Postura incoherente
EABOGADO l periódico La Nación informó de que la Cancillería costarricense no se adhirió a la demanda que siete países presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue la dictadura venezolana por crímenes de lesa humanidad.
Esta omisión es una de las páginas más vergonzosas de la historia diplomática de Costa Rica. ¿Por qué? Lo resumo en tres razones. En primer término, por la actitud incoherente del gobierno, que por una parte envía un comunicado afirmando a la prensa que expresaba su “apoyo” a la petitoria de los siete países, para después negarse a firmarla. El colega Manuel Ventura, amplio conocedor del mundo de la diplomacia, calificó el hecho, por decirlo de la manera más generosa, como una total “informalidad”.
La segunda razón radica en que esa actitud, agazapada y ambigua, contradice nuestra valiente tradición diplomática en favor de los oprimidos frente al poder. El manual de principios de nuestra política exterior contemporánea lo forjó José Figueres Ferrer en los años 50, cuando asumió el liderazgo latinoamericano contra lo que entonces daban en llamar la “internacional de las espadas”, que era el conjunto de dictaduras militares que dominaban el continente.
Fue un valeroso enfrentamiento contra Somoza, Marcos Pérez Jiménez o Trujillo, que incluso intentó asesinar a don Pepe por ello. Salvo el apoyo de algunas figuras prestigiosas de la oposición política latinoamericana, como Rómulo Betancourt, Muñoz Marín o Haya de la Torre, Costa Rica se encontraba prácticamente sola frente a aquellas dictaduras.
Años después, enfrentamos otra gran crisis, la de la guerra centroamericana, y la posición del gobierno fue igualmente valiente al enfrentar, de forma directa, la política belicista de la administración Reagan.
Delitos de lesa humanidad.
El tercer factor se refiere a lo que significa esa denuncia internacional para la lucha por la liberación del pueblo venezolano. La Corte Penal Internacional es un tribunal cuya jurisdicción comprende los países adheridos al Estatuto de Roma de 1998 y atiende lo que en derecho penal internacional se conoce como delitos de lesa humanidad.
El concepto se refiere a crímenes relacionados con violencia física en contra de colectivos humanos. Tales como los exterminios, torturas y asesinatos de adversarios o disidentes políticos, desapariciones selectivas, políticas de segregación racial y la esclavitud grupal, entre otras fechorías. Hasta los juicios de Núremberg, en 1946, la represión judicial de los delitos cometidos por los dictadores era una práctica inexistente.
No es hasta hace muy pocos años que el sistema judicial internacional decidió atreverse a procesar a quienes detentan el poder. La verdad es que solo por esa vía es posible juzgar a los tiranos, pues mientras detentan el poder sus regímenes no son verdaderas repúblicas, donde los jueces actúan con independencia.
Dictadura judicial, perversión del Estado de derecho y Consolidación de la tiranía judicial son dos libros del jurista Allan Brewer-Carías que describe la ruta del delito hacia la destrucción del Estado venezolano. Y donde la república desaparece es imposible juzgar al opresor que la controla.
Cuando los países dejan de ser Estados de derecho, la justicia internacional se ve obligada a actuar. Y como en algunos casos el sistema legal internacional sí evoluciona para bien, debemos reconocer que ha mejorado el sistema mundial de represión criminal sobre la clase política, pues en los últimos años la Corte Penal Internacional ha sido proclive a procesar a aquellos líderes que cometen crímenes de lesa humanidad, pese al hecho de que estos aún conserven el poder. Tal es el caso del filipino Rodrigo Duterte, hoy investigado por asesinatos de civiles o el del presidente sudanés Omar Hasán Ahmad al Bashir, contra quien se emitió orden de detención en el 2009 por los crímenes de guerra en Darfur.
Si perteneciera Siria a la jurisdicción de la Corte, no me cabe la menor duda de que dicho tribunal ya habría procesado al presidente Al Asad por el ataque químico contra la población civil de Idlib, donde era fuerte la oposición al régimen.
Juzgamiento.
Pero Venezuela es parte signataria del Estatuto de Roma. Eso significa que los crímenes de lesa humanidad cometidos dentro del territorio venezolano pueden ser juzgados.
De hecho, la gambiana Fatou Bensouda, fiscala de esa jurisdicción, inició la apertura de examen preliminar contra Nicolás Maduro y la denuncia que se negó rubricar la canciller Campbell es fundamental para el impulso del proceso.
A Maduro se le investiga por los asesinatos cometidos entre marzo y agosto del 2017. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al 31 de julio de ese año se documentó la masacre de 124 personas en las protestas. De ellas, 46 se consideran obra de las fuerzas de seguridad y 27, de los grupos paramilitares del régimen, llamados colectivos bolivarianos.
Otras causas de lesa humanidad son los encarcelamientos masivos de disidentes políticos, un hecho harto documentado por la ONU y otras organizaciones de prestigio. Tan solo durante el período señalado se cuenta con más de 5.000 detenidos, muchos de ellos menores de edad. Súmense múltiples casos de desapariciones forzadas.
El Foro Penal Venezolano registra la estadística reciente de más de 1.300 presos políticos por oponerse al régimen. Derivado de los encarcelamientos antes señalados, la ONU, a través de su Oficina del Alto Comisionado documentó que el régimen ha ejecutado detenciones arbitrarias que incluyen tortura con cloro y sal, con instrumentos de descarga eléctrica, asfixias parciales y golpizas contra los detenidos. Leopoldo López, el reo más célebre, denunció que durante su encierro en la prisión de Ramo Verde se vio sometido a palizas durante la madrugada, lanzamiento de excremento por autoridades penitenciarias, largas supresiones de la luz solar y encierro en calabozos diminutos, entre otras torturas. Además fue testigo de ese tipo de suplicios contra otros presos. La omisión de la Cancillería es una grave falta que atenta contra nuestro hoy devaluado prestigio.
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La Corte Penal Internacional investigará a Nicolás Maduro sin la firma de Costa Rica