Gobierno podrá abstenerse de gastar un 7% sin castigo
→ Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, explicó que el objetivo de la medida es ‘ir frenando’ el crecimiento de la deuda que financia erogaciones
En el 2019, las instituciones del Gobierno Central podrán abstenerse de gastar hasta un 7% de su presupuesto, sin temor a que al año siguiente se les reste el monto no erogado.
Así lo establece una norma presupuestaria introducida por los diputados en el Presupuesto Ordinario de la República del próximo año, aprobado en primer debate el 20 de noviembre, por ¢10,9 billones.
La legisladora liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, explicó que el objetivo de la medida es “ir frenando” el crecimiento de la deuda, la cual financia el gasto público.
La norma de subejecución va dirigida a los ministerios y sus entes adscritos, así como a todas las instituciones y órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), además de las entidades que reciben transferencias del Ejecutivo.
“Normalmente, las instituciones salen corriendo al final del año para hacer compras públicas, que no son las más eficientes. Salen de nuevo a cambiar la flota vehicular, aunque la hayan cambiado un año o dos años atrás, para que no me castiguen el presupuesto del año siguiente”, explicó Hernández.
Los parlamentarios de la Comisión de Hacendarios fijaron en un 7% el límite de la norma, porque reconocen que hay instituciones que realmente hacen compras de fin de año necesarias.
“Con esta norma, le estoy diciendo que usted puede puede ahorrar hasta un 7%, sin que esto le vaya a causar repercusiones o castigo en el presupuesto para el próximo año”, añadió la verdiblanca.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, durante el 2017 el Gobierno Central dejó de utilizar ¢986.000 millones, equivalentes al 10,7% del Presupuesto Nacional de ese año.
Según Hernández, esta norma está relacionada con la Ley de Eficiencia de la Administración de los Recursos Públicos, que entrará en vigencia en febrero de 2019.
Con esta nueva legislación, las instituciones tendrán un plazo de dos años y las Juntas de Educación cuatro años, para utilizar los saldos contables que tengan disponibles en la Caja Única. En caso de no ser usados, el Ministerio de Hacienda destinará el dinero para cancelar deuda pública.
Restringe eficiencia. Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos de Hacienda, cuestionó la norma presupuestaria que limita al 7% la subejecución anual, porque en su criterio esta restringe la eficiencia de las instituciones que quieren disminuir el gasto público.
“No me gusta, pensando en la posibilidad de que haya gente que quiera ser eficiente y se le ponga un límite, para serle honesto”, señaló Cordero.
“Generalmente, a las instituciones se les ve mal el hecho de que subejecuten y eso depende. Imagínese si usted es muy eficiente y subejecute un 30%, eso Depende
“GENERALMENTE, A LAS INSTITUCIONES SE LES VE MAL EL HECHO DE QUE SUBEJECUTEN Y ESO DEPENDE. IMAGÍNESE SI USTED ES MUY EFICIENTE Y SUBEJECUTE UN 30%, ESO SERÍA MÁS BIEN PROVECHOSO PARA LAS
’ ’ FINANZAS PÚBLICAS . Rodolfo Cordero
Viceministro de Hacienda
sería más bien provechoso para las finanzas públicas”, lamentó Cordero.
No obstante, el viceministro reconoce que hay entidades, que por deficiencias en la planificación, tienen un bajo nivel de gasto presupuestario.
En esos casos, él ve positivo que se le quite a la institución el dinero no gastado, para poder utilizarlo con otro fin.
“Yo entiendo que se le quiera poner un límite a las subejecuciones, que no sean mayores al 7%, cuando es pensado por ineficiencia, pero usted le cierra la puerta a alguien que es muy eficiente y pueda subejecutar, digamos, 15% por ser muy eficiente. Por ahí también los limita y los podría afectar”, añade el viceministro de Egresos.
A modo de ejemplo, el Ministerio de Educación Pública no utilizó el 7% del plan de gasto autorizado para el 2017, equivalente a ¢184.000 millones.
Mientras, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dejó de usar el 8,1% de su presupuesto (¢41.000 millones), y el Ministerio de Seguridad Pública no usó el 12,5% de su presupuesto, equivalente a ¢31.500 millones.
Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior no gastó el 23,3% (¢2.000 millones) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones subejecutó el 22,1% (¢2.400 millones).
El gasto del Gobierno Central para el 2019 crecerá en un 17,5% en comparación con el 2018, empujado principalmente por el crecimiento en el costo de la deuda pública.
El dinero para pagar los intereses y las amortizaciones de los bonos de deuda soberana crecerá en un 50%.
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