AyA teme que se malogren demandas contra urbanizadores
“HE ESTADO SOLICITANDO UNA CITA CON ELLA (EMILIA NAVAS, FISCALA GENERAL) PARA EXPLICARLE LA GRAVEDAD DE ESTO
Y, AL FINAL, NOS ATENDIÓ PERSONAL AUXILIAR (...), PERO NO TENEMOS RESPUESTA.
’’ Yamileth Astorga
Presidenta de Acueductos y Alcantarillados
Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), teme que cambios recientes dentro de la Fiscalía General de la República malogren denuncias judiciales del Instituto contra grandes desarrollos urbanísticos que roban agua.
Según la jerarca, desde marzo, cuando llegó Emilia Navas a la Fiscalía General, desapareció la Dirección Funcional del Ministerio Público con la que el AyA trabajaba y compilaba pruebas para confeccionar los expedientes.
“Todo el equipo de coordinación, toda la experiencia y conocimiento que esos funcionarios acumularon junto al AyA se perdió. Las seis denuncias que había se pasaron a otras fiscalías y tememos que se pierdan al ser temas especializados que, sin contexto y conocimiento, pueden subestimarse”, aseguró Astorga.
Citó que el expediente 16-000107-1292-PE ya lo desestimó la Fiscalía de Goicoechea, aun cuando, dice, la presentación del caso y de las evidencias se formuló luego de meses de pesquisa y con el aporte de funcionarios del Poder Judicial, en alianza con una fuerza especial de trabajo del AyA.
La jerarca afirma que descubrieron la eliminación de la Dirección Funcional hasta agosto, cuando acudieron al Ministerio Público a darle seguimiento a los casos ya presentados. Ahora, el criterio de distribución a la Fiscalía, aseguró Astorga, es territorial.
Hay un caso en la Fiscalía de Goicoechea (expediente 17-000061-1292-PE), dos en la de Pavas (17-000313-1292-PE y 17-000314-1292-PE), otro en la Fiscalía de Probidad (17-000060-1292-PE) y el último en la Fiscalía de La Unión de Cartago (16-000153-1292-PE).
El AyA afirma que, en los últimos tres años, al menos 210 desarrollos, entre torres de apartamentos, urbanizaciones y oficentros, instalaron tuberías para agua sin pagarla.
La situación agrava problemas de suministro en época seca, cuando hasta 450.000 habitantes de cantones metropolitanos se quedan sin líquido entre seis y 12 horas al día, asegura la entidad.
En riesgo. Por esta razón, AyA interpone demandas penales para frenar pérdidas económicas y prevenir faltante. Hoy, dice Astorga, esto corre peligro.
La Nación consultó a la Fiscalía General sobre los señalamientos y en un correo electrónico confirmó algunos puntos.
“La Fiscalía General informa que los casos en cuestión se encuentran avanzando y bien atendidos en las distintas fiscalías adonde fueron distribuidos”, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Astorga teme que esos cinco casos pendientes queden desestimados. También asegura que ha intentado, sin éxito, reunirse con Navas para explicarle la gravedad de la situación con esas tomas ilegales.
Según prensa del Ministerio Público, la Fiscalía General decidió la semana anterior designar a un fiscal de enlace entre la institución y el AyA para atender los casos de forma especializada y directa.
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