Pleito atasca apertura de muelle petrolero en Moín
20 meses varado por conflicto entre dos empresas que lo construyen
Hace casi siete años comenzó la construcción del nuevo muelle petrolero de Recope en Moín, Limón, y aunque está con un avance del 95%, ni el mismo gobierno sabe cuándo entrará en operaciones.
Ese 5% que falta tiene estancada, desde hace 20 meses, la obra de 200 metros de largo y $112 millones de inversión. Se trata de un diferendo entre el consorcio constructor, formado por la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la costarricense MECO.
“Hay un problema serio con los contratistas que han incumplido sus obligaciones. El presidente de Recope, Alejandro Muñoz, tuvo una reunión de trabajo hace dos meses para discutir la conclusión de la obra este diciembre. Ese es el acuerdo pero, a como vamos, pues vemos incumplimientos”, expresó el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.
“Recope está amarrado de manos. Por un lado, los contratistas han incumplido y se trata de un consorcio de dos socios que hoy están en medio de una disputa legal. Eso no favorece las condiciones”, agregó.
La llamada Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico se inició en mayo del 2012 y debía estar lista 780 días después (poco más de dos años), en el 2014. Inicialmente, costaría $98 millones, pero los atrasos la elevaron hasta $112 millones ($14 millones más).
Con esta obra, los costarricenses pagarían precios más bajos en los combustibles, pues el muelle tiene mayor profundidad que el actual y, eso permitirá la entrada de barcos de más tamaño, con lo cual la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contrataría menos naves.
En el 2013, la Casa Presidencial cifró en $20 millones el ahorro anual.
El ministro Rodríguez confirmó que el consorcio ICAMECO recibió el dinero necesario para concluir la terminal que se usará para descargar gas, gasolina, diésel y otros carburantes.
El 5% faltante consiste en todo el cableado de los equipos electromecánicos para desembarcar combustible de los navíos, el equipamiento eléctrico para control de los brazos hidráulicos de manejo de carga y los instrumentos de control general.
El 1.° de setiembre, el mandatario Carlos Alvarado visitó la terminal y la dio por entregada. Ese mismo día, el presidente ejecutivo de Recope declaró que la operación dependía del desalmacenaje del componente electrónico en aduanas, lo que, según dijo, estaba previsto para la semana siguiente. Después, habría que capacitar al personal de la Refinadora.
En caso de que la constructora no cumpla, Recope deberá rescindir el contrato primero, e iniciar un nuevo proceso, lo cual mantendría al país sin esas obras.
“Para poder concluir la obra, tenemos dos opciones. Una es conversar otra vez con el consorcio y hacerles ver su compromiso luego de incluso haber re-
cibido consideraciones especiales para terminar el trabajo. La otra es romper el contrato”, confirmó Rodríguez.
Una ruptura de contrato por incumplimiento supone (en el mejor escenario) al menos un año mientras se cierra legalmente la relación entre Recope e ICA-Meco. Solo después se podría contratar otra empresa.
Muñoz, en un principio, accedió a conversar con este diario sobre los escollos, pero alegó que primero debía informarse con su gerente de Desarrollo, Leonel Altamirano. Al cierre de esta edición y luego de varios intentos, Muñoz seguía sin referirse al tema.
También se consultó a Meco, que declinó porque, supuestamente, su socio ICA es el único por ahora encargado de brindar declaraciones. La Nación preguntó directamente a Alberto Santiago, gerente del consorcio en Costa Rica.
“Respecto al contrato de la ampliación del muelle petrolero, le comento que cualquier información sobre este contrato se ha acordado que sea a través de Recope”, respondió.
Mientras tanto, cerca del muelle de 200 metros en conflicto, acaba de iniciar operaciones el megapuerto para contenedores que la holandesa APM Terminals comenzó a construir el 19 de enero del 2015.
Alerta. La primera alerta de los problemas se dio en marzo del 2017, cuando el gerente de Desarrollo de la Refinadora informó de que el consorcio había dejado de pagarles a los 150 trabajadores.
Para entonces, el socio mexicano y mayoritario, Ingenieros Civiles Asociados, atravesaba una crisis financiera que la obligó a declararse en quiebra.
Por la falta pago y las diferencias que el problema ocasionó con Recope, la obra estuvo frenada seis meses, según consignan documentos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en los cuales se revelan “muchos inconvenientes con el contratista en lo que se refiere al manejo contractual del muelle que ha derivado en reclamos económicos".
El año pasado, la Refinadora le solicitó a la Aresep un ajuste ordinario de tarifas de combustibles para costear $8,4 millones de reclamos del consorcio y otros $4,7 millones adicionales como parte del acuerdo de finalización de ese contrato.
Sin embargo, la Autoridad Reguladora no lo aceptó.
La terminal actual, construida hace 40 años, impide el atraque de buques con más de 40.000 toneladas de peso muerto (270.000 barriles de carburantes). La razón es que el calado del muelle pasó de entre 11 m y 12 m a 9,5 m al levantarse la plataforma marina debido al terremoto de 7,6 grados de 1991. Sin calado suficiente, barcos muy pesados pueden golpearse contra el fondo marino al atracar.
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