Reforma fiscal entra a regir hoy con nuevas condiciones para funcionarios
Mayoría de ajustes recae sobre nuevos empleados, pero toca anualidades de los actuales
El funcionario público que inicie funciones a partir de hoy lo hará en condiciones distintas a las de los actuales empleados, aunque estos también verán ajustes tras la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue publicada en el diario oficial La Gaceta la tarde de ayer martes.
Algunos cambios ya se habían introducido en el Gobierno Central. Sin embargo, con el plan fiscal, se extienden a los poderes Judicial y Legislativo, así como al Tribunal Supremo de Elecciones y al resto de instituciones públicas.
Otras modificaciones de la reforma, como el impuesto al valor agregado (IVA) y la reforma al impuesto de renta regirán en seis meses.
Algunas variaciones. Para los nuevos funcionarios públicos con pago de dedicación exclusiva, esta equivaldrá a 25% si son licenciados y 15% a bachilleres. Los contratos actuales, en cambio, establecen un 55% y un 20%, respectivamente. También, el plus por prohibición será de 30% para licenciados y 15% para bachilleres, en lugar de 65% y 30%.
Para ambos grupos, es decir, los actuales y los que entren a laborar al sector público, el pago por años laborados (anualidades) dejará de ser un porcentaje del salario y pasa a un monto nominal, o sea, fijo. Esto, con la intención de evitar el crecimiento exponencial del gasto.
Antes, en el Gobierno se reconocía un 1,94% adicional sobre el salario base por cada año laborado para profesionales, y 2,56% para no profesionales.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, indicó que el ajuste no regirá en instituciones que pagan anualidades más altas por convención colectiva, hasta que esta no sea renegociada.
Por otro lado, tanto empleados nuevos como actuales serán sometidos a una evaluación de desempeño, de la cual dependerá que reciban la anualidad.
Solo quienes reciban calificación “muy bueno” o “excelente” o su equivalente numérico, obtendrán el plus. Antes se otorgaba incluso a los “buenos”.
La nueva ley también fija un tope a la cesantía. En este caso, se ajusta a lo que indica el Código de Trabajo, que son 8 años.
La única excepción será para los empleados públicos cuya cesantía está cubierta por alguna convención colectiva, pero estos, de igual manera, no podrán recibir más de 12 años debido a este reconocimiento.
Los diputados hicieron esta salvedad con las convenciones colectivas, ya que existen varias que reconocen incluso hasta 20 años de cesantía.
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