Plan fiscal se aprobó en forma definitiva con 34 votos
Ayer lunes, luego de un año de trámite legislativo, los diputados aprobaron definitivamente el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580, con el objetivo de paliar el déficit de dinero que sufre el Gobierno para pagar sus gastos.
La iniciativa fue aprobada con los votos de 34 diputados, mientras que 17 se manifestaron en contra en el segundo debate de la reforma tributaria. En el primer debate, 35 habían votado a favor y 22 se opusieron.
La tarde de este lunes, a las 5:44 p. m., votaron a favor 14 diputados de Liberación Nacional (PLN), 10 de Acción Ciudadana (PAC), ocho de la Unidad Social Cristiana (PUSC), una de Integración Nacional (PIN) y el independiente Erick Rodríguez. Zoila Rosa Volio, del PIN, quien había votado en contra en el primer debate, se pronunció positivamente en el segundo.
Votaron en contra siete diputados del boque independiente, tres de Restauración Nacional, dos del PIN, dos del PLN, uno del Republicano Social Cristiano, uno del Frente Amplio y una del PUSC.
Se ausentaron tres diputados de Restauración, una del PLN, uno del Reúblicano y uno del bloque independiente.
La aprobación definitiva en el Congreso se produjo luego de dos intentos fallidos de dos gobiernos en diferentes décadas y de semanas de huelga de empleados públicos.
Con la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda pretende recaudar, por lo menos, ¢422.400 millones, menos de dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), para paliar el déficit financiero que supera el 7% de ese PIB.
El plan fiscal tiene, entre sus reformas más importantes, la transformación del impuesto general sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), con lo que se gravará con una tarifa del 13% una mayor cantidad de servicios que hoy están exentos.
Igualmente, se hacen varias reformas en el impuesto sobre la renta, como la aplicación de la renta global, para que los contribuyentes deban tributar sobre la globalidad de sus ingresos y no en forma separada. Este cambio aumenta el monto final que deben pagar las personas con mayores ingresos.
Además, se aumenta hasta un 25% el impuesto sobre la renta que deben cancelar las personas con salarios superiores a ¢2,1 millones.
El tercer capítulo del plan fiscal introduce una serie de modificaciones a la Ley de Salarios de la Administración Pública, para contener el gasto en pluses como prohibición, dedicación exclusiva y anualidades, al tiempo que se limita a ocho años el pago de la cesantía en el sector público.
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