Gobierno forzado a pagar pensiones de lujo sin recibir una sola cuota
››Ejecutivo carga costo de jubilaciones al Presupuesto Nacional porque CCSS se niega a entregar el monto de los aportes que recibió
Jubilados favorecidos
Cambiarse de sistema les permite retiro con 60 años y evadir tope
Ley abre vía a beneficio
Portillo cobija a quienes laboraron con Estado desde antes de 1992
Contribuyentes pagan
Caja rehúsa dar cuotas recibidas; costo se carga al Presupuesto
El Gobierno y los contribuyentes se ven obligados a pagar miles de pensiones de lujo sin recibir ni una sola de las cuotas que los beneficiarios aportaron durante su vida laboral para la jubilación.
¿A qué se debe esta situación?
Estos pensionados son exfuncionarios públicos que entraron a trabajar al Estado antes de 1992, año en que la Asamblea Legislativa cerró los antiguos regímenes de pensiones del Poder Ejecutivo, debido al enorme déficit que estos acumulaban a causa de las ventajas que ofrecían.
Tal es el caso de los sistemas de los exdiputados, de Hacienda, Obras Públicas, Ferrocarriles, Guardia Civil, expresidentes de la República y excombatientes.
Luego del cierre de esos regímenes, hace 27 años, estos empleados siguieron laborando para el sector público y sus cotizaciones se dirigieron al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, a la hora de jubilarse, reclamaron el derecho de hacerlo con las condiciones de algunos de los antiguos regímenes porque la ley dejó el portillo abierto para quienes ingresaron a laborar antes de 1992 y le cargó el costo al Gobierno, en lo que se conoce como las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, administradas por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).
Negativa a dar dinero. Ante la ausencia de un fondo para pagar estas pensiones, la DNP le ha solicitado al IVM que le traslade el monto de las cuotas que estos funcionarios aportaron al régimen del Seguro Social durante su vida laboral.
Sin embargo, el régimen de la CCSS, que tampoco se encuentra en buenas condiciones financieras, no entrega el dinero.
Debido a lo anterior, el Gobierno se ha visto obligado a reconocerles a los beneficiarios las cuotas que entregaron al IVM y a cobrarles, en “cómodos pagos”, los aportes que les falten para acogerse a una pensión superior al tope de ¢1,6 millones fijado para la Caja y a una edad de 60 años, en vez de 65.
En otras palabras, los contribuyentes terminan pagando con sus impuestos la mayor parte de estas jubilaciones.
La CCSC alega que no existe ninguna ley o reglamento que la obligue a girar esos fondos al Poder Ejecutivo y que tampoco la cobija el artículo 29 de la Ley Marco del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (7.302).
Dicho apartado establece que, cuando un cotizante se cambia a un régimen a cargo del Gobierno, la persona puede solicitar el traslado de las cuotas que ya había pagado a cualquier otro “régimen de pensiones del Estado”.
“Este no es un régimen de pensiones del Estado, sino más bien un régimen de pensiones de la Seguridad Social que está a cargo de una institución autónoma”, adujo la Caja mediante la oficina de prensa, tras una consulta de La Nación.
Esa fue la misma respuesta que la institución le dio a la DNP, del Ministerio de Trabajo, cuando esta última le pidió trasladar las cuotas de un cotizante, en noviembre del 2016.
Tal respuesta no satisfizo al actual jerarca de esa dependencia, Luis Paulino Mora, quien en mayo del año pasado envió a la Procuraduría General de la República una consulta para esclarecer los alcances del artículo 29 de la ley 7.302.
A criterio de Mora, el IVM sí es un régimen del Estado y, por lo tanto, las cuotas se deben depositar en las arcas del Ministerio de Hacienda.
“Con esa interpretación, no han venido pagando, pero si usted me pregunta qué es lo que yo considero, es que el espíritu de la norma era que esas cuotas fueran trasladadas al fondo con el que se va a pensionar el funcionario”, expresó Mora.
Nueve meses después, la Procuraduría todavía no resuelve la consulta hecha por el director de Pensiones y, según informó la oficina de prensa de esa entidad, la gestión “se encuentra en trámite”.
Disparidad. El diferendo entre la DNP y la CCSS ha generado una disparidad entre quienes reciben una pensión cubierta bajo alguno de los 14 regímenes con cargo al Presupuesto y la cantidad de personas que cotizaron para ellos, a lo largo de su vida.
Por ejemplo, al cierre del 2018 había 61.352 jubilados y solo 258 cotizantes, es decir, que por cada cotizante activo, el Estado pagaba 238 pensiones.
Dichas jubilaciones se comerán el 9,7% del Presupuesto Nacional del 2019, o sea, ¢1.060.437 millones, y solo el 8% de esa suma proviene de las cotizaciones que hacen los trabajadores activos y los mismos pensionados. El resto del dinero sale de los impuestos.
Tales pensiones se consideran de lujo porque los beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibirlas y se pensionaron con condiciones más favorables.