Gobierno financia con deuda 73% de gasto en educación
Colocación de bonos aportó ¢1,9 billones este año
El pago de salarios a los docentes del MEP, la operación de los comedores escolares, las becas para estudiantes pobres, las mejoras en infraestructura educativa y los giros a las universidades públicas...
La mayoría de estos gastos fueron financiados por el Gobierno mediante endeudamiento durante el 2018.
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela que el país destinó este año ¢2,6 billones a la educación estatal, lo cual equivale al 7,7% del producto interno bruto (PIB).
De esa suma,¢700.000 millones (26,3%) se financiaron con ingresos corrientes, es decir, mediante recaudación de impuestos. Al restante 73,7% (¢1,9 billones) se le pudo hacer frente con deuda, principalmente con colocación de bonos del Estado.
La Contraloría incluyó estos detalles en uno de los tres informes que emitió, a mediados de diciembre, sobre los problemas estructurales que, a su criterio, deben atenderse para dar una verdadera solución a la crisis fiscal.
¿Es malo? Carlos Morales, asistente técnico del Área de Administración Financiera de la Contraloría, manifestó que endeudarse no representa un problema en sí mismo.
El problema, según Morales, es cuando el endeudamiento está ligado a partidas que crecen inercialmente como, por ejemplo, el gasto en educación que sube asociado a una variable macroeconómica (el PIB) y no al cumplimiento de objetivos. “(El endeudamiento) nos puede poner en una situación de poca sostenibilidad financiera y esto podría atentar contra el mismo destino”, explicó el funcionario.
“El Ministerio de Hacienda tiene dificultades para la colocación de bonos. Es de esperar que con la reforma fiscal, vuelva la confianza del consumidor de este tipo de bonos”, indicó. Cuando el Ministerio de Hacienda tiene aprietos para colocar bonos surge otro problema: cada vez debe ofrecer intereses más altos y plazos más cortos para conseguir inversionistas.
Tales dificultades para vender bonos ya han ocasionado que Hacienda deba atrasar el giro de recursos al Ministerio de Educación Pública (MEP) para los comedores escolares y para becas, por ejemplo.
Nuevos parámetros. La Contraloría aseveró en su informe que, más allá de cumplir con el porcentaje del 8% del PIB establecido en la Constitución Política para la educación pública, el Estado debería también entrar a considerar variables a la hora de girar dinero.
Sugirió, en ese sentido, tomar en cuenta el cambio demográfico del país, así como la calidad y eficiencia con que se ejecutan dichos fondos públicos.
En cuanto al aspecto demográfico, por ejemplo, el ente contralor señaló que, entre el 2007 y el 2017, la cantidad de niños matriculados en escuelas bajó de 513.805 alumnos a 443.291. No obstante, agregó, en ese mismo periodo el presupuesto del MEP casi se cuadruplicó al pasar de ¢676.659 millones a ¢2,6 billones (en 2018), al tiempo que la cantidad de docentes aumentó en 25.000.
La proyección para los próximos años es que la población escolar seguirá en descenso, producto de la baja en la tasa de fecundidad.
De hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que las personas de 0 a 14 años pasarán de representar el 22,2% de la población del país en 2018 al 20,5% en 2025. A pesar de que cada vez hay menos niños, la Contraloría estima que de mantenerse el actual tendencia en la asignación de dinero, el presupuesto del MEP alcanzaría los ¢5 billones para el 2030.
Indicó que lo anterior signifi-
caría una tasa media de crecimiento de un 6,4% durante el periodo 2020-2030 y un incremento anual del gasto de ¢228.952 millones en promedio.
“Estos datos muestran la imperiosa necesidad de que se revise a fondo y con detalle el gasto en educación pública, siendo necesario valorar la pertinencia de cada uno de los gastos en términos de eficiencia y calidad, y considerando tanto la dinámica demográfica como la situación de las finanzas públicas”, dice el informe.
Malos resultados. A pesar de que cada vez tiene menos estudiantes que atender, más profesores y mayor presupuesto, el MEP no ha logrado mejorar el desempeño de los alumnos.
El VI Informe del Estado de la Educación reveló que, de acuerdo con una serie de pruebas para evaluar conocimientos, los escolares ticos se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en áreas como Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias.
Además, en la última prueba
del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), realizada por OCDE en 2015, Costa Rica retrocedió en el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lectura, con respecto a las pruebas del 2012.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló, en su informe Revisión de Políticas Nacionales de Educación en Costa Rica, que el país invierte más en educación que los 35 países miembros de la organización, la cual incluye naciones como Finlandia o Alemania.
Pero la OCDE indicó que “esa inversión no se refleja en el desempeño de los estudiantes”.
De hecho, los resultados de las pruebas de bachillerato del 2018 ratificaron las deficiencias en la calidad de la educación.
De los 36.100 estudiantes que realizaron los exámenes, solo 9.025 (el 25%) lograron pasar sin necesitar el porcentaje adicional de nota de presentación que dio el MEP, ni los puntos extra que la institución otorgó para elevar la promoción.
Esperanza. Ivannia García, jefa de despacho del Ministerio de Planificación (Mideplán), se manifestó confiada en que una serie de iniciativas permitirán generar recursos frescos para financiar las necesidades estatales con más ingresos corrientes y menos endeudamiento.
Citó, entre ellas, la aprobación de la reforma fiscal y otras medidas para mejorar la contribución como la factura electrónica, la ley contra el fraude y para combatir la evasión.
“Estas medidas que se han venido tomando van a hacer que la carga tributaria aumente y con el tiempo vamos a ir teniendo ingresos sanos y vamos a ir reduciendo el porcentaje del presupuesto que se destina vía endeudamiento”, indicó.
Según García, lo que sigue es mejorar la calidad del gasto que, según dijo, fue contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.
“(En el plan) está aumentar el promedio de las pruebas PISA, la capacitación de los docentes, aumentar la calidad y cobertura de inglés y mejoras en Matemáticas”, sostuvo.
Pero García sostuvo que eso no es lo único, pues también se pueden hacer reformas administrativas en el MEP.