La Nacion (Costa Rica)

Promesas rotas

- Agonzalez@nacion.com

TSergio Ramírez ras la debacle sufrida en El Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en las elecciones presidenci­ales, los 14 comandante­s históricos que forman la cúpula suprema del partido anunciaron su jubilación a través de Medardo González, secretario general, asumiendo “la responsabi­lidad de los resultados electorale­s”.

No sé cuán inadvertid­a ha pasado esta noticia, toda una novedad en un partido que por su autoprocla­mada naturaleza revolucion­aria está en la lista de aquellos quienes conceden a sus dirigentes históricos, probados en las nostálgica­s lucha de antaño, el privilegio de la inamovilid­ad. Sorprenden­te porque es lo que ocurre en las formacione­s políticas modernas, sobre todo en Europa, donde los derrotados renuncian por regla y se van para sus casas.

El Frente Farabundo Martí y el Frente Sandinista de Nicaragua se prestaron auxilios mutuos en los años de la lucha guerriller­a. Ambos estuvieron divididos en tendencias y ambos alcanzaron la unidad política tras difíciles procesos de concertaci­ón; y después del triunfo de 1979, el sandinismo se lo jugó todo de cara a Estados Unidos para apoyar con pertrechos de guerra y santuarios de retaguardi­a a la organizaci­ón salvadoreñ­a en armas.

La razón que la administra­ción Reagan alegó siem- pre, para financiar a los contras que trataban de derrocar al gobierno sandinista, fue que solo pretendía interrumpi­r las líneas de apoyo logístico que iban desde Nicaragua hacia la insurgenci­a en El Salvador, y la primera advertenci­a de Washington, en 1980, fue que si ese apoyo cesaba, la revolución nicaragüen­se sería dejada en paz.

El respaldo continuó por una década, a un costo desmesurad­o, pues la guerra de los contras devastó a Nicaragua; y lejos de un triunfo militar, lo que el FMLN consiguió fue un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, del partido Arena, firmado en México en 1992, lo cual le permitió convertirs­e en una fuerza política legal a cambio del abandono de las armas.

Tenso equilibrio político. Desde entonces se creó en El Salvador un tenso equilibrio político entre dos partidos, Arena a la derecha y el FMLN a la izquierda, el cual duró cerca de 30 años, al viejo estilo tradiciona­l latinoamer­icano donde el escenario se solía dividir entre dos fuerzas históricas de signo contrario alternándo­se en el poder. Hasta que, como en otros países, llegó la hora de las terceras fuerzas, con el triunfo aplastante de Nayib Bukele.

El FMLN consiguió, primero, ganar gobiernos municipale­s y escaños en la Asamblea Nacional, hasta alcanzar un caudal de votos suficiente­s para emparejar a Arena como fuerza parlamenta­ria y después conquistar la presidenci­a, la primera vez en el 2009 con Mauricio Funes, candidato de convenienc­ia ajeno a las lides guerriller­as, y, luego, en el 2014 con uno de sus fundadores, el comandante Salvador Sánchez Cerén.

Una guerrilla que llevó adelante una lucha sacrificad­a de años, que vivió los riesgos de la clandestin­idad, el peligro y las privacione­s y los riesgos del combate en el que tantos cayeron, al convertirs­e en partido político y alcanzar el poder despierta inmensas esperanzas, sobre todo, entre los más humildes.

Confían en que se cumplan las promesas heroicas de un mundo distinto que marcaron los años de combate. Esperan un cambio a fondo de la sociedad. Esperan justicia social. Sobre todo, esperan un comportami­ento nuevo, diferente, una forma de hacer política alejada de las viejas trampas, de la demagogia endémica, de las promesas falsas. Esperan que aquella izquierda, cuyo discurso desde las trincheras proclamaba el desprecio a los bienes materiales, restaure la ética.

Cuando no es así, las decepcione­s se van acumulando y el caudal de votos conquistad­o por las ilusiones va disminuyen­do.

Si quienes votan esperanzad­os en un cambio de rumbo advierten que quienes se han comprometi­do a cerrar los abismos de pobreza, resolver con políticas integrales la violencia de las pandillas y acabar con la corrupción olvidan lo que ofrecieron, y todo sigue siendo lo mismo que antes, dejarán de creer y harán lo que ha sucedido: castigar masivament­e al partido de las promesas rotas.

Nueva apuesta. ¿Cómo es posible que un partido que se presenta como la encarnació­n de la guerrilla que se sacrificó por la causa de los pobres ampare un presidente suyo, acusado de corrupción y lavado de dinero?, es una de tantas preguntas dolidas de quienes han dejado de votar por el FMLN.

Funes, reclamado por la justicia salvadoreñ­a, se encuentra prófugo en Nicaragua, donde ha recibido asilo político del gobierno de Daniel Ortega, sin que Sánchez Cerén haya reclamado su extradició­n.

No es de extrañar, entonces, que centenares de miles de viejos simpatizan­tes del FMLN desertaran para ir a votar por Bukele, expulsado antes de las filas del partido por contradeci­r la línea ortodoxa, y que siendo tan joven haya atraído el voto de los jóvenes.

La renuncia de la cúpula histórica abre esperanzas, pero también interrogan­tes. La primera pregunta es si habrá de verdad una nueva dirigencia del FMLN renovada, abierta al libre debate de las ideas y a la pluralidad interna de opiniones; o si se trata solo de instalar otras caras viejas que vengan a representa­r lo mismo, el rígido anillo de poder partidario que protege el pensamient­o vertical y único.

Apenas en el 2015, el congreso del partido estableció oficialmen­te que “un elemento esencial del fortalecim­iento ideológico y político del FMLN es erradicar de sus filas cualquier vestigio de la ideas reformista­s, derrotista­s y claudicant­es”, contrarias “a los principios históricos de la izquierda”.

Entre quienes ahora hacen mutis, una de las altas dirigentes dijo, tras conocerse los resultados electorale­s: “Nosotros somos más que votos”.

Esa no es sino la vieja idea de la vanguardia, situada por encima de la voluntad popular, y sigue teniendo la razón eterna aunque pierda. Con concepcion­es así, no hay renovación posible. Por eso, el FMLN solo sobrevivir­á si quienes asumen las riendas abren puertas y ventanas y dejan entrar la luz y el aire. uando surge el tema del cumplimien­to tributario de las cooperativ­as, los defensores de las exoneracio­nes vigentes sacan a relucir imágenes bucólicas, de pequeños productore­s unidos para sacar adelante sus actividade­s, casi siempre agrícolas. Recienteme­nte, el presidente, Carlos Alvarado, echó mano del mismo recurso para defender el cobro diferencia­do de tributos.

El ejemplo citado por el mandatario no fue el de las grandes cooperativ­as, con importante­s productore­s entre sus socios, sino el de 12 mujeres dedicadas a la autogestió­n. Pero esas mujeres no son blanco de las iniciativa­s planteadas al Congreso para imponer tributos a las cooperativ­as. Las 12 estarían exentas porque difícilmen­te alcanzaría­n los ¢250 millones de ganancias.

En esencia, el planteamie­nto del mandatario es correcto. Las pequeñas cooperativ­as, productora­s de diversos bienes y servicios, merecen una exoneració­n fiscal para facilitar su crecimient­o. Lo desafortun­ado es el ejemplo porque detrás de las 12 mujeres o el campesino doblado sobre el surco se esconden negocios mayores, totalmente legítimos, mas no por eso merecedore­s de exenciones.

Las cooperativ­as de hoy distan de las imágenes invocadas para defender su ausencia de la nómina de contribuye­ntes. Según el IV Censo Nacional Cooperativ­o del Instituto Nacional de Fomento Cooperativ­o (Infocoop), fechado en el 2013, las cooperativ­as de ahorro y crédito y las de seguros gozaban de un patrimonio de ¢290.179 millones, pero las agrícolas habían perdido terreno y solo contaban con ¢23.000 millones. En otras palabras, buena parte del cooperativ­ismo lo constituye­n empresas financiera­s que compiten con ventaja en el mercado.

Pero una buena proporción del patrimonio de las cooperativ­as agrícolas pertenece a los gigantes del sector, algunos con negocios transnacio­nales. La resta de ese patrimonio revelará las modestas dimensione­s del cooperativ­ismo invocado para defender la exención de impuestos a favor de grandes empresas.

Hay otros datos reveladore­s de la naturaleza del cooperativ­ismo actual. En el 2017, las cooperativ­as agrícolas apenas recibieron el 0,18 % de los recursos prestados por el Infocoop. Las agroindust­riales, en cuya nómina figuran varias de las empresas más grandes del país, obtuvieron el 37,5 % de la cartera y las de servicios gozaron del 24,5 %.

Los emprendimi­entos modestos, necesitado­s de apoyo, merecen estímulos fiscales, pero no deben servir de mampara para ocultar injustific­ables privilegio­s.

Las decepcione­s se van acumulando y el caudal de votos conquistad­o disminuye

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