OEA evalúa aplicar Carta Democrática por crisis en Nicaragua
→ Uso de esa vía de diálogo se planteó en sesión presidida por Costa Rica
Mecanismo usado para abrir vía de diálogo podría traer sanciones a gobierno de Ortega
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció ayer que evalúa proponer la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, debido a las denuncias contra el gobierno de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos y por ordenar la expulsión de grupos de expertos del organismo en ese país.
“Al comenzar el camino de la Carta Democrática se abre también un camino para que su gobierno reconsidere sus acciones, la Carta así lo prevé. Quisiera aferrarme a esa última esperanza, a la esperanza de que usted (al embajador nicaragüense) y su gobierno recuperen la dignidad revolucionaria”, manifestó Almagro en el cierre de una sesión extraordinaria efectuada en Washington.
La Carta Democrática es un mecanismo de diálogo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se utiliza cuando la democracia de un Estado miembro está en peligro, y que puede conducir a sanciones como la expulsión de ese país del organismo.
Su artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar al Consejo Permanente para evaluar la situación.
La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, también hizo un llamado a considerar la aplicación de la Carta Democrática contra Nicaragua con el propósito de hallar una salida a la crisis política y social de esa nación.
“La Comisión llama a los Estados Miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos y los actos de represión que hoy mantienen en una situación crítica el goce y ejercicio de las libertades y derechos de la población nicaragüense, así como a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, declaró Arosemena en su intervención.
La sesión extraordinaria surgió luego de que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaran un informe, el viernes anterior, en el que se reveló que en el país vecino se han registrado conductas que deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”.
Para investigar las denuncias, la CIDH conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (Meseni), que se desplazaron a ese país, pero que fueron expulsados por el gobierno nicaragüense el 19 de diciembre.
Además, la sesión se organiza apenas unos días después de que policías ingresaron violentamente al medio 100% Noticias para detener a su director, Miguel Mora y a la periodista tica-nica, Lucía Pineda Ubau. Posición tica. Durante su intervención, el representante alterno de Costa Rica, Antonio Alarcón Zamora, evitó referirse sobre si apoyaba o no la aplicación de la Carta Democrática.
No obstante, Alarcón reiteró el “total rechazo y repudio” a la expulsión de los mecanismos de la OEA y exhortó a los países miembros a levantar su más enérgica protesta por las violaciones crecientes a los derechos humanos en Nicaragua.
La intervención costarricense estuvo a cargo de Alarcón, ya que la embajadora tica ante ese foro, Montserrat Solano, presidió la sesión.
Pese a no referirse a la Carta Democrática, Solano destacó que el lenguaje diplomático de Costa Rica ha tomado un tono más fuerte debido a la escalada de violencia en Nicaragua, la cual hasta el momento ha cobrado la vida de 325 personas.
“Llegar a utilizar la palabra condena es bastante fuerte, ya no deplora ni lamenta. Eso es un elemento importante a considerar dentro del desarrollo del lenguaje que hace Costa Rica y que también, poco a poco, va haciendo la OEA.
“Sé que ese proceso puede ser frustrante para algunos países, pero es un proceso político que toma tiempo”, señaló Solano.
“De la sesión de hoy (ayer), lo importante es el mensaje de que la OEA es una organización que frente a lo que sucede en Nicaragua decidió reunirse y manifestarse, no se quedó callada”, dijo.
La sesión fue convocada y presidida por Costa Rica ante la solicitud de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.
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