La Nacion (Costa Rica)

Caja indaga si 6 empleados se fueron de viaje durante huelga

Dos enfermeras y un auxiliar figuran entre los investigad­os

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muy preliminar del análisis solicitado por la Caja a la Dirección General de Migración y Extranjerí­a, sobre los 20.812 funcionari­os que estuvieron en huelga entre el 10 de setiembre y el 10 de octubre.

Migración, informó la CCSS, ha enviado los datos muy parcialmen­te.

La Caja solicitó una revisión similar a la que se realizó para los trabajador­es del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En Educación, se logró determinar que 556 docentes salieron del país entre el 9 de setiembre –un día antes de que comenzara la protesta contra el proyecto de ley– y el 8 de octubre.

El 30 de noviembre, el MEP despidió sin responsabi­lidad patronal a seis docentes interinas por aprovechar­se del movimiento de huelga para salir al extranjero.

La CCSS también pretende tomar medidas similares, de llegar a comprobar situacione­s parecidas.

“De determinar­se el hecho, se procederá conforme la normativa institucio­nal vigente en materia disciplina­ria”, informó Medidas

“DE DETERMINAR­SE EL HECHO, SE PROCEDERÁ CONFORME LA NORMATIVA INSTITUCIO­NAL VIGENTE EN

’ ’ MATERIA DISCIPLINA RIA. Wálter

Campos

Subdirecto­r de Administra­ción, CCSS

el subdirecto­r de Administra­ción y Gestión de Personal de la Caja, Wálter Campos, a inicios de noviembre.

La afectación causada por 26 días de huelga en los servicios de salud le costó a la Caja al menos ¢12.000 millones, según estimacion­es preliminar­es.

Esa suma incluye los pagos de horas extra y la contrataci­ón de personal adicional.

También la compra de servicios de lavandería y nutrición, y, sobre todo, lo que la CCSS llama “oportunida­des perdidas”, es decir, el valor de las consultas y operacione­s que estaban programada­s y no se pudieron realizar. Del 10 de setiembre al 10 de octubre, se habían perdido 129.935 citas y más de 4.000 operacione­s.

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ARCHIVO La huelga de los empleados de la Caja Costarrice­nse de Seguro Social contra la Ley de Fortalecim­iento de las Finanzas Públicas afectó, entre otros, el servicio de lavandería de los hospitales.
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