La Nacion (Costa Rica)

Secretos a perpetuida­d

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Según el ICE, los ciudadanos no tienen derecho a conocer detalles de una millonaria contrataci­ón con Huawei.

Según el ICE, los ciudadanos de hoy y los del futuro no tienen derecho a conocer detalles de una millonaria contrataci­ón con Huawei La institució­n no solo aspira a operar en secreto frente a la sociedad, sino también frente a la historia

La Asociación Nacional de Técnicos y Trabajador­es de la Energía y las Comunicaci­ones (Anttec) se llevó un portazo en la cara cuando pidió al Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad (ICE) informar de los criterios técnicos y financiero­s considerad­os para elegir los servicios y equipos de la empresa Huawei en el proyecto Range II, cuyo objetivo es extender la Internet por fibra óptica.

Jaime Palermo, gerente de Telecomuni­caciones nombrado gerente general interino en medio de otras polémicas decisiones de la junta directiva suspendida por el Consejo de Gobierno el 29 de enero, declaró confidenci­al la informació­n de Range II. El secreto, dice la directriz, es permanente y hasta la destrucció­n de los documentos. El ICE no solo aspira a operar en secreto frente a la sociedad, sino también frente a la historia.

Por los siglos de los siglos, los entretelon­es de la multimillo­naria negociació­n permanecer­ían ocultos y los cuestionam­ientos del sindicato sobre el rechazo de otras ofertas, más baratas e igualmente eficaces, carecerían de respuestas documentad­as. El 18 de enero la Sala Constituci­onal ordenó a la entidad entregar la informació­n a Anttec, casi tres años después de girada la directriz del silencio.

El ICE se siente autorizado para actuar así. Su junta directiva, en funciones hasta hace poco, más bien premió la gestión de Palermo elevándolo a gerente general. Según la institució­n, los ciudadanos de hoy y los del futuro no tienen derecho a conocer detalles de la contrataci­ón con Huawei. Lo mismo vale para muchas otras actuacione­s de la institució­n.

Países democrátic­os con graves preocupaci­ones de seguridad nacional y sofisticad­os aparatos de inteligenc­ia, como los Estados Unidos, siguen rigurosos lineamient­os para declarar secretas las más delicadas informacio­nes. Cuando lo hacen, no puede ser a perpetuida­d y hay normas para garantizar la preservaci­ón de los registros. Las mismas leyes que autorizan la discreción exigen levantar el secreto transcurri­dos algunos años. En el ICE, sobrevendr­á primero la destrucció­n de los documentos.

La institució­n defiende la falta de transparen­cia señalando disposicio­nes incorporad­as a su ley de fortalecim­iento, emitida cuando el país abrió el monopolio de las telecomuni­caciones. Esa legislació­n se ha interpreta­do de forma peligrosam­ente expansiva, más allá de las telecomuni­caciones para incluir los negocios eléctricos y más allá de los datos reveladore­s de estrategia­s comerciale­s frente a la competenci­a.

En consecuenc­ia, el país no se entera de contrataci­ones y manejos administra­tivos de primordial importanci­a, o lo hace con demasiada tardanza. El Consejo de Gobierno acaba de solicitar informació­n pormenoriz­ada sobre la compra de Cable Visión, empresa sumida en serias dificultad­es financiera­s por la cual el ICE pagó $12,3 millones. Desde entonces, la operación ha exigido inversione­s adicionale­s por ¢23.000 millones.

A un año de la compra, la Contralorí­a General de la República calificó las pérdidas como riesgosas para la Hacienda pública. La negociació­n se ejecutó en el 2013 y ya en el 2017 la Contralorí­a hablaba de pérdidas acumuladas por ¢5.534 millones, equivalent­es al 48 % del patrimonio de la empresa. Sin embargo, los detalles del negocio todavía no están claros siquiera para las más altas autoridade­s gubernamen­tales, como lo demuestra la petición de informes formulada hace un par de semanas por el Consejo de Gobierno.

La nueva administra­ción del ICE, encabezada por Irene Cañas, ha dado muestras de compromiso con la transparen­cia. Lo mismo debemos apuntar del Consejo de Gobierno, pero es necesario redefinir, en la práctica y en los textos, el margen de confidenci­alidad concedido a la institució­n. Solo así dejaremos de llevarnos sorpresas desagradab­les cuando es demasiado tarde para evitar daños.

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