Juez de Limón que dictó cárcel en caso Recope pide seguridad
El martes sentenció a dos años a empleado que dañó válvula vital
Sergio Céspedes, el juez del Tribunal de Flagrancias de Limón, quien el martes anterior condenó a un trabajador de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a dos años de prisión por el delito de daños, solicitó protección policial este jueves.
La petición la presentó ante la Oficina de Protección que está a cargo de la Fiscalía, aunque no trascendieron las razones que motivaron al juzgador a plantear dicha gestión.
Al respecto, la Fiscalía indicó que “el protocolo señalado para esta materia establece que no es posible confirmar o descartar si una persona se encuentra o no dentro de un programa de protección”.
Sergio Céspedes mandó a la cárcel al trabajador Carlos Andrés Pérez, luego de declararlo culpable de dañar el sistema de tuberías de una esfera de gas LPG en Moín, Limón, hecho perpetrado la noche del 11 de setiembre y el cual fue calificado por el juzgador como gravísimo.
Este juez, después de dar a conocer al fallo, se negó a conceder al sentenciado el beneficio de ejecución condicional de la pena y, más bien, le impuso seis meses de prisión preventiva, mientras la sentencia adquiere firmeza.
‘Preso político’. La decisión generó reacciones y, este jueves, en redes sociales circularon mensajes en los cuales se calificó a Pérez de “preso político”.
El Partido de los Trabajadores Costa Rica, en su página en Facebook, publicó una foto del sentenciado con el siguiente pie de grabado:
“Carlos Andrés Pérez es un joven obrero de 27 años, que salió a enfrentar el plan del gobierno (...) y, junto a miles de trabajadores de Recope y demás instituciones, encabezó uno de los movimientos de resistencia más importantes en nuestra historia reciente, pero se enfrentó a un aparato judicial que busca ponerlo de ejemplo para que la gente tenga miedo de salir a manifestarse”.
En otra nota, en la misma página, aseguraron que se trata de un trabajador perseguido por “un aparato judicial que se ha mostrado complaciente con el Gobierno y las cámaras empresariales, no solo usando los tribunales para perseguir y condenar luchadores, declarando ilegales las huelgas, sino poniendo a la Sala Constitucional a respaldar un combo fiscal”.
Paralelamente, el abogado Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez, presentó el jueves un hábeas corpus solicitando a la Sala Constitucional que se ponga de inmediato en libertad al sentenciado.
La acción la basó en una supuesta errónea fundamentación y desproporcionalidad en la medida de prisión.
Loaiza reclama que el juez hizo una recalificación del delito y no consideró que Pérez carece de antecedentes judiciales.
Esto le habría permitido recibir el beneficio de la ejecución condicional de la pena.
Esta última implica la posibilidad de quedar libre, pero durante un periodo de tres a cinco años no puede cometer otro delito doloso, pues si lo hace, deberá cumplir la condena.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional indicó que al hábeas corpus se le dio curso y se pidió criterio a la Fiscalía Adjunta de Limón y al Tribunal de Flagrancias de Limón.
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