Fiscalía pide sacar casos de corrupción de Goicoechea
Objeta tardanza de debates y costo de trasladar a las partes
El Ministerio Público se pronunció a favor de que la Corte Suprema de Justicia saque los juicios por corrupción de los Tribunales de Goicoechea y los distribuya en el país.
Con dicha idea coincidieron la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, y el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), Carlos Meléndez Sequeira, en entrevistas por separado.
Ambos consideran que el modelo de concentrar el trámite de todos los delitos contra la función pública en el Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, se agotó y es necesario que vuelvan a la jurisdicción en donde ocurre cada hecho.
“Se acusan casos de corrupción y a juicio no llegan con la celeridad esperada (...), con el riesgo de que los testigos no sean ubicables, que olviden los hechos o que haya personas que pierdan interés y que los asuntos prescriban”, dijo Navas.
En tanto, Meléndez aseguró: “En todo el Poder Judicial no hemos sido eficientes en la celeridad de los casos de corrupción. Tenemos que apostar a cambiar el modelo. No vamos a seguir haciendo lo mismo, sino que hay que ser más eficientes”. Hace 16 años.
La decisión de centralizar los expedientes de corrupción en el Tribunal Penal de Hacienda, cuya sede está en Goicoechea, se tomó en mayo del 2003.
Sin embargo, ya en el año 2014, los estudiantes de Derecho, Gustavo Carrillo Ugalde y Diego Rodríguez Muñoz, en su tesis de graduación de la Universidad de Costa Rica (UCR), revelaron fallas en el sistema.
Entre otros aspectos, señalaron que al analizar 63 expedientes tramitados durante el 2010, se encontró que el 46% de los asuntos provenía de zonas rurales y que los cantones que más casos generaban eran Corredores, Cañas, Liberia, San Ramón y Osa.
El estudio, además, reveló que en el 71% de los expedientes se tardó cinco o más años, desde el inicio de la sumaria, hasta que llegaron a juicio.
Como un ejemplo de las incongruencias, los ahora abogados expusieron un caso de abuso de autoridad ocurrido en el 2005 en isla Chira y que fue juzgado hasta el 2010.
En ese incidente, se acusó a un policía por agredir a un hombre mientras ingería licor en vía pública. Tanto el ofendido como los testigos y el imputado debieron trasladarse desde Chira hasta Goicoechea para el debate, porque así lo establece la legislación.
La lentitud en el trámite de los casos, revelada por Carrillo y Rodríguez, aún subsiste. Un ejemplo: durante el año anterior, se juzgó a 29 personas por un supuesto festín con tierras del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), ocurrido entre 1994 y 1998, y que fue denunciado en el 2005. El asunto estuvo en tribunales durante13 años.
Los imputados eran vecinos de Orotina, Garabito y San Mateo; y debieron asistir al juicio que duró siete meses y que se realizó en Goicoechea. Al final, todos fueron absueltos. Costoso.
Carlos Meléndez dijo que ese modelo de concentración “no es eficiente en el tratamiento de los casos y crea una serie de dificultades a las partes que tienen que trasladarse desde fuera de la Gran Área Metropolitana. Hay personas con dificultades económicas que tienen que pedir ayuda al Poder Judicial, es decir, tiene impacto a nivel presupuestario”.
En la actualidad, según datos proporcionados por la Fapta, se manejan 436 causas activas, de las cuales 60 ya fueron acusadas.
En cuanto a asuntos por corrupción y que están en la Fiscalía General, pues figuran miembros de los Supremos Poderes (tienen inmunidad), hay 46 expedientes.
Allí también se manejan otros 57 asuntos en los que hay funcionarios que dejaron de tener ese privilegio constitucional.
Meléndez explicó que, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía General, llevan los asuntos por separado, aunque advirtió de que cuando en algún tema hay un funcionario con fuero especial y particulares, se tramitan de forma conjunta.
Asimismo, aclaró que la Fapta trabaja sin ningún tipo de injerencia de Emilia Navas.
“La fiscala general lo que hace es emitir políticas de persecución penal generales y la Fiscalía Anticorrupción se concentra en las investigaciones (...). Existe total independencia de la Fiscalía Anticorrupción y, si ella pide un informe administrativo, se le suministra, por ejemplo, cuántos casos se llevan”, concluyó Meléndez.