MEP destierra a docentes acusados de abuso sexual
Ministerio elimina práctica de reubicar posibles agresores durante investigación Casos son por hostigamiento, pornografía y relaciones de pareja con alumnos
Ya no estarán en las aulas, oficinas, bibliotecas y direcciones regionales. El MEP apartará de inmediato a los docentes que sean denunciados por violación, abuso o acoso sexual, relaciones impropias y distribución de pornografía, entre otros.
Esos funcionarios serán suspendidos cuando la víctima presente la denuncia, y mantendrán su salario siempre y cuando no sean detenidos por las autoridades.
Antes eran sacados de las aulas, pero reubicados para otras labores con el riesgo de que surgiera una nueva víctima dentro del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Ante esta situación, el ministro del ramo, Édgar Mora, instruyó a finales del año pasado a la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP para que deje la práctica de reubicarlos y los suspenda de inmediato. Esta unidad es la que hace la investigación de los casos,
La medida entró en vigencia este año y ya hay un empleado de las oficinas centrales suspendido por acoso sexual a tres compañeras.
“El problema de reubicar a alguien (por faltas de connotación sexual) es que el sistema se hacía cargo de perpetuar las probabilidades de que algún niño o niña fuera violentado, a través de un artilugio legal y administrativo que era retirarlo de la escena donde se le había cuestionado, pero llevarlo a otra escena donde hay personas reales, posibles víctimas”, explicó el ministro.
En 2018, el MEP recibió 199 denuncias principalmente de alumnas contra sus profesores (hombres) por faltas de índole sexual, sobre todo en colegios.
De esas, 128 fueron por hostigamiento; 37 por abuso sexual, 14 por relaciones impropias y 20 por faltas de connotación sexual, como pornografía infantil.
El año pasado, de los 150 casos que se tramitaban (algunos del 2017), 29 terminaron en despido y 55 en suspensión sin goce de salario.
Hay 66 casos que desembocaron en una absolutoria, archivo o procedimiento suspendido, no necesariamente porque el acusado no cometiera la falta si no porque la víctima desistió del caso por lo engorroso que era el proceso, detalló Dahiana Chacón de la Unidad de Procedimientos Especiales.
Solo por hostigamiento y abuso sexual, 415 funcionarios, en su mayoría docentes, fueron denunciados por estudiantes entre 2016 y 2018.
De esos, 151 (36%) fueron suspendidos sin goce de salario o despedidos, según estadísticas del MEP. En el resto, el caso se archivó, al funcionario se le amonestó o se le absolvió. Las denuncias son, en su mayoría, en contra de hombres (406) y las víctimas son en su mayoría alumnas (400).
El hostigamiento ocurre más en colegios y el abuso sexual en escuelas, según las estadísticas del MEP.
En Servicio Civil. Un nuevo criterio de Tribunal del Servicio Civil estableció que ya no se iba a volver a hacer la investigación desde cero, para ratificar o no la decisión del MEP de despedir, suspender o amonestar a un funcionario acusado de violación, abuso, acoso sexual y otra conducta sexual.
Ahora, lo hará con base en el expediente de la investigación que ya hizo el MEP.
Antes, cuando una alumna presentaba una denuncia de índole sexual contra un docente, primero se hacía la investigación en la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP, que duraba alrededor de 3 meses, la cual requería de una permanente participación de la víctima, quien era obligada a relatar varias veces lo ocurrido en distintas fases y a presentar testigos.
Tras la investigación y las pruebas, el MEP solicitaba, por ejemplo, el despido del funcionario. Si el empleado era interino, se le despedía de inmediato; pero, si estaba en propiedad, el caso se traslada al Tribunal del Servicio Civil.
Esta instancia empezaba desde cero, una nueva investigación, que duraba más de seis meses, la cual también requería de la declaración de la persona afectada. Ella tenía que trasladarse a declarar con todo y testigos desde cualquier parte del país, hasta San Francisco de Dos Ríos, en San José, sede del tribunal.
Muchas veces, las víctimas desistían de hacerlo por falta de dinero o porque ya habían salido del sistema educativo, entonces, el caso terminaba en absolutoria, archivo o suspendido y el sospechoso regresaba a su lugar de trabajo. Todo ello aún y cuando el MEP hubiera recomendado el despido del funcionario y tenía pruebas contra el servidor.
“Tenemos casos donde la víctima vivía en una zona limítrofe, y eran convocadas, con todo y testigos, a las 8 a. m. a declarar en San José. Tenía que venirse la noche anterior, buscar hospedaje, pagar alimentación y muchas desistían de ese proceso por la falta de recursos, lo dejaban así. Pero ahora, (con la decisión del Tribinal del Servicio Civil) evitamos la revictimización, se cumple con el principio de celeridad y se reducen los plazos para que las víctimas vean resultados”, manifestó Dahiana Chacón.
Agregó que la mayoría de los funcionarios acusados por abuso o acoso sexual, son representados por abogados de los sindicatos de educación.