Agencia de gobierno digital
En buena hora la Asamblea Legislativa intervino para asegurar la permanencia de los esfuerzos de digitalización.
Existen áreas del quehacer gubernamental donde el progreso debe ser constante. Son tareas estratégicas, cuyo avance a brincos y saltos es inaceptable. Para evitar los vaivenes de los cambios de gobierno, y hasta el efecto de los celos frente a la obra de la administración anterior, es necesario institucionalizar esas iniciativas y transformarlas en políticas de Estado, a salvo de caprichos y pasiones.
Una de esas áreas, en pleno siglo XXI, es el gobierno digital. La administración Arias dio el empuje inicial, la siguiente lo mantuvo y el de Luis Guillermo Solís pretextó un reacomodo para frenarle el ímpetu. Su impulsora, Alicia Avendaño, terminó arrinconada en un despacho de Radiográfica Costarricense (Racsa) y, recientemente, la gerencia de esa entidad intentó degradar sus condiciones de empleo por el pecado de aceptar reunirse con el presidente de la República para explicarle las tareas pendientes.
Avendaño terminó en Racsa cuando su principal y más importante proyecto estaba, a finales de la administración Chinchilla, al 95 % de desarrollo. Para deleite de muchos contratantes con el Estado interesados en mantener el statu quo, el gobierno de Solís descarriló el sistema de compras públicas promovido por la Unidad de Gobierno Digital encabezada por Avendaño y en este momento, pasados cuatro años, miles de millones en negocios públicos todavía se hacen sin la transparencia y los beneficios competitivos propios de los procesos digitales estandarizados.
En buena hora la Asamblea Legislativa decidió intervenir para asegurar los esfuerzos de modernización mediante la creación de una agencia de gobierno digital. La frondosidad del Estado costarricense, con su pléyade de instituciones, obliga a considerar con cautela y escepticismo la creación de otras nuevas, pero los beneficios cosechados hasta ahora y las necesidades todavía insatisfechas se unen a los altibajos políticos citados para acreditar la importancia de establecer la agencia con fuerza de ley.
Los jefes de las siete fracciones legislativas firmaron el proyecto impulsado por el diputado Wagner Jiménez para crear la Agencia Nacional de Gobierno Digital. Varios diputados independientes y los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación también respaldan la iniciativa. Tanto apoyo habla bien del Congreso y ojalá permita un trámite acelerado. La tecnología de la información evoluciona con demasiada rapidez para el paso habitual de los procesos de decisión en el país.
El programa quedaría adscrito al Poder Ejecutivo, pero rendirá servicios a las instituciones descentralizadas, municipalidades, otros poderes de la República y hasta podrá ofrecerlos en venta al sector privado. Su consejo directivo, integrado por el presidente de la República; los ministros de Ciencia y Tecnología, Hacienda y Planificación; el presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); y un representante del sector privado, operaría con independencia de las demás instituciones y nombraría a la secretaría técnica y al auditor interno.
La función primordial es desarrollar sistemas para simplificar trámites y ampliar el acceso a la información pública. El primer año contaría con un capital conformado por ¢100 millones y el 2 % del dinero acumulado en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). En adelante, se le asignará una partida del presupuesto nacional, además de los recursos generados por “la asesoría, implementación, administración, capacitación, gestión de tecnologías digitales o cualquier otro servicio que preste a otros organismos públicos”. Pero lo más relevante del proyecto de ley es la voluntad legislativa de asegurar a la digitalización del Estado la permanencia necesaria para que rinda sus frutos.
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En buena hora la Asamblea Legislativa decidió intervenir para asegurar la permanencia de los esfuerzos de digitalización mediante la creación de una agencia de gobierno digital
El programa quedará adscrito al Poder Ejecutivo, pero rendirá servicios a todo el sector público y hasta podrá ofrecerlos en venta al sector privado