Inundación de armas
Al cierre del 2017 había 244.455 armas matriculadas en la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública encargada de llevar los registros.
Nosenorgullece ser un país de paz, pero estamos bien armados. Al cierre del 2017 había 244.455 armas matriculadas en la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública encargada de llevar los registros. No se sabe a ciencia cierta cuántas más están en la clandestinidad, pero la Policía decomisa cuatro al día y, en promedio, los hospitales atienden un herido de bala en el mismo lapso. La tasa de homicidios ronda 12 por 100.000 habitantes y la inmensa mayoría son cometidos con armas de fuego.
En 20 años, la tenencia legal de armas aumentó un 150 %, pero la inscripción no las hace menos letales. La mayoría de los ciudadanos con armas inscritas las poseen de buena fe, como medio de defensa, sin la más remota intención de atacar a un semejante. Sin embargo, muchos homicidios no vinculados con la delincuencia habitual podrían haberse evitado si un arma no hubiera estado al alcance en un instante desafortunado. Lo mismo puede decirse de los suicidios y accidentes, a menudo protagonizados por niños.
La presencia del arma facilita los desenlaces fatales de la violencia doméstica o la conversión de un enojo de vecindario en tragedia. No son raros los homicidios cometidos por disputas de tránsito, a cuenta de victimarios sin antecedentes penales, y los causados por discusiones intrascendentes. Y, si bien hay casos de defensa personal exitosa frente a un ataque del hampa, los estudios documentan la peligrosidad, para la víctima, de intentar repeler la agresión a balazos. El delincuente tiene las ventajas de la iniciativa y la falta de escrúpulos.
Si la inscripción de armas no es consuelo, más preocupación causa el armamento clandestino. El 48 % de los homicidios son ajustes de cuentas entre delincuentes, casi siempre motivados por el narcotráfico, y en ellos cobran protagonismo las armas no inscritas. El vínculo entre el mercado negro y el tráfico de drogas es directo.
La organización no gubernamental Small Arms Survey calcula en 257.000 las armas no inscritas, es decir, un 5 % más que las contabilizadas oficialmente por Seguridad Pública. No todas las armas fuera de registro están en manos de delincuentes, pero la clandestinidad facilita la compra a personas con antecedentes penales. El mercado negro también se nutre de armas inscritas y luego desaparecidas sin dejar rastro. El decomiso de un arma de fuego cada cuatro horas, el 80 % de ellas cortas, es testimonio de la profundidad y extensión del mercado clandestino.
El endurecimiento de las penas es una solución demasiado recurrida frente a la delincuencia. El debate se ha dado, especialmente, en relación con la relativa impunidad de algunas contravenciones. Los alegatos a favor de castigos más severos descansan sobre la premisa de que la delincuencia menor exige una respuesta para no transformarse en un fenómeno más grave. A menudo hemos discrepado con esa línea de pensamiento, pero, en el caso de las armas, el país está urgido de regulaciones más estrictas.
Por eso es importante apoyar al gobierno en la promoción de dos proyectos de ley orientados a endurecer las penas por tenencia de armas ilícitas o portación irregular. En la actualidad, quien posea un arma permitida no inscrita puede ser condenado a entre uno y tres meses de trabajo comunitario. Según la reforma propuesta, quien posea, porte o utilice un arma permitida por ley, pero no inscrita, puede ser condenado a entre tres o seis años de cárcel. La adquisición, portación, tenencia y comercio de armas prohibidas sería penada con entre 8 y 15 años de prisión, cuando hoy la misma conducta se castiga con entre 2 y 5 años. Las penas propuestas son severas, pero la inundación de armas de fuego descrita en reportajes de este diario la semana pasada tiene consecuencias trágicas. Es necesario controlarla.
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Al cierre del 2017 había 244.455 armas matriculadas en la dependencia del Ministerio de Seguridad Pública encargada de llevar los registros
La organización no gubernamental Small Arms Survey calcula en 257.000 las armas no inscritas, es decir, un 5 % más que las contabilizadas oficialmente por Seguridad Pública