Crímenes de lesa humanidad
La conclusión es clara: los responsables, incluido el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, deben enfrentar la justicia
Un detallado y contundente informe internacional revela los peores rasgos de la dictadura
La conclusión es clara: los responsables, incluido Ortega, deben enfrentar la justicia
Ante la protesta,
la represión criminal. Ante su revelación, el acoso, la expulsión y el insulto. Ante la verdad, la imposición de silencio y ocultamiento. Ante la exigencia de democracia y libertad, el desenfreno dictatorial y arbitrario. Esta ha sido la “lógica” de poder seguida hasta ahora por el régimen de Daniel Ortega, en una síntesis que incorpora, con perverso sincretismo, enseñanzas tan diversas como las de Anastasio Somoza, Fidel Castro, Augusto Pinochet y Hugo Chávez, a las que ha añadido nuevos elementos forjados en su búnker de Managua.
En los últimos días, los peores rasgos de su dictadura han quedado de manifiesto con apabullante claridad y crueldad, tanto por el meticuloso informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en derechos humanos, como por las acciones desatadas por Ortega y sus secuaces ante sus revelaciones.
El GIEI se creó producto de un acuerdo suscrito el 30 de mayo de este año entre el propio gobierno de Nicaragua, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su propósito era “coadyuvar y apoyar acciones” supuestamente iniciadas por el Estado para investigar y esclarecer “los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo” y, de este modo, obtener “justicia para todos y reparación del daño a las víctimas”.
Cumplida esa tarea, que se refleja en 422 páginas y varios anexos, el GIEI iba a rendir su informe en Managua el pasado jueves; sin embargo, el miércoles el régimen ordenó su expulsión, en medio de trilladas acusaciones sobre “violación de la soberanía”; por esto, fue presentado el viernes en Washington, sede de la OEA. La magnitud, extensión y crueldad de las violaciones de los derechos fundamentales que revela, cometidas en apenas el mes y medio en que se centró la investigación, es apabullante e indignante. No en balde la reacción de Ortega.
Basta citar en su totalidad un párrafo del documento para aquilatar su magnitud: “El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua (que no es miembro ni reconoce su jurisdicción) acepte la competencia en virtud del art. 12.3 del Estatuto de Roma” (énfasis añadidos).
Es decir, dada su seriedad, los crímenes cometidos durante el lapso investigado —a los que el informe califica como un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”— no deben quedar impunes; más aún, al haber sido “avalados por las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente de la República”, estas deben asumir su responsabilidad ante la justicia internacional. Como agravante, añade que, al momento de presentar el informe, “la situación del país en relación al respeto y garantía de los derechos humanos sigue siendo sumamente preocupante”.
El régimen se encargó de agravarla, aún más, durante la noche del viernes y madrugada del sábado, cuando asaltó el canal de televisión 100 % Noticias, tomó su control y apresó a varios funcionarios, entre ellos a la periodista Lucía Pineda, que tiene las nacionalidades nicaragüense y costarricense; además, sacó temporalmente del aire a otros canales. Esto se suma a los recientes ataques contra otros medios y el retiro de la personería jurídica a varias organizaciones no gubernamentales.
La conclusión es sumamente clara y trágica: acorralado en su laberinto de arbitrariedad, impopularidad, ilegitimidad, rechazo ciudadano, aislamiento internacional y –a partir de ahora –, inevitable exposición ante la justicia penal internacional, Ortega se ha refugiado en la represión pura y dura. Es su único recurso para sobrevivir, pero también señal de que enfrenta una cuenta regresiva de la que, difícilmente, podrá librarse. Eso esperamos. ■