Trump, fabricante de crisis
Los republicanos sensatos, que aún queden, deberían poner freno al presidente.
El pasado jueves 14, Día de San Valentín, Donald Trump recibió un amargo regalo: la peor y más humillante derrota política en poco más de dos años en la presidencia. La Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, y el Senado, controlado por los republicanos, rechazaron su exigencia de $5.700 millones para construir un muro en la frontera con México y apenas autorizaron menos de la tercera parte de esos fondos. De ese modo, desconocieron su amenaza de cerrar, de nuevo, parte de las operaciones de la Administración si no cumplían su capricho.
Enfrentado a la alternativa de rechazar el acuerdo y forzar un nuevo cierre, o poner su firma al acuerdo y convertirlo en ley, Trump optó por lo último. Fue un acto de realismo político. Sin embargo, apenas duró unas pocas horas. Al día siguiente, en un nuevo despliegue de inmadurez, prepotencia y arbitrariedad, declaró una inexistente “emergencia nacional” en la frontera y ordenó canalizar hacia el levantamiento del muro $3.600 millones destinados a construcciones militares, $2.500 millones para programas antinarcóticos y $600 millones de un fondo especial del Departamento del Tesoro (Hacienda).
De ese modo, desconoció la autoridad del Congreso para determinar el presupuesto federal, abrió una confrontación entre los poderes legislativo y ejecutivo, y desató una crisis constitucional de muy graves consecuencias, que están comenzando a manifestarse. El lunes 18 una coalición de 16 estados de la Unión lo desafió ante una Corte Federal de San Francisco; además, organizaciones no gubernamentales han seguido la misma ruta en otros tribunales. El viernes 22 la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que el martes pondrá a votación un proyecto para frenar la declaratoria. Su aprobación es segura y obligará a la mayoría republicana en el Senado a optar entre rechazarlo y contradecir el principio de separación de poderes, o aprobarlo y obligar al veto de Trump, cosa que este ha declarado será “segura”. Probablemente suceda esto último.
Como resultado inmediato de las acciones judiciales, la decisión presidencial quedará paralizada por tiempo indefinido, el cual podría ser muy largo. El eventual veto, por su parte, podría distanciar a Trump, aún más, de sectores y votantes republicanos moderados, quienes no solo ven con creciente preocupación la arremetida de arbitrariedad de un presidente ante el cual se habían rendido, sino que también están inquietos sobre el impacto que todo esto podría tener en las elecciones del 2020: según una reciente encuesta divulgada por Fox News, el 56 % de los electores y el 20 % de quienes se declaran republicanos rechazan el muro.
A lo anterior se suma que, lejos de incrementarse, el paso de indocumentados desde México hacia Estados Unidos ha decrecido sistemáticamente desde hace años; asimismo, ha demostrado que la mayoría de las drogas ilegales ingresan ocultas por puertos, aeropuertos y puestos fronterizos oficiales, no por pasos clandestinos. Es decir, el gran problema no es la falta de un muro, sino los malos controles generales y una estrategia fallida frente al consumo y tráfico de drogas.
En una conferencia de prensa de 50 minutos, plagada de incoherencias, durante la que anunció su emergencia, Trump declaró abiertamente: “No necesitaba hacer esto, pero prefiero hacerlo mucho más rápido” y reiteró: “Simplemente quiero hacerlo más rápidamente, eso es todo”. También dijo estar consciente de que vendrían reclamos judiciales, pero que al final “ganaría” en la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora.
Es decir, sabía que se desataría una crisis político-constitucional y, aunque no lo dijo, sin duda entiende que la “rapidez” de la arbitrariedad se convertirá en lentitud sobre el terreno. ¿Por qué, entonces, actuó de esa manera? Simple —y desgraciadamente— porque el hábitat natural de Trump son las crisis, no la normalidad de los procesos democráticos, la solidez de las alianzas o el potencial de los acuerdos internacionales multilaterales.
Podría decirse, sin temor a la exageración, que su declaratoria de emergencia ha sido dolosa. Es una razón de más para rechazarla, y debería serlo para que los republicanos que no han perdido del todo la rectitud moral ante un presidente que no da muestras de ella, se decidan a frenarlo, por el bien de la República, de la democracia estadounidense y de la estabilidad internacional.
Su arbitraria declaración de emergencia fue irresponsable y dolosa
Los republicanos sensatos, que aún queden, deberían poner freno al presidente