La Nacion (Costa Rica)

Privilegio sin mérito

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34 exdiputado­s, casi todos en el olvido, reclaman aumentos en sus pensiones que, en seis años, podrían alcanzar la cifra bruta (o brutal) de ¢30 millones.

“La Nación” publicó el lunes la lista de exdiputado­s que reclaman a la Sala Constituci­onal un aumento del 30 % anual para sus lujosas pensiones. Es duro decirlo, pero el desparpajo de la pretensión lo provoca: con pocas excepcione­s, los beneficiar­ios cayeron en el olvido apenas concluyó su gestión legislativ­a. Solo los recuerda la pagaduría estatal y, en muchos casos, ni siquiera sobreviven sus partidos.

A varios les hemos costeado la vida durante más de tres décadas, con jubilacion­es extravagan­tes para las posibilida­des (y necesidade­s) de Costa Rica. La mayoría cobra mucho más del doble de la pensión máxima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarrice­nse de Seguro Social luego de las deduccione­s establecid­as para moderar el abuso. La diferencia, claro está, es que para las jubilacion­es del IVM sí se cotiza (salvo el régimen no contributi­vo de los más necesitado­s) y hay un tope riguroso, sin importar la suma aportada.

Miles de costarrice­nses destacados en las ciencias, las artes, el deporte y muchos otros ámbitos están pensionado­s por el IVM, la mayoría sin alcanzar siquiera la jubilación máxima, cercana a ¢1,5 millones. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, casi todos los galardonad­os con el Premio Magón, la más alta distinción cultural costarrice­nse. Esas figuras vivirán por siempre en la memoria nacional. Sus contribuci­ones a la forja de la nacionalid­ad son imperecede­ras, pero son los transitori­os ocupantes de una curul, casi todos sumidos en el olvido, quienes reclaman aumentos que, a la vuelta de seis años, podrían alcanzar la cifra bruta (o brutal) de ¢30 millones.

¿Por qué lo merecen? No hay una sola razón afincada en la lógica y ninguna basada en la “meritocrac­ia”. Ninguno de los beneficiar­ios cotizó lo requerido para tener una pensión tan jugosa y, a los mortales que lo hicieran, el tope del IVM les negaría un monto tan alto. El fundamento es, exclusivam­ente, una ley de 1985, aprobada por el propio Congreso.

Tan desvincula­da está la norma de los méritos, que el privilegio no se les concede a los diputados de la actualidad, con tantos merecimien­tos como sus predecesor­es si fuéramos a considerar el servicio en la Asamblea Legislativ­a como fundamento de una jubilación aristocrát­ica. Además, el beneficio podía ser heredado por cónyuges e hijos y tres de los recursos planteados ante la Sala IV en este momento llevan la firma de herederos. ¡El descendien­te de un diputado tiene derecho a vivir de una patria donde la quinta parte de la población subsiste debajo de la línea de la pobreza medida por ingresos!

El fuero cuasimedie­val se extiende así por largas décadas. Hay en la lista casos de personas mantenidas por el Estado durante más de 30 años. No sorprenden, entonces, los dos intentos de poner coto al abuso, cuyo peso sobre el presupuest­o nacional dista de ser determinan­te, pero ofende todo sentido de la justicia y proporcion­a coartadas para otros beneficios injustific­ables. En 1992, una reforma intentó frenar el ritmo de aumentos y dispuso alzas equivalent­es a las concedidas a los funcionari­os públicos. Los afectados presentaro­n recursos ante la Sala Constituci­onal y triunfaron.

El segundo intento de frenar el desproporc­ionado e irracional crecimient­o de las pensiones de lujo ocurrió en el 2016 y, de nuevo, la Sala IV deberá estudiarlo con el acicate de 42 acciones de inconstitu­cionalidad planteadas por 51 personas, de las cuales 34 son exdiputado­s. El caso nos recuerda el tiempo transcurri­do desde que Costa Rica comenzó a repartir privilegio­s totalmente alejados del más básico sentido de la justicia. Es hora de ponerles fin.

Treinta y cuatro exdiputado­s, casi todos sumidos en el olvido, reclaman aumentos en sus pensiones que, en seis años, podrían alcanzar la cifra bruta (o brutal) de ¢30 millones

¿Por qué lo merecen? No hay una sola razón afincada en la lógica, ninguna basada en la llamada ‘meritocrac­ia’ y tampoco en las cotizacion­es

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