Policía decomisa un arma de fuego cada cuatro horas
Efecto del narco Líos entre bandas aumentan circulación de pistolas y revólveres en el mercado negro Débiles sanciones Portación ilegal es castigada, en mayoría de los casos, con trabajo comunitario
Durante el 2017, las autoridades costarricenses decomisaron 1.995 armas de fuego, el equivalente a cinco al día, o bien, una cada cuatro horas.
La tendencia se mantuvo a lo largo de los primeros cinco meses de este año.
Sin embargo, cuando se detiene a alguien que porta un arma sin permisos, en la mayoría de los casos, ni siquiera se genera una mancha en la hoja de delincuencia.
Así lo reconoció el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, quien afirma que la principal razón es que la ley actual es muy limitada en cuanto a las penas por usar o portar armas ilegales. Por lo general, solo se contempla el trabajo comunitario como castigo.
“A menos de que sea ya una persona con antecedentes penales significativos, va a salir con ejecución condicional, va a salir dentro de una medida alternativa como la suspensión del proceso a prueba. Entonces, ni siquiera le sale manchada la hoja de delincuencia.
”Hay una sensación de impunidad porque no pasa nada. De hecho, nos había pasado en un megaoperativo que un día agarramos a una persona con el arma, se la quitamos y en el megaoperativo siguiente la volvimos agarrar y le volvimos a quitar otra arma distinta”, explicó Solano.
En términos porcentuales, el año pasado las incautaciones de armas crecieron en un 15% con respecto al 2015, cuando hubo 1.728 confiscaciones.
Para el Ministerio de Seguridad, esa cifra es un reflejo de como ha proliferado el uso de las armas de fuego para delinquir y los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo respaldan.
Por ejemplo, las denuncias de víctimas del hampa, en las que se reportó el uso de una pistola, crecieron en un 54% entre 2015 y 2017, al pasar de 7.609 a 11.765 casos.
La mayoría de las armas empleadas por los criminales vienen del mercado ilegal, cuyo flujo está ligado directamente al tráfico de drogas. Aunque también hay armas que estuvieron inscritas en el país y pasaron a la clandestinidad. R NOTA APARTE
Sitios con más decomisos. San José es la provincia que concentra la mayor cantidad de decomisos. El año pasado, las autoridades confiscaron allí 752 armas, o sea, un 38% del total incautadas en el país.
De esa cantidad, 354 fueron confiscadas en el cantón Central. Entre tanto, los distritos josefinos donde se interceptaron más artefactos fueron Pavas (77) y Hatillo (72).
No obstante, si el análisis se hace según la tasa de incautaciones, Limón es la provincia con mayor incidencia, con 80 por cada 100.000 habitantes, el doble que la tasa nacional que fue de 40, en el 2017.
Mientras, en Heredia y Alajuela fue donde se registraron las tasas más bajas, 20,5 y 25,5, respectivamente.
Narcotráfico y homicidios. Para el viceministro Solano, la situación en el cantón Central josefino está ligada directamente a disputas por venta de drogas y dominio de territorios.
“Es un cantón donde hay mayor cantidad de asentamientos informales, más presencia de criminalidad organizada y mayor presencia de búnkeres de droga. El búnker necesita su protección y, precisamente, hay un aumento en las disputas por territorio, de ajustes de cuentas por venganza entre bandas organizadas”, explicó Solano.
Dicho territorio, precisamente, también fue el que concentró la mayor cantidad de homicidios durante el 2017, con 91. Ese año, en toda la provincia se presentaron 221 homicidios, es decir, el 37% de la cifra nacional que fue de 603.
La provincia de Cartago es otro de los territorios que preocupa a las autoridades, pues allí se muestra un alza en la incidencia delictiva.
Según Solano, la expansión del mercado de las drogas también se refleja en un incremento en esa zona del uso de armas de fuego para delinquir. Los decomisos pasaron de 108 en 2015 a 194 en 2017, un alza de un 80%.
¿Y qué dice la ley? Actualmente, la Ley de Armas y Explosivos establece en el artículo 88, una pena de uno a tres meses de trabajo comunitario para quien tenga en su poder armas permitidas por legislación, pero que no se encuentran inscritas ante el Ministerio de Seguridad.
Esa sanción se eleva de seis meses a tres años de cárcel para quien ande en la calle con un arma autorizada y no cuente con el permiso respectivo.
Los castigos son mayores por la tenencia de armas prohibidas, como las ametralladoras y los fusiles militares (AK-47, por ejemplo). En estos casos, la ley fija una pena que va de los dos a los cinco años de prisión.
Sin embargo, ese es el tipo de arma de fuego que menos se decomisa en el país. Entre enero del 2015 y mayo del 2018, solo se incautaron 52, es decir, el 0,79% del total de armas que salieron de la calle en ese periodo de tiempo (6.553).
“La normativa es insuficiente porque hemos visto el arma como un elemento accesorio de la criminalidad organizada, es decir, ponemos la atención en la droga y tenemos en un segundo lugar el arma”, alega Solano.
“Entonces, una persona que se agarra con drogas y armas, muy posiblemente la pena que vaya a sufrir sea únicamente la referente al tema de drogas”, aseveró el viceministro.
Los proyectos de ley 20.508 y 20.509, promovidos por el Gobierno, pretenden endurecer las penas.
Por ejemplo, esos textos proponen una condena de tres a seis años de prisión para quienes mantengan en su poder, usen o porten un arma de fuego permitida que no esté inscrita.
La misma sanción se aplicaría a quienes porten un arma permitida, pero no tengan permiso de portación.
Además, se plantea una pena de ocho a 15 años de cárcel para quien guarde, porte, adquiera y comercie un arma prohibida.
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