Cirugía a los 20 años
Hace 20 años, la creación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) llevó a soñar con carreteras de primer mundo, financiadas con un impuesto a los combustibles que generaría más de ¢100.000 millones al año.
Nacía como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para mantener en perfecto estado las vías y construir obras por medio de contratos.
Dos décadas después, el Conavi ha cumplido a medias y a un altísimo costo.
Ejemplos. Hace casi un año, el 29 de marzo del 2018, el Conavi suspendió el cobro automático en los peajes de Cartago y Limón “por tres meses” mientras contrataba un nuevo proveedor. Esta es la hora que sigue el proceso de contratación y el congestionamiento es cosa de todos los días. Hay pérdida de tiempo para los automovilistas y mayor gasto en combustible.
El Conavi se ha distinguido por ser un pésimo contratista. Su hito fue la trocha fronteriza 1856, donde la corrupción campeó en todas sus formas y el país perdió muchos de los ¢20.000 millones que destinó. Ni se diga de las pifias en el puente de “la platina”, donde los remiendos se llevaron millones en contratos con constructoras y en tiempo perdido en presas.
Pero la pifia mayor ha sido en la vía de 2 km de acceso al megapuerto de Moín, donde la conexión con la terminal se les “corrió” 80 metros, arreglo que costó $14 millones.
En la construcción de la carretera a San Carlos, en obras hace 13 años, Conavi ha fallado en la rigurosidad de la construcción, al punto de tener que llegar a romper el contrato con Sánchez Carvajal porque ya el dinero se agotó y la obra quedó al 60 %.
En el asfaltado de los 17 km a Monteverde, lo mismo: Grupo Orosi agotó el tiempo del contrato y llegó solo al 22 %, pese a promesas de cuatro ministros de cumplir ese sueño.
Conavi, en sus propósitos de año nuevo, debe someterse a autorrevisión. Admitir que es pésimo contratista y evaluar por qué la pifia tanto con el dinero de los impuestos y de los millonarios créditos.
20 años después, también, es necesario que los diputados revisen si el Consejo cumple sus propósitos y, si no, cortar de raíz lo que lo hace tan incapaz como contratista.
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