Descartado que plan socave las ‘U’ públicas
Los magistrados de la Sala IV señalaron que no es inconstitucional eliminar leyes con financiamientos específicos a programas o instituciones, como algunas sedes de universidades públicas.
Así dice el fallo de 357 páginas que responde a consultas facultativas que hicieron los diputados sobre el plan fiscal, aprobado este lunes en el Congreso y firmado por el presidente Carlos Alvarado.
En busca de liberar al Ministerio de Hacienda de algunas obligaciones presupuestarias, la reforma plantea derogar algunos destinos específicos, pero sin dejar de financiar a las instituciones. Es decir, el plan desaparece las obligaciones pero garantiza que, como mínimo, recibirán en el futuro el monto vigente al año de aprobación de la reforma.
Las leyes derogadas financian algunas sedes de las universidades públicas, así como al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entre otros.
En el caso de las universidades, se derogó la obligatoriedad legal de girar una parte del impuesto de renta para financiar las sedes regionales de Paraíso en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR); las Brunca y Chorotega, de la Universidad Nacional (UNA) y las sedes de Limón y Osa del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).
Esto no afecta los fondos que financian la mayor parte de la educación superior estatal, sobre lo cual, la Sala resolvió que las rentas que no se pueden disminuir son las del Fondo Espe- cial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES).
“Si se pretendiera argüir que (...) el Estado se encuentra en obligación de girar todos los destinos específicos legales, entonces (...) se incurriría en una vulneración al artículo 176 de la Constitución Política (que establece que el gasto no puede superar los ingresos probables)”, concluyó la Sala.
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