sistema democrático y autoritario) trepa del 16 % al 28 %, especialmente entre los jóvenes de 16 a 26 años, lo cual es grave por sus potenciales consecuencias futuras. El Salvador, con el 54 %, y Honduras, con el 41 %, tienen los mayores niveles de indiferencia de toda Latinoamérica. En Costa Rica, es un 11 %, uno de los más bajos.
La insatisfacción con la democracia pasó del 51 % al 71 %, mientras la satisfacción descendió con fuerza del 44 % al 24 %. Costa Rica, con el 45 %, es el país con el segundo nivel más alto de satisfacción, detrás de Uruguay y por delante de Chile. El resto de los países de Centroamérica, salvo Honduras, muestran un grado de satisfacción por debajo de la media regional.
Insatisfacción. Los problemas económicos son la principal preocupación: el 84 % está insatisfecho con el funcionamiento de la economía. Salvo en los casos de Bolivia, Chile y República Dominicana, los latinoamericanos sienten que sus países están estancados: un 49 % opina que no hay progreso, un 28 % que están retrocediendo y únicamente un 20 % estima que están progresando. Para el 79 %, el país está gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio (en Costa Rica es un 75 %), y solo el 16 % considera justa la distribución de la riqueza (un 19 % en Costa Rica).
El crimen es el segundo problema en orden de importancia. Guatemala y Honduras son los dos países donde existe un mayor temor a ser víctima de un delito. El tercero es la corrupción. Pese a los graves y generalizados escándalos de corrupción en la región, en ningún país de Centroamérica, salvo en Guatemala (10 %), este flagelo ocupa un lugar de relevancia en la agenda pública. En Costa Rica, únicamente un 6 % considera la corrupción el problema más importante.
El sentimiento de descontento y frustración impacta negativamente en los niveles de confianza de las instituciones y afecta, en especial, a los Congresos y a los partidos. Las Iglesias y las fuerzas armadas son las dos instituciones con grados más altos de confianza.
En el caso de Costa Rica, todos los niveles de credibilidad en las instituciones están por encima del promedio regional. Destaca la confianza que los costarricenses tienen en el Poder Judicial (49 %) y en el Tribunal Supremo de Elecciones (56 %). En ambos casos, el primer lugar en toda América Latina.
Los datos del Latinobarómetro 2018 muestran que el alejamiento de los votantes con los partidos sigue en aumento (el 58 % no vota), así como el enojo y el malestar con la política y las élites, lo cual facilita la irrupción de candidatos populistas y antisistema, tanto de derecha como de izquierda.
Los triunfos recientes de Andrés Manuel López Obrador, en México, y Jair Bolsonaro, en Brasil, son dos ejemplos de este fenómeno. Bajo nivel de apoyo a la democracia (Brasil un 34 % y México un 38 %), alto grado de indiferencia entre democracia y autoritarismo (un 41 % en Brasil y un 38 % en México) y un anémico estado de satisfacción con la democracia (un 16 % en México y un 9 % en Brasil), combinado con un desempeño económico mediocre, alta corrupción y elevada inseguridad, todo ello potenciado por un mal uso de las redes sociales y la propagación de fake news, constituye el caldo de cultivo que favorece la llegada de este tipo de líderes antisistema.
Reflexión final. La caída de los indicadores de cultura política coincide con el deterioro que experimenta la calidad de la democracia en nuestra región. Según el índice democrático 2017, que elabora The Economist, solo Uruguay califica como “democracia madura”.
Diez países, incluidos tres de Centroamérica –Costa Rica, Panamá y El Salvador–, son considerados “democracias con fallas”. Los restantes tres países centroamericanos –Guatemala, Honduras y Nicaragua, junto con Bolivia y Paraguay– son tipificados como regímenes híbridos. Por último, Venezuela y Cuba son considerados autoritarios.
¿Cual es la causa principal de este descontento y frustración con la democracia? La falta de resultados. Los latinoamericanos no están pidiendo más autoritarismo. Menos ideologizados, más pragmáticos, menos pacientes y más exigentes, lo que los ciudadanos demandan es que sus gobiernos los escuchen, gobiernen con transparencia y den respuesta oportuna y eficaz a sus nuevas expectativas y demandas. Si queremos mejorar el apoyo ciudadano a la democracia y la satisfacción con ella, debemos mejorar la calidad de vida de la gente.
¿Existe riesgo de que se produzca un colapso generalizado de la democracia en la región? No a corto plazo. Pero si la calidad de las democracias continúa deteriorándose, entonces sí existe el riesgo de que las actuales tendencias populistas y autoritarias aumenten peligrosamente.
En este escenario, una parte cada vez mayor de ciudadanos estaría dispuesto a sacrificar trozos de democracia a cambio de mejor bienestar económico y mayor seguridad. O actuamos rápido y de manera inteligente o corremos el riesgo de que ese malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia. La nueva caída del apoyo y el fuerte aumento de los indiferentes son dos campanazos de alerta que demandan atención y acción.
¿Qué hacer? Poner en marcha una agenda renovada que apunte a recuperar la confianza ciudadana con la política, sus élites e instituciones, ampliar los espacios de participación ciudadana y garantizar una ciudadanía efectiva, todo ello con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad, mejorar la calidad de las políticas públicas y sentar las bases de una democracia de nueva generación, inclusiva, próspera y, sobre todo, resiliente, es decir, con capacidad para afrontar crisis y desafíos complejos, incluidos los cambios disruptivos de la Cuarta Revolución Industrial, sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse.
Los costarricenses muestran mayor confianza en el Poder Judicial y en el TSE